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miércoles, 19 de agosto de 2015

Los PGE 2016 se basan en un escenario económico de recuperación ficticia

UGT considera que el escenario macroeconómico con el que el Gobierno ha diseñado los Presupuestos Generales del Estado para 2016, y que hoy ha avalado en el Congreso el Gobernador del Banco de España, tiene un marcado carácter electoral y se sustenta en una recuperación económica ficticia que, según diferentes previsiones, irá desinflándose en el futuro. Es, además, un escenario alejado de la realidad que viven los ciudadanos de nuestros país, que exige la reactivación del consumo de las familias, la recuperación de los niveles de renta perdidos durante la crisis, la creación de empleo de calidad, y establecer condiciones para evolucionar hacia un sistema productivo que haga nuestra economía más competitiva y más sostenible.

El escenario macroeconómico que presentaba el Gobierno el pasado 10 de julio, en el que se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se sustenta en una recuperación económica ficticia que, según diferentes previsiones, irá desinflándose en el futuro.

Para que el objetivo de déficit de 2016 sea alcanzable, se tiene que producir el objetivo de déficit de 2015, y a la luz de la evolución de la ejecución de ingresos de 2015, esa realidad no está garantizada: en 2015 se presupuestó un incremento de ingresos por impuestos directos y cotizaciones sociales de 3,9%. En el ámbito del Estado, el avance de liquidación de los ingresos por impuestos directos se sitúa un 5% por debajo de lo presupuestado. Resulta un poco difícil creer en un incremento para 2016 de un 6,8% en los impuestos directos, que además si se calculan sobre el presupuesto del 2015 suponen un 1,5%.

Junto a las permanentes bajadas de impuestos, que desequilibran cada vez más el sistema tributario, la principal "medida" de lucha contra el fraude parece ser la publicación de obligados tributarios morosos, tratando de hacer confundir las situaciones económicas de dificultad con la evasión fiscal.

Desde UGT advertimos de la preocupación que nos genera el hecho de que el Ejecutivo trate de vender un escenario futuro increíble, muy lejos de la realidad que viven los ciudadanos y los trabajadores en nuestro país, y porque sobre este escenario se diseña toda la política económica de un Gobierno para un año en el que otro Gobierno será el Ejecutivo.

Pero lejos de rectificar, se mantiene en su posición, ignorando la actual situación de España, amenazada por la nube de la crisis griega, las fuertes incertidumbres sobre la unidad europea y la aún débil demanda de consumo en España por la caída de las rentas.

El sindicato apuesta por una reforma integral de la fiscalidad, con un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria, donde las rentas del trabajo y del capital tengan el mismo tratamiento, con una acción decidida contra el fraude fiscal, y que sirva para poner las bases de un nuevo sistema productivo, ya que nos encaminamos hacia un sistema basado en bajos costes laborales en el que prima el empleo precario, temporal y a tiempo parcial.

El escenario real que se dibuja hoy en España exige la reactivación del consumo de las familias, indispensable para recuperar el crecimiento sostenido en nuestro país, que permita crear empleo y recobrar los niveles de renta perdidos. En definitiva, UGT apuesta por unos PGE centrados en las personas y el empleo, que permitan una salida más equilibrada y más justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y la mejora de nuestro Estado de Bienestar.

UGT aboga por un rescate real de Grecia

El tercer rescate a Grecia por parte de la UE,  debatido hoy en el Parlamento, no debe convertirse en un nuevo estrangulamiento de la sociedad griega. En este sentido, UGT pide generosidad y altura de miras por parte de la UE y del Gobierno español y reitera que las políticas de austeridad ponen en claro riesgo la persistencia de una Europa social y democrática, lo que resta sentido a cualquier proyecto de construcción europea.

El sindicato recuerda que aunque el rescate a Grecia evita la catástrofe de su salida del euro, el precio a pagar por el país heleno ha sido extremadamente grande y puede condenar a Grecia a más años de recesión, una muy mala solución para todos los ciudadanos europeos, no solo los griegos.

Por eso, en línea con la Confederación Europea de Sindicatos, UGT pide que el plan de rescate cubra las necesidades de financiación actuales de Grecia y permita la recuperación de su economía.

El Sindicato recuerda que las políticas de austeridad a ultranza que se han puesto en marcha por gran parte de los gobiernos de la UE, como el de nuestro país, obstaculizan la salida justa de la crisis y fomentan un modelo de crecimiento desigual y volátil.

El movimiento sindical europeo aboga por priorizar el empleo, por encima del déficit, por los derechos, frente a la desregulación y por las personas, en lugar del beneficio económico sólo para unos pocos.

viernes, 10 de abril de 2015

El FMI reconoce que mejores salarios y una mayor cohesión social son los mecanismos para reducir la desigualdad

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en un estudio reconoce que el paro y el bajo poder sindical implica el aumento de la desigualdad. Aunque en el informe no se menciona específicamente a España, nuestro país es donde más han crecido las desigualdades sociales como consecuencia de la política de recortes impuesta por el Gobierno del Partido Popular. La reforma laboral, que ha destruido empleo, está construyendo ahora un mercado de trabajo basado en empleos cada vez más temporales, precarios y con peores salarios. Esta normativa ha roto, además, el equilibrio en la negociación colectiva, en detrimento de los trabajadores y en favor del poder empresarial. Frente a esto UGT defiende apostar por políticas que favorezcan un crecimiento equilibrado y sostenible, basado en empleos estables y con derechos, mejorar los salarios y reforzar la cohesión social.
Publica El País, en su versión digital, una noticia que titula “El FMI atribuye al paro y al bajo poder sindical el aumento de la desigualdad”​. La noticia se refiere a un premio concedido por el Fondo a un trabajo elaborado por técnicos del Fondo que lleva por título “La distribución de los ingresos y su papel en la explicación de la desigualdad”. El titular parece referirse a España, la noticia ni menciona nuestro país.
Pero aunque no lo mencione, es perfectamente aplicable a nuestra situación: España es el país que ha sufrido la crisis más desigualmente del conjunto de los países avanzados, es decir, el país donde más se han acentuado las desigualdades de ingresos entre los más pobres y los más ricos. Y a ello, indudablemente, no es ajeno ni el desempleo ni el bajo poder sindical.
A la baja afiliación sindical ha colaborado mucho la legislación en la materia desde la transición, que facilitaba que el trabajo sindical se extendiera al conjunto de los trabajadores, sin necesidad de estar afiliados, y también han colaborado las sucesivas reformas en la materia, siempre precedidas de campañas antisindicales muy intensas, promovidas en muchas ocasiones desde ámbitos internacionales, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional.
El objetivo de la reforma laboral, no el publicitado por supuesto, sino el real, era precisamente favorecer una devaluación salarial significativa, lo que requería también reducir la capacidad de negociación colectiva a través de la reducción del poder sindical.
De este modo, la negociación se produciría con una correlación de fuerzas más desfavorable a los intereses de los trabajadores, lo que permitiría menores salarios en la negociación y negociaciones a la baja, así como incumplimientos unilaterales de los convenios, mediante la flexibilización de los requisitos de inaplicación, así como la ampliación de los conceptos susceptibles de inaplicarse.
Si además esto se compaginaba con la existencia de un enorme volumen de desempleo y la aceleración de la destrucción de empleo que supuso el abaratamiento del despido en un momento de despidos masivos (no olvidemos que el efecto inmediato de la reforma sobre el empleo fue la aceleración de la ya vertiginosa velocidad de destrucción de empleos), la facilidad para que la negociación de los salarios colaborase a esta devaluación estaba servida.
Y así ha sido: el miedo al desempleo ha facilitado que los trabajadores con empleo hayan visto su capacidad adquisitiva sensiblemente reducida y la desregulación laboral de la reforma se ha encargado de que los trabajadores que se incorporan actualmente al empleo lo hagan en unas condiciones muy inferiores y con unos salarios de miseria.
De manera que podemos concluir que el desempleo y el bajo poder sindical producen desigualdad y favorecen su aumento. Y que la legislación laboral ha tenido mucho que ver tanto en relación con el desempleo como con el bajo poder sindical.
Sin embargo, el estudio premiado se refiere a que la causa de la desigualdad se debe a la dispersión de los salarios, como resultado del crecimiento de los salarios más altos. Y aquí sí: Según el estudio, por cada 10% de incremento de la brecha salarial, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini sube un 9%.
El País publicaba en diciembre que el Sr. Linde se había subido el sueldo un 5%, hasta 174.733 euros en 2014, el mismo año en que el SMI varió un 0%, 9.034,20 euros; una subida superior hubiera sido una hecatombe para la economía española, en virtud de lo que el Sr. Linde considera patriotismo y el FMI considera causa del aumento de la desgualdad.
El estudio afirma también, siempre según la publicación de El País, que la mayor sindicalización en la industria, la mayor formación de los trabajadores y el mayor gasto del Estado ayudan a reducir la distancia entre los salarios más altos y los más bajos.
Y concluye en este sentido que si los gobiernos quieren evitar aumentos de la brecha social deberán atender a la influencia que sobre la evolución de los salarios puedan tener los cambios en los diferentes marcos laborales.
Es decir, el FMI nos da la razón: las diferencias de los ingresos se reducen cuanto mayor es el poder de los sindicatos, cuanto más formada está la población y cuanto más fuerte es el Estado del Bienestar. Y las políticas laborales influyen, y mucho, sobre la evolución de los salarios.
De modo que, en definitiva, la conclusión es que las erróneas políticas de reformas laborales tendentes a reducir la fuerza negociadora y los derechos de los trabajadores, y los sucesivos recortes en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia han conseguido que nuestro país tenga el primer puesto en el incremento de la desigualdad.
Y como además el estudio apunta a lo que deben hacer los gobiernos, que es exactamente lo contrario de los que se ha venido haciendo en España (por cierto, con el aplauso del FMI), el Gobierno debiera tomar nota y rectificar sus actuaciones, devolviendo a las relaciones un marco respetuoso con la autonomía de las partes y reduciendo la desregulación que permite la generalización de la pobreza laboral y de los contratos sin horario ni calendario. Y acentuando las políticas de gasto social.
Además es otra demostración, en este caso internacional, de que los salarios deben frenar ya su exceso de moderación, porque deben apoyar el crecimiento y su más adecuado reparto, por lo que UGT mantiene nuestra propuesta salarial para el crecimiento, cuyos elementos esenciales deben considerar tres referencias inseparables:
La inflación prevista tiene que ser el aumento mínimo para que los salarios ganen poder adquisitivo en el año en cuestión. La referencia tiene que ser clara y fácilmente conocida por los negociadores: la más adecuada sería la media anual del IPC en el mes de diciembre, ya que es esta la referencia adecuada para calcular la variación del poder adquisitivo
Los incrementos de productividad, que determinan el grado de reparto de los excedentes de producción generados
La cláusula de garantía, ya que la negociación se realiza con previsiones y, por tanto, la única forma de que mantener lo negociado es mediante la revisión, en su caso, de acuerdo con la evolución de las variables previstas
En definitiva, una política salarial que frene la devaluación, que solo nos conduce a la desigualdad y la injusticia.

lunes, 6 de abril de 2015

La representación sindical hace un primer análisis de las propuestas de la direccion de Global Leiva (Blanco)

En la reunión de la mesa negociadora del expediente de despido colectivo presentado por la empresa Global Leiva (Blanco), el conjunto de de la representación sindical ha realizado un análisis de la memoria explicativa que la empresa ha presentado para apoyar sus pretensiones en este proceso de despido colectivo. 
En este sentido ha habido coincidencia en el análisis del conjunto de la representación sindical al rechazar las medidas anunciadas por la empresa, puesto que lo acertado en la actual situación empresarial sería buscar el equilibrio económico por la vía del crecimiento de los ingresos y la moderación de los gastos. Con este objetivo hemos solicitado la aportación de documentación económica adicional que nos pueda permitir conocer la previsión de ingresos que para el año 2015 tiene la empresa, sobre todo teniendo en consideración que es factible la consolidación del proceso de recuperación. 
Así, del análisis que el gabinete económico de UGT ha presentado en la mesa negociadora, podemos resaltar que si durante el periodo enero-febrero de 2015 las ventas suponen el 20% de los ingresos realizados durante el año 2014, y de mantenerse esa proporción, el crecimiento de los ingresos podría situarse en el entorno del 20%. Por tanto en nuestra opinión, en un escenario de crecimiento de los ingresos, el ajuste de empleo propuesto por la compañía es muy desproporcionado. 
Y de producirse un crecimiento de los ingresos superior al 8%, cuestión factible, podría suponer la eliminación de las perdidas de explotación de la compañía, y estaríamos en un escenario bien diferente al que la empresa pretende conducirnos con sus planteamientos de eliminación de puestos de trabajo y externalización de actividades. 
Del la memoria explicativa presentada por la compañía, también hemos puesto de manifiesto que los datos favorables en las ventas que se han producido en determinados periodos del año 2014 han ido acompañados de bajadas de las mismas por errores en el abastecimiento, lo que pone de manifiesto que finalmente las pérdidas originadas en el año 2014 se deben en gran medida a errores en la gestión empresarial. 
Por otra parte hemos dejado constancia de que la memoria explicativa no describe con suficiente objetividad la situación de liquidez y capitalización de la empresa. 
Cabría destacar, como refleja la memoria aludida, que el único socio de la sociedad, el Grupo Alhokair, ha manifestado expresamente que prestará el apoyo financiero necesario para posibilitar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de pago contraídas por la sociedad, restablecer su patrimonio y asegurar la continuidad de sus operaciones, prueba de ello ha sido la formalización de un crédito participativo de en torno a doce millones de euros realizado el pasado marzo de 2015. 
En  este contexto podemos decir que la situación financiera de la compañía está  saneada, lo que hace factible la consecución del equilibrio económico en un contexto de previsible crecimiento de los ingresos. 
Por tanto no tienen sustento las previsiones de la empresa de cerrar tiendas, ni de reducir la capacidad operativa de otros departamentos, que desde nuestro punto de vista sólo pueden conducir a una liquidación de la actividad y a situar a la propia empresa en peor situación de la que pretende superar. 
También hemos puesto de manifiesto que las pretensiones de externalizar servicios, tanto de logística como del reto de actividades solo conduce a poner en peligro el empleo y sus condiciones y a la perdida del valor de la propia empresa. 
Por su parte la dirección de la empresa ha reiterado sus planteamientos y ha quedado comprometida a que en la próxima reunión puedan acudir los asesores externos que han elaborado el informe técnico sobre el que han sustentado su memoria explicativa. 
Comentaros que desde la representación sindical hemos cuestionado la certeza de que el periodo de consultas se haya iniciado de manera adecuada, al no tener constancia de la comunicación de sus pretensiones al conjunto de la plantilla afectada por las medidas del expediente, ya que a nuestro juicio eso supondría un defecto formal que viciaría el actual periodo de negociaciones. 
En este sentido desde la representación sindical hemos manifestado la voluntad de construir una repuesta alternativa a la presentada por la empresa, sobre la base de la defensa del empleo, si bien siendo conscientes de que habría que adecuar el conjunto de la compañía  pero en ningún caso contemplaríamos la supresión de puestos  de trabajo. 
Ante esta situación de empecinamiento de la posición de la empresa que se ha reiterado en todos sus planteamientos, el conjunto de la representación sindical ha coincidido en la necesidad de hacer un llamamiento al conjunto de la plantilla para que se sume a cuantas acciones de movilización podamos proponer, sin descartar la convocatoria de una jornada de huelga de toda la empresa en torno a la semana del 17 de abril. 
Confiamos en que con el esfuerzo de todos y todas haremos reflexionar a la dirección de la empresa y a que reconsidere de manera sustancial sus planteamientos iniciales.   

UGT no ha negociado con el Ministro de Justicia ningún aspecto referente a la privatización del Registro Civil

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT​ aclara que no ha asistido ni ha tenido ninguna comunicación oficial, ni en mesa de negociación para ningún aspecto de la privatización del registro civil.
UGT desmiente así, las declaraciones de Rafael Catalá, ministro de Justicia, quien afirmó que los sindicatos representativos de los funcionarios de la Administración de Justicia conocían la situación del Registro y los posibles efectos sobre el empleo  y que por tanto, no tenían nada más que decir al respecto. 
UGT ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición a la privatización del Registro civil. El sindicato ha defendido ante su Administración los derechos de los trabajadores y reclama una mayor negociación colectiva para proteger y asegurar su empleo y sus condiciones laborales, pero también vela por los intereses de los apostando por los servicios públicos de calidad, que garanticen el Estado de   bienestar.
Por tanto, UGT tiene mucho que decir sobre las políticas del Gobierno del PP y mantendrá su oposición a la privatización del Registro y seguirá realizando propuestas y reclamando una solución.
El sindicato UGT sigue reclamando al Gobierno que garantice formalmente el futuro de los 3.500 puestos de trabajo comprometidos por la privatización del Registro. 
Esta no fue la única falsedad que contenía la intervención del ministro de Justicia en el Senado, ante la pregunta del senador socialista por el País Vasco, sobre los planes de su ministerio. Rafael Catalá sermoneó al senador socialista en un tono faltón, contestando que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito y, ello porque “parece que no se entera, que  los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos y, que además este servicio estará tutelado por el Ministerio de Justicia”, sentenció. 
Además, manifestó, que esta situación se había generado por la desjudicialización del Registro Civil -Ley 20/2011- que llevó a cabo el anterior gobierno y, por tanto, que si el Registro Civil se desjudicializa ya no puede ser su llevanza en la Administración de Justicia. 
Por último señaló que los secretarios judiciales, trabajadores en los que se había pensado para sustituir a los jueces y magistrados, no quieren asumir esta labor. Desde el sindicato de Justicia de FSP-UGT  señalan que esta afirmación es incierta, pues el colectivo de secretarios sigue ofreciéndose para ello.
Pero nuestra denuncia como organización sindical por estas manifestaciones del Ministro, es porque dijo con toda la desfachatez y descaró, que además los sindicatos representativos de los funcionarios de la Administración de Justicia, ya saben que no se va a destruir empleo y que por tanto, no tenemos nada más que decir al respecto.

La minería del carbón sólo subsistirá si las eléctricas empiezan a quemar carbón autóctono ya

Esta misma mañana, en el Ministerio de Industria, se ha reunido la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013/2018, en respuesta a la necesidad de establecer un mecanismo de compra de carbón que dote de estabilidad al sector entre otros asuntos.
En esta reunión de hoy se ha trabajado sobre un mecanismo sustitutorio que incentivaría a las centrales térmicas para comprar y quemar carbón nacional, pagos por capacidad (incentivos de inversión). FITAG UGT observa una serie de inconvenientes en el texto presentado. El mecanismo no se pondrá en marcha hasta 2016, y este año 2015 puede ser vital para la supervivencia de las empresas mineras. 
El proceso parece que se extendería en el tiempo ya que hasta el 30 de septiembre las eléctricas no se van a pronunciar sobre los grupos que queman el carbón que entrarían en el PNT (Plan Nacional de Transición). Por ello la representación de UGT insta a Industria a mediar desde este momento para que las compañías eléctricas compren y quemen el carbón autóctono necesario para que sobrevivan las empresas mineras durante este año. De nada serviría acordar un mecanismo, si las centrales eléctricas utilizan carbón importado y las minas se ven obligadas a cerrar durante este 2015.
El mecanismo en su exposición de motivos recoge las redacciones de planes anteriores, y reconoce el papel del carbón dentro de la seguridad de suministro y de la reserva estratégica, además de reconocer la necesidad del mantenimiento de las minas a partir de 2019. También hemos solicitado que consten  las razones sociales y territoriales del sector. 
El texto está incorporando las propuestas que se han hecho desde el sindicato y desde las demás partes. Sin embargo quedan varios puntos importantes por definir, como son la cuantía de las subvenciones, el periodo de los contratos. Desde FITAG UGT se ha solicitado que sean a largo plazo y en todo caso mayores de cuatro años, y que también quede lo suficientemente clara la obligación de las centrales de compra y consumo de carbón autóctono en las cantidades necesarias para la supervivencia del sector. 
Por otro lado las ayudas para 2014 orientadas a las empresas han salido adelante, y de no haber ningún recurso se pagarán rápidamente. Respecto a la convocatoria de las ayudas de 2015 serán publicadas mañana mismo en el BOE.
En la reunión se han tratado otros temas pendientes, como la situación de las bajas indemnizadas, que están ya en proceso a la espera de la firma del secretario de estado. Así mismo el sindicato ha solicitado el pago de los vales del carbón que están pendientes de planes anteriores. Este punto ha quedado a la espera de ser valorado por la secretaría de estado.
En cuanto a la Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado de ELCOGAS, FITAG UGT ha pedido una solución rápida ante la amenaza de cierre definitivo y la situación crítica que atraviesa. La solución pasaría por la creación de un reglamento ad hoc específico para esta empresa, ya que el mecanismo planteado no puede ser aplicado para la central portollanense.
FITAG UGT ha reclamado en la reunión de la comisión la exención de la tasa del céntimo verde para el carbón nacional, porque no es lógico que el carbón internacional sea transportado de un continente a otro perjudicando al medio ambiente, y no tengan tasa, mientras que se hace pagar al carbón nacional, cuando el transporte que utiliza tiene un impacto infinitamente menor sobre el medio ambiente.
Con todos estos puntos planteados, lo que preocupa en este momento a FITAG UGT es solucionar el problema de la compra y la quema del carbón durante el año 2015 y paralelamente dejar resuelto de una vez por todas, el mecanismo que garantice la compra del carbón autóctono. 
Es necesario que el Ministerio inste a las eléctricas a comprar carbón autóctono durante 2015, para que las empresas mineras puedan suspender los expedientes en marcha y los procesos preconcursales, subsistiendo hasta la puesta en marcha el mecanismo, siendo esta la única opción posible.
La semana que viene, el Secretario de estado de energía, se ha comprometido, una vez recogidas todas las impresiones, tanto de las empresas eléctricas como de la comisión de seguimiento, a redactar un nuevo documento. 
Este será enviado la próxima semana y sobre él, las partes podremos hacer las aportaciones que puedan definitivamente llevar a que el mismo sea enviado a los diferentes estamentos, y aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno y a Bruselas.​

El Gobierno debe devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles

La Secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha considerado que la medida anunciada por el Gobierno del Partido Popular de devolver la atención sanitaria primaria a inmigrantes irregulares es “un parche, un mero anuncio que no garantiza el derecho a la salud para este colectivo” y ha demandado que se les devuelva la tarjeta sanitaria para que la Sanidad sea, de verdad, “universal”. “Hay que recuperar la Ley de Salud Pública de 2011, que establecía que la tarjeta sanitaria se concedía por el mero hecho de ser persona”.
Carmen López ha señalado que “para que esta medida entre en vigor se requiere un cambio normativo que no se ha producido y del que nadie nos ha informado”. Además, “el Gobierno debe dar respuesta, con urgencia, a los españoles mayores de 26 años que nunca han cotizado, a los que la misma norma les deja sin tarjeta sanitaria y les excluye también del Sistema Nacional de Salud”.
La Unión General de Trabajadores vuelve a reclamar, de esta forma, que se restituya la tarjeta sanitaria para estos colectivos, como lleva haciendo desde que se aprobase este recorte en el año 2012, con el fin de restaurar el modelo sanitario público y universal sin quebrar el principio de solidaridad ni profundizar en el repago de los servicios que con anterioridad se cubrían con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, como sucedía hasta la actualidad.
Con este anuncio, el Gobierno reconoce el error de imponer una medida dudosamente constitucional, que afectaba al derecho a la protección de la salud de las personas y a la salud pública del conjunto de la población y que colocaba a los inmigrantes sin papeles en la disyuntiva de retornar a sus países de origen o que su salud se deteriorase hasta el punto, en algunos casos, de poner en riesgo su vida.

lunes, 30 de marzo de 2015

UGT DENUNCIA QUE LAS MUTUAS VENDEN LAS SOCIEDADES DE PREVENCIÓN A CAPITAL PRIVADO

La empresa IDC Salud, firma del fondo de capital riesgo CVC, aspira al 30% del mercado de las sociedades de prevención de las mutuas.

 Las mutuas de accidentes de trabajo, organizaciones sin ánimo de lucro tuteladas por el Ministerio de Empleo, tienen hasta el 31 de marzo para desprenderse de sus sociedades de prevención o se verán obligados a liquidarlas. Dichas sociedades hacen programas de prevención de riesgos laborales y reconocimientos médicos, que incluyen a más 1,6 millones de trabajadores además de gestionar los procesos, el control y reconocimiento médico relacionado en uno y otro caso con las contingencias comunes y, o,  profesionales.

El grupo IDC Salud ha llegado a acuerdos en los últimos meses para adquirir la sociedad de prevención de la Fraternidad y MC Mutual,  por un montante de 52 millones, por su parte la Mutua Universal pactó venderle la suya por otros 25 millones. Si compra como parece que así será la Sociedad de Prevención de Fremap estaríamos hablando de un 30% del mercado, y sin crear problemas con la Comisión Nacional de la Competencia. El Ministerio de Empleo aún debe aprobar las ventas, las cifras no son oficiales sino de fuentes de las negociaciones, según el diario El País.

Para la FSP-UGT de Madrid esta es una nueva puerta de entrada a las empresas que hacen negocio de la sanidad, fundamentalmente empresas de capital riesgo, desplazando las patronales tradicionales de la sanidad privada, asegurándoles el negocio por la vía legislativa e induciendo a los trabajadores a acudir a una empresa privada en lugar de ser atendidos por su médico del SNS. Así, les garantizan el negocio que de otra manera no tendrían. El objetivo es sacar al Estado de los servicios públicos para dar entrada al sector privado, para generar negocio.

Bajo este prisma se pretende desplazar la atención sanitaria a estas empresas haciendo que miles de trabajadores se enfrenten a problemas de altas cuando aún están enfermos, de persecución para dar de alta cuanto antes a pesar del estado de salud o, incluso, que algunas mujeres embarazadas hayan tenido problemas porque las mutuas se han negado a dar la baja durante los tres primeros meses de embarazo.

Privatizar la atención sanitaria y el control de las bajas de los trabajadores y las trabajadoras es un verdadero despropósito en cuanto a la protección de la salud. Más teniendo en cuenta que ponemos en mano de empresas capital riesgo un valor, la salud laboral, del que opinan que “ahora es muy poco rentable porque es un sector muy pequeño y atomizado” o incluso la propia Patronal de los SPA que expresan que “este es un sector con escaso margen y poco valor añadido”. En conclusión se retraen responsabilidades renunciando a una labor que ha de ser pública y objetiva, y plasma la idea del Gobierno del Partido Popular de cómo ve la sanidad y la salud laboral, como un espacio de negocio por desestimar y no como una responsabilidad de gestión hacia los trabajadores y el SNS.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT. Madrid denunciamos los argumentos que anteponen los intereses económicos a los de los trabajadores, comprometiendo su protección social, privatizando la salud laboral y la recuperación de la salud, beneficiando a los grupos empresariales en detrimento del trabajador.

 

lunes, 16 de marzo de 2015

UGT reclama que la futura ley cuente con el mayor consenso posible.

El anteproyecto de ley ordenadora del sistema de inspección de Trabajo y Seguridad, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros obedece a la necesidad de adoptar un modelo que se adecúe a los cambios y permita hacer compatible las competencias autonómicas con los principios básicos que deben sustentar nuestro sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues la actual ley data de 1997. UGT  considera que la futura ley debe contar con el mayor consenso posible, para lo cual demandan al Gobierno que en el marco del diálogo social, se mejoren algunos aspectos de la norma, en su tramitación para la elaboración de proyecto de ley.
 
El sindicato destaca la trascendencia que tiene el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad para asegurar el cumplimiento del orden social y para exigir las responsabilidades que correspondan en caso de vulneración. 
Después de un largo proceso de elaboración, el Anteproyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha pasado hoy al Consejo de Ministros, para su aprobación. 
 
La actual Ley reguladora del Sistema de la Inspección de Trabajo, aprobada en noviembre del año 1997, exigía modificaciones estructurales, fundamentalmente para hacer frente al traspaso de funciones y servicios de la función pública Inspectora a distintas Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos de Autonomía contemplan esas competencias, algunas de las cuales las han hecho efectivas. 
 
Era preciso adoptar un modelo que se adecúe a los cambios y permita hacer compatible las competencias autonómicas con los principios básicos que deben sustentar nuestro sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 
Dada la transcendencia de la función Inspectora para garantizar la vigilancia y cumplimiento de las normas del Orden Social y de la concepción única e integral del Sistema, resultan positivas las modificaciones contempladas en el anteproyecto para asegurar la debida coordinación, el funcionamiento cohesionado mediante la coordinación, cooperación y participación de las diferentes Administraciones Públicas. 
 
Durante la tramitación del anteproyecto se han mejorado los distintos borradores elaborados, perfilando mejor aspectos relacionados con las funciones de los cuerpos que la integran, con las estructuras centrales  y periféricas, con la participación institucional, etc,  
No obstante esas mejoras, y la valoración positiva que las mismas nos merecen, quedan aún aspectos importantes que deben ser corregidos, desde el respeto y mantenimiento del diálogo social, en la tramitación para la elaboración de proyecto de ley y parlamentaria. 
 
Queda fuera de duda la transcendencia que tiene el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad para asegurar el cumplimiento del orden social y para exigir las responsabilidades que correspondan en caso de vulneración. 
 
De ahí la necesidad de que la futura ley que lo regule cuente con el mayor consenso posible.

viernes, 13 de marzo de 2015

La mesa del expediente del Grupo Árbol-DÍa fija el contenido de la propuesta final

En la reunión de la Mesa  Negociadora del expediente de despido colectivo del Grupo El Árbol, que como os hemos venido informando afecta a los almacenes denominados de Flujo, y que son los de Zafra, Valladolid, Salamanca y Meres, y cuyo proceso de negociación se iniciaba el pasado 19 de febrero, se ha llegado a una propuesta final en la que han quedado recogidas una parte sustancial de los planteamientos que las organizaciones sindicales hemos venido exigiendo durante el proceso de negociación. 
Como recordareis el expediente afectaba inicialmente a 125 personas que ha quedado reducido a 114, al excluirse los jubilados parciales con contratos de relevo, los temporales que finalizan contrato, los que cumplan 61 años en 2015 que accederían a la jubilación parcial. 
Se garantiza la recolocación de 20 recolocaciones en el almacén de Grandas a los de Meres (17 preparadores y 3 maquinistas). En el almacén de Villanubla a los de Valladolid se les garantiza 25 puestos (22 de preparación y 3 de maquinistas) y en el almacén de Mérida a los de Zafra se les garantiza 14 puestos (12 de preparación y 2 maquinistas). Así mismo se abre la posibilidad de recolocaciones para personal de almacén y de estructura en el almacén de Azuqueca con un total de 119 puestos de los que 108 serian para personal de almacén y 11 para estructura. 
Este planteamiento supone que existe la garantía de empleo en almacenes cercanos a los que se cierran de 61 puestos de trabajo y una oferta complementaria en Azuqueca que cubriría el total de puestos afectados por el expediente, si bien, la certeza de empleo por la cercanía se sitúa en el 60%. 
Se fija una indemnización para los contratos que se extingan de 33 días de salario por año de trabajo con el tope de 18 mensualidades. 
Las condiciones de recolocación se fijan de la siguiente manera: Para los recolocados en Granda se mantienen las mismas condiciones que venían disfrutando en el puesto de trabajo desempeñado, puesto que solo hay cambio de centro de trabajo sin cambio ni de convenio ni de empresa. 
Para los recolocados en el almacén de Villanubla y Mérida, se les reconoce de manera individual un Nivel Retributivo Anual Garantizado ( NRG) que es el resultante de sumar los siguientes conceptos brutos que actualmente vienen percibiendo: los conceptos fijos del convenio colectivo ( salario base, antigüedad en el 100% de su valor actual, y plus transporte) y los conceptos fijos fuera de convenio, salvo el plus convenio y plus distancia en el caso de Zafra ya que obedecen a desplazamiento anterior que ahora desaparece. 
Una vez alcanzado el acuerdo se procederá al cálculo de una estimación de cual podría ser la Retribución Real Percibida, por cada trabajador, para lo que tendrán en cuenta el salario base de Día, el 50% de la antigüedad percibida en el Árbol y una  cantidad inferior a la prima media anual de referencia (40%) en el almacén correspondiente. De tal manera que si lo que cobrara el trabajador al final de año con estos conceptos fuera inferior al Nivel Retributivo Garantizado, la empresa abonaría la diferencia en un único pago en la nomina de febrero en concepto de "complemento de NRG". Así mismo, para los trabajadores recolocados en Mérida que incrementen sustancialmente los kilómetros desde su domicilio al nuevo centro de trabajo respecto al antiguo centro de trabajo, percibirán un plus de distancia en compensación al desplazamiento de 125 € brutos mensuales por 11 meses. Igualmente la empresa se compromete a que los trabajadores de Zafra puedan acceder al mismo turno para facilitar el desplazamiento. 
En cuanto a las condiciones para los puestos ofertados en Azuqueca, para mozos, maquinistas y administrativos, la empresa mantendrá la misma retribución bruta que venía percibiendo, si bien deberá adaptarse a la estructura del convenio de aplicación y una vez adaptada si la retribución de rigen es superior se les reconocerá dicha diferencia como complemento personal que será compensable y absorbible. Para el punto de capataces, al ser de nueva creación, se fija una retribución bruta anual de 22.000 € que es superior a la fijada en el convenio de referencia. Además para los que accedan a estas recolocaciones la empresa cubrirá los gastos de mudanza y de desplazamiento al nuevo domicilio, permiso retribuido adicional de dos días a los reconocidos en el convenio de referencia, abono de 1.400€ brutos en concepto de ayuda de alojamiento y en el caso de que se traslade el trabajador con su pareja, esta tendrá, si tiene interés, de entrar en el proceso de selección. 
Adicionalmente y para todos los recolocados se garantiza un plan de formación y adaptación al puesto, de tal manera que si en el plazo de seis meses el trabajador no se adapta al nuevo puesto y como consecuencia de ello la empresa extingue su contrato de trabajo y tal decisión es procedente, le será de aplicación la indemnización pactada en este acuerdo. 
Por otro lado la empresa Día reconoce los acuerdos alcanzados en materia de jubilación parcial, siempre que la legislación actual así lo permita. 
Se crea una bolsa de empleo que estará integrada por los que pierden el puesto de trabajo y la empresa queda comprometida a comunicar todas las vacantes que se produzcan en los almacenes y serán preferentes los que están afectados por el presente expediente, así mismo los puestos de la bolsa de empleo del expediente de tiendas que no se cubran por personal de tiendas podrán ser cubiertos por los afectados de almacenes. 
Finalmente se constituye una Comisión de seguimiento que será la encargada de velar por el correcto funcionamiento de los compromisos del acuerdo y que estará integrada por dos miembros de cada organización sindical. 
Como conclusión podemos deciros que si bien no hemos logrado nuestro objetivo inicial de garantizar el cien por cien de recolocaciones en centros cercanos a los que se cierran, si hemos logrado que más del 60% tengan garantía cierta de recolocación en esos centros, hemos disminuido el número de afectados iniciales por la vía de las jubilaciones parciales, y hemos garantizado para los recolocados su nivel retributivo actual como garantía de mínimo, abriendo la posibilidad de verse incrementada por la vía de la retribución variable, en suma este es el contenido de la propuesta final del conjunto de la mesa negociadora que sometemos a la valoración de los trabajadores y trabajadoras afectados en la confianza de contar con su respaldo para la firma definitiva el próximo día 23 de marzo.

miércoles, 11 de marzo de 2015

Los sindicatos europeos reclaman acciones nacionales y europeas contra el fraude fiscal

Los sindicalistas europeos han abogado hoy de manera conjunta por una mayor justicia fiscal y han reclamado nuevas acciones nacionales y europeas para poner fin al fraude y a la evasión fiscal, a los paraísos fiscales y a la planificación fiscal agresiva.
 
“Cuando los gobiernos reducen los gastos y que los ciudadanos de a pie están bajo presión por el aumento de los precios y del estancamiento de los salarios, las personas que ostentan más riqueza y las empresas multinacionales no pagan en proporción lo que deberían”, ha declarado Bernadette Ségol, Secretaria General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). “Los sindicatos exigen justicia fiscal. Cada euro fuera de impuestos es un euro menos para los servicios y las prestaciones básicas. Ya es hora de dar mayores pruebas de equidad”.
 
Entre las medidas que el Comité Ejecutivo de la CES apoya hoy, se encuentran:
  • La división de las cuatro grandes sociedades de consultoría financiera (las “Big Four”);
  • Una reforma estructural urgente a favor de inversiones en las administraciones fiscales nacionales y para su capacitación en investigación;
  • La exclusión de los mercados públicos de los usuarios de los paraísos fiscales;
  • La obligación para las empresas multinacionales de publicar sus cuentas completas en cada país donde operan.
“El fraude y la evasión fiscal prosperan gracias a la falta de información sobre los flujos de capital y sobre la propiedad de los activos en el plano internacional”, ha añadido Bernadette Ségol. “Los gobiernos nacionales se preocupan más de la competencia fiscal que de la cooperación y también más de administrar que de investigar”.
 
Sólo en la Unión Europea se calcula que se pierde una recaudación pública de 1 billón de euros al año debido a la evasión y al fraude fiscal.
 

martes, 10 de marzo de 2015

UGT apagará la iluminación de sus edificios en apoyo a “La Hora del Planeta 2015”

UGT se une a la campaña de WWF​ “La Hora del Planeta 2015” que, bajo el lema “cambiar el cambio climático” se propone apagar la iluminación de las ciudades el próximo 28 de marzo entre las 20:30 y las 21:30 horas. 
Con tal motivo, el sindicato apagará la iluminación de los edificios de la sede Confederal, la Escuela Julián Besteiro y el situado en Avenida de América, en Madrid.
Este año la iniciativa cobra especial relevancia, porque el compromiso colectivo de millones de personas con sus acciones individuales, organizaciones y entidades apostando por la eficiencia en el uso de la energía y la promoción de las energías renovables para reducir las emisiones, tiene que ser un potente estímulo para que se alcance un nuevo Acuerdo multilateral a favor del Clima. 
Un acuerdo vital y que se debe de alcanzar en la Conferencia de Cambio Climático que tendrá lugar en París en el mes de diciembre.

El AENC debe garantizar el crecimiento real de los salarios

En el pasado mes de enero se han registrado 343 convenios que afectan a 1.034.549 trabajadores de 84.852 empresas con una subida salarial media de 0,63% y una jornada media de 1.754,37 horas al año. 
Los convenios nuevos son 35 y alcanzan a 108.269 trabajadores con tienen una subida salarial de 0,47% mientras los convenios revisados son 308, para 926.280 trabajadores con una subida media de 0,65%.
De los convenios firmados, 244 son convenios de empresa que afectan a 74.717 trabajadores y recogen una subida salarial media de 0,56%; y 119 de ámbito superior a la empresa, que dan cobertura a 959.832 trabajadores con una subida media de 0,64%.
Además, se han firmado 162 inaplicaciones de convenio que afectan a 3.797 trabajadores.
A estas alturas y, en relación con la negociación de 2014 respecto del último año consolidado (2012), falta por negociarse el convenio para el 48,02% de los trabajadores y el 30,51% de las empresas.
La cláusula de revisión salarial se recoge sólo en el 12,54% de los convenios y afecta únicamente al 15,79% de los trabajadores con convenio para 2015. El continuo descenso de esta cláusula y su cobertura actual resulta manifiestamente insuficiente por lo que UGT señala que es preciso incorporar estas cláusulas en el mayor número posible de convenios colectivos para preservar la negociación salarial firmada de los incrementos de precios por encima de la previsión. 
La negociación colectiva tiene que apostar por el crecimiento de los salarios reales para consolidar la reactivación y reducir las situaciones de pobreza laboral que se han generado durante la crisis. Los trabajadores deben participar de la nueva etapa de crecimiento con más empleo, de más calidad y con mejores sueldos.
No es posible firmar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva si no se recogen criterios salariales coherentes con la situación: si la economía mejora y la productividad aumenta, el crecimiento real de los salarios debe estar garantizado.
 

miércoles, 18 de febrero de 2015

Cambiar el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

UGT continúa con su ronda de contactos para que se modifique la Ley de Seguridad Ciudadana, en la actualidad en trámite parlamentario. 
 
Esta mañana, han mantenido sendas reuniones con los representantes del PP y del PSOE en el Senado. Por parte de UGT ha asistido el Secretario de Institucional y Participación Sindical, Frederic Monell y la abogada, Susana Bravo.
La organización rechaza este proyecto de ley, y las enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular, porque restringe derechos fundamentales y cercena las libertades democráticas en nuestro país.

martes, 17 de febrero de 2015

De 3.384 enfermedades derivadas del amianto, la Seguridad Social solo reconoce 64 casos, un 1,88%

UGT considera que el informe del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado expuestos a Amianto (PIVISTEA) constata una realidad: las enfermedades derivadas de la exposición a amianto apenas son reconocidas como enfermedades profesionales. Así, los datos revelan que de 3.384 casos diagnosticados, sólo se han reconocido 64 casos como enfermedad profesional, es decir un 1,88% del total de las enfermedades diagnosticadas.
 
El Informe, revela que contiene información de 13 Comunidades Autónomas, destaca que se han registrado 1.529 empresas que realizan o han realizado actividad laboral con amianto y 35.630 trabajadores que manipulan o en su día manipularon fibras de amianto en su actividad laboral. 
 
Asimismo, concluye que la mayor parte de los trabajadores afectados (un 60%) se aglutinan en torno a un número limitado de empresas (55 empresas). 
Esta enfermedad profesional afecta sobre todo a hombres y respecto a la mortalidad registrada predominan las placas pleurales y asbestosis.
El sindicato, que denuncia la inoperancia de las diversas administraciones en el reconocimiento y erradicación de este grave problema, así como las actitudes de rechazo, inmovilismo, desidia y silencio, reitera la necesidad de que las empresas adopten medidas preventivas, de seguridad, y de protección para controlar y eliminar este tóxico. Asimismo, considera imprescindible la constitución de un Fondo Público de Compensación a las víctimas declaradas y futuras del amianto. 
 
UGT que ha buscado el compromiso a favor de ésta y otras iniciativas en múltiples Asambleas y Parlamentos Autonómicos lamenta el escaso interés y poca receptividad de la Administración Central y de algunos gobiernos y administraciones autonómicas para resolver este problema. 
Algunas de las propuestas de UGT son:
 
  • La inclusión de los tipos de cáncer derivados del amianto (laringe, esófago, etc) en el cuadro de enfermedades profesionales.

     
  • La aplicación de coeficientes compensatorios de reducción de edad en el paso a la jubilación de los trabajadores expuestos al amianto.
  • La propia constitución de un Fondo de Compensación sin culpa.
  • Reformas en las normas y protocolos de calificación de enfermedades para su actualización, ajuste y uniformización.
El sindicato, que considera que a veces la Administración prima más los intereses de las grandes empresas que  la salud de las personas, expresa su satisfacción por sentencias como la del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Madrid contra Uralita, ratificando el derecho de indemnización por los daños morales causados a familiares por la muerte de cuatro esposas de trabajadores que, cotidianamente, limpiaban sus prendas de trabajo contaminadas por amianto. 
 
Esta sentencia refleja algo que desde hace tiempo viene denunciando UGT: el daño excede el ámbito laboral y repercute en la salud del conjunto de la sociedad, afectando al ámbito familiar y medioambiental.
UGT recuerda que España es uno de los países con menor control de los problemas originados por el amianto y alerta de que la estéril legislación en el ámbito de la protección laboral y sanitaria, se traduce en un constante perjuicio para la salud integral de todos. 
Si no se adoptan las medidas adecuadas la situación será muy difícil de corregir en el futuro.

Los representantes de los trabajadores se reúnen con la dirección de Blanco

Ayer, día 16 de febrero, ha tenido lugar una reunión del comité de empresa con la dirección de Recursos Humanos del grupo Blanco. Reunión que ha sido como consecuencia de la inquietud e incertidumbre que se ha generado en el conjunto de la plantilla, fruto de informaciones que pudieran afectar a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras o incluso al empleo. 
 
En este sentido hemos puesto de manifiesto ante la dirección de recursos humanos, nuestro compromiso en la defensa del empleo y sus condiciones, así como la obligación que la empresa tiene para con el conjunto de la plantilla y especialmente con la representación sindical, de informar y consultar todas aquellas decisiones que pudieran tener efectos sobre el empleo y sus condiciones. 
 
Así mismo hemos solicitado que se nos facilite las cuentas provisionales del año pasado y su posible evolución, ya que hasta el mes de marzo no serán definitivas y por tanto, aun sin auditar. 
 
Igualmente le hemos trasladado las situaciones que se están produciendo como consecuencia de la limitación de plantillas en los centros de trabajo, que desde nuestro punto de vista pudiera repercutir en la atención adecuada de las actividades y que desde luego son responsabilidad de la empresa por no dotar de la plantilla necesaria a los diferentes centros de trabajo. 
 
Por otro lado hemos pedido información sobre las actuaciones que, según la información de la que disponíamos, se había afectado al empleo y sus condiciones en el departamento de internacional, y hemos dejado constancia que de ser así, la empresa habría incurrido en una dejación de sus responsabilidades. 
 
Por parte de la dirección de la empresa nos han trasladado que en lo relativo al departamento de internacional, no se habían tomado decisiones y las que pudieran haberse anunciado han quedado paralizadas. 
 
Así mismo nos han informado que en el momento actual están pendientes de recibir las valoraciones de estudios sobre el conjunto de la empresa que han  encargado  a  consultoras  especializadas,  y  que  hacen referencia  al conjunto de la empresa, y por tanto que por el momento no tienen ninguna decisión determinada y que dependerá del resultado de esos informes solicitados, en cualquier caso, hasta primeros de marzo no prevén que puedan disponer de una posición concreta al respecto. 
 
Igualmente han dejado constancia de que la única vía de información oficial sobre decisiones que afecten al empleo y sus condiciones, es el departamento de recursos humanos y por tanto cualquier otra información, que afecte al empleo y sus condiciones, que pudiera llegar desde otros departamentos, hasta que no sea trasladada por recursos humanos no será posición oficial de la empresa. 
 
Por otra parte han aclarado temas puntuales sobre el almacén de Seseña, que por el momento continuara con su actividad, al igual que el conjunto de la red tiendas. 
 
Finalmente la dirección ha quedado comprometida a mantener reuniones periódicas, como venia realizando, con los comités existentes y así mismo buscara vías de interlocución con la representación de las tiendas. 
 
Como conclusión desde nuestra representación podemos deciros que por el momento y según a información comentada la empresa, no dispone de los elementos necesarios para tomar decisiones que pudieran afectar a la plantilla. Quedando comprometidos en informar y consultar en todos aquellos asuntos que deben legalmente hacerlo en el momento que los estudios que han solicitado les sean entregados. 
 
En este sentido desde nuestra representación hemos dejado constancia de que deben dar cumplimiento al compromiso de compra que adquirieron en su momento de mantenimiento y mejora del nivel de empleo y que en ese compromiso seremos exigentes para que así sea. 
En la votación celebrada ayer, UGT consigue 3 delegad@s en GRUPO SUPECO MAXOR frente a 2 de CCOO.

Desde el Sector de Comercio de la Federación de la SMC-UGT-Madrid deseamos el mayor de los éxitos a l@s nuevos delegad@s de UGT, seguro que l@s trabajadores/as notan la mejora de sus condiciones laborales.
 
Destacamos la participación de los/as delegados/as del Sector de Comercio como interventores y apoderados dentro de este proceso. Así mismo destacamos la presencia de nuestra Secretaria del Sector de Comercio de la SMC UGT Madrid, Belén Fernández y nuestro Secretario de Elecciones Sindicales y Comunicación, José Casero.

Las mujeres tienen que trabajar 79 días más al año para percibir el mismo sueldo

La Secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, ha afirmado que “las decisiones en política económica y los recortes del Estado de bienestar que se han producido en nuestro país explican con absoluta claridad el aumento de la brecha salarial en nuestro país”. Una brecha salarial que se situó en el 2012 en el 23,93%, la más alta de los últimos cinco años. Fontecha que ha hecho estas declaraciones en la presentación del Informe “Trabajar igual, cobrar igual”, elaborado por UGT con motivo del Día por la Igualdad Salarial, que se celebra el 22 de febrero, ha resaltado que una mujer tendría que trabajar 79 días más al año que un hombre para percibir la misma retribución por un trabajo de igual valor y que para alcanzar retribuciones equivalentes a los hombres en 35 años, las mujeres deberían trabajar 46 años y medio.
 
Además, las mujeres dejaron de percibir 27.783 millones de euros respecto a los hombres.
 
La Secretaria para la Igualdad ha destacado que las diferencias con Europa respecto a la brecha salarial también se han incrementado: así nuestro país se sitúa en los niveles de 2002. Otros datos destacados del informe son:
  • Sólo 5 Comunidades Autónomas tienen una brecha salarial inferior a la media nacional: las Islas Baleares, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. En Galicia es donde hay mayor brecha salarial.
     
     
  • En el año 2012 el 28,1% de las mujeres estaban en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.
  • La jornada laboral a tiempo parcial afecta sobre todo a las mujeres (el 75,21%, casi dos millones de mujeres, 1 de cada cuatro con empleo). Estas trabajadoras no han percibido nunca salarios que superen los 11.000 euros anuales brutos.
  • Varios sectores de actividad superan el treinta por ciento de diferencia entre mujeres y hombres en Actividades profesionales, científicas y técnicas (31,69%), en Actividades administrativas y servicios auxiliares (33,21%),  Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales (30,33 %) y en otros servicios (36,10%). 
  • En el sector de la Educación se ha triplicado la brecha salarial en los últimos cinco años hasta situarse en el 11,83 %.
  • Los sectores agrupados en la actividad de Comercio, aglutina al mayor número de trabajadoras de nuestro país (1.409.200), la mitad de la población trabajadora dedicada a esta actividad, con una brecha del 26,1 %.

     
  • El peor retribuido de todos los sectores, el de la Hostelería, emplea en nuestro país a 700.000 mujeres, que representan más del 50 % de los empleados en este sector.
Fontecha ha señalado que “si queremos afianzar la tibia recuperación” es preciso aumentar los empleos de calidad y el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo de las trabajadoras. “No podemos olvidar que una parte muy importante de la decisiones de compra de nuestro país está en sus manos”- ha dicho.  .  Es necesario introducir como eje central de todas las políticas económicas la igualdad sin distinción de sexo.
 
UGT ha promovido un proyecto para contribuir a reducir la brecha salarial a través de la negociación colectiva. Esta iniciativa, “Herramientas para combatir la brecha salarial”​, forma parte de un proyecto europeo para posibilitar la Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral y familiar. Para identificar los factores que influyen en la brecha salarial los negociadores sindicales contarán con unas aplicaciones informáticas que permitirán analizar las diferencias en las retribuciones de mujeres y hombres, por igual trabajo y por trabajos de igual valor.