El FMI reconoce que mejores salarios y una mayor cohesión social son los mecanismos para reducir la desigualdad

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en un estudio reconoce que el paro y el bajo poder sindical implica el aumento de la desigualdad. Aunque en el informe no se menciona específicamente a España, nuestro país es donde más han crecido las desigualdades sociales como consecuencia de la política de recortes impuesta por el Gobierno del Partido Popular. La reforma laboral, que ha destruido empleo, está construyendo ahora un mercado de trabajo basado en empleos cada vez más temporales, precarios y con peores salarios. Esta normativa ha roto, además, el equilibrio en la negociación colectiva, en detrimento de los trabajadores y en favor del poder empresarial. Frente a esto UGT defiende apostar por políticas que favorezcan un crecimiento equilibrado y sostenible, basado en empleos estables y con derechos, mejorar los salarios y reforzar la cohesión social.

Publica El País, en su versión digital, una noticia que titula “El FMI atribuye al paro y al bajo poder sindical el aumento de la desigualdad”​. La noticia se refiere a un premio concedido por el Fondo a un trabajo elaborado por técnicos del Fondo que lleva por título “La distribución de los ingresos y su papel en la explicación de la desigualdad”. El titular parece referirse a España, la noticia ni menciona nuestro país.

Pero aunque no lo mencione, es perfectamente aplicable a nuestra situación: España es el país que ha sufrido la crisis más desigualmente del conjunto de los países avanzados, es decir, el país donde más se han acentuado las desigualdades de ingresos entre los más pobres y los más ricos. Y a ello, indudablemente, no es ajeno ni el desempleo ni el bajo poder sindical.

A la baja afiliación sindical ha colaborado mucho la legislación en la materia desde la transición, que facilitaba que el trabajo sindical se extendiera al conjunto de los trabajadores, sin necesidad de estar afiliados, y también han colaborado las sucesivas reformas en la materia, siempre precedidas de campañas antisindicales muy intensas, promovidas en muchas ocasiones desde ámbitos internacionales, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional.

El objetivo de la reforma laboral, no el publicitado por supuesto, sino el real, era precisamente favorecer una devaluación salarial significativa, lo que requería también reducir la capacidad de negociación colectiva a través de la reducción del poder sindical.

De este modo, la negociación se produciría con una correlación de fuerzas más desfavorable a los intereses de los trabajadores, lo que permitiría menores salarios en la negociación y negociaciones a la baja, así como incumplimientos unilaterales de los convenios, mediante la flexibilización de los requisitos de inaplicación, así como la ampliación de los conceptos susceptibles de inaplicarse.

Si además esto se compaginaba con la existencia de un enorme volumen de desempleo y la aceleración de la destrucción de empleo que supuso el abaratamiento del despido en un momento de despidos masivos (no olvidemos que el efecto inmediato de la reforma sobre el empleo fue la aceleración de la ya vertiginosa velocidad de destrucción de empleos), la facilidad para que la negociación de los salarios colaborase a esta devaluación estaba servida.

Y así ha sido: el miedo al desempleo ha facilitado que los trabajadores con empleo hayan visto su capacidad adquisitiva sensiblemente reducida y la desregulación laboral de la reforma se ha encargado de que los trabajadores que se incorporan actualmente al empleo lo hagan en unas condiciones muy inferiores y con unos salarios de miseria.

De manera que podemos concluir que el desempleo y el bajo poder sindical producen desigualdad y favorecen su aumento. Y que la legislación laboral ha tenido mucho que ver tanto en relación con el desempleo como con el bajo poder sindical.

Sin embargo, el estudio premiado se refiere a que la causa de la desigualdad se debe a la dispersión de los salarios, como resultado del crecimiento de los salarios más altos. Y aquí sí: Según el estudio, por cada 10% de incremento de la brecha salarial, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini sube un 9%.

El País publicaba en diciembre que el Sr. Linde se había subido el sueldo un 5%, hasta 174.733 euros en 2014, el mismo año en que el SMI varió un 0%, 9.034,20 euros; una subida superior hubiera sido una hecatombe para la economía española, en virtud de lo que el Sr. Linde considera patriotismo y el FMI considera causa del aumento de la desgualdad.

El estudio afirma también, siempre según la publicación de El País, que la mayor sindicalización en la industria, la mayor formación de los trabajadores y el mayor gasto del Estado ayudan a reducir la distancia entre los salarios más altos y los más bajos.

Y concluye en este sentido que si los gobiernos quieren evitar aumentos de la brecha social deberán atender a la influencia que sobre la evolución de los salarios puedan tener los cambios en los diferentes marcos laborales.

Es decir, el FMI nos da la razón: las diferencias de los ingresos se reducen cuanto mayor es el poder de los sindicatos, cuanto más formada está la población y cuanto más fuerte es el Estado del Bienestar. Y las políticas laborales influyen, y mucho, sobre la evolución de los salarios.

De modo que, en definitiva, la conclusión es que las erróneas políticas de reformas laborales tendentes a reducir la fuerza negociadora y los derechos de los trabajadores, y los sucesivos recortes en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia han conseguido que nuestro país tenga el primer puesto en el incremento de la desigualdad.

Y como además el estudio apunta a lo que deben hacer los gobiernos, que es exactamente lo contrario de los que se ha venido haciendo en España (por cierto, con el aplauso del FMI), el Gobierno debiera tomar nota y rectificar sus actuaciones, devolviendo a las relaciones un marco respetuoso con la autonomía de las partes y reduciendo la desregulación que permite la generalización de la pobreza laboral y de los contratos sin horario ni calendario. Y acentuando las políticas de gasto social.

Además es otra demostración, en este caso internacional, de que los salarios deben frenar ya su exceso de moderación, porque deben apoyar el crecimiento y su más adecuado reparto, por lo que UGT mantiene nuestra propuesta salarial para el crecimiento, cuyos elementos esenciales deben considerar tres referencias inseparables:

La inflación prevista tiene que ser el aumento mínimo para que los salarios ganen poder adquisitivo en el año en cuestión. La referencia tiene que ser clara y fácilmente conocida por los negociadores: la más adecuada sería la media anual del IPC en el mes de diciembre, ya que es esta la referencia adecuada para calcular la variación del poder adquisitivo

Los incrementos de productividad, que determinan el grado de reparto de los excedentes de producción generados

La cláusula de garantía, ya que la negociación se realiza con previsiones y, por tanto, la única forma de que mantener lo negociado es mediante la revisión, en su caso, de acuerdo con la evolución de las variables previstas

En definitiva, una política salarial que frene la devaluación, que solo nos conduce a la desigualdad y la injusticia.

UGT no ha negociado con el Ministro de Justicia ningún aspecto referente a la privatización del Registro Civil

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT​ aclara que no ha asistido ni ha tenido ninguna comunicación oficial, ni en mesa de negociación para ningún aspecto de la privatización del registro civil.

UGT desmiente así, las declaraciones de Rafael Catalá, ministro de Justicia, quien afirmó que los sindicatos representativos de los funcionarios de la Administración de Justicia conocían la situación del Registro y los posibles efectos sobre el empleo  y que por tanto, no tenían nada más que decir al respecto. 

UGT ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición a la privatización del Registro civil. El sindicato ha defendido ante su Administración los derechos de los trabajadores y reclama una mayor negociación colectiva para proteger y asegurar su empleo y sus condiciones laborales, pero también vela por los intereses de los apostando por los servicios públicos de calidad, que garanticen el Estado de   bienestar.

Por tanto, UGT tiene mucho que decir sobre las políticas del Gobierno del PP y mantendrá su oposición a la privatización del Registro y seguirá realizando propuestas y reclamando una solución.

El sindicato UGT sigue reclamando al Gobierno que garantice formalmente el futuro de los 3.500 puestos de trabajo comprometidos por la privatización del Registro. 

Esta no fue la única falsedad que contenía la intervención del ministro de Justicia en el Senado, ante la pregunta del senador socialista por el País Vasco, sobre los planes de su ministerio. Rafael Catalá sermoneó al senador socialista en un tono faltón, contestando que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito y, ello porque “parece que no se entera, que  los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos y, que además este servicio estará tutelado por el Ministerio de Justicia”, sentenció. 

Además, manifestó, que esta situación se había generado por la desjudicialización del Registro Civil -Ley 20/2011- que llevó a cabo el anterior gobierno y, por tanto, que si el Registro Civil se desjudicializa ya no puede ser su llevanza en la Administración de Justicia. 

Por último señaló que los secretarios judiciales, trabajadores en los que se había pensado para sustituir a los jueces y magistrados, no quieren asumir esta labor. Desde el sindicato de Justicia de FSP-UGT  señalan que esta afirmación es incierta, pues el colectivo de secretarios sigue ofreciéndose para ello.

Pero nuestra denuncia como organización sindical por estas manifestaciones del Ministro, es porque dijo con toda la desfachatez y descaró, que además los sindicatos representativos de los funcionarios de la Administración de Justicia, ya saben que no se va a destruir empleo y que por tanto, no tenemos nada más que decir al respecto.

La minería del carbón sólo subsistirá si las eléctricas empiezan a quemar carbón autóctono ya

Esta misma mañana, en el Ministerio de Industria, se ha reunido la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013/2018, en respuesta a la necesidad de establecer un mecanismo de compra de carbón que dote de estabilidad al sector entre otros asuntos.

En esta reunión de hoy se ha trabajado sobre un mecanismo sustitutorio que incentivaría a las centrales térmicas para comprar y quemar carbón nacional, pagos por capacidad (incentivos de inversión). FITAG UGT observa una serie de inconvenientes en el texto presentado. El mecanismo no se pondrá en marcha hasta 2016, y este año 2015 puede ser vital para la supervivencia de las empresas mineras. 

El proceso parece que se extendería en el tiempo ya que hasta el 30 de septiembre las eléctricas no se van a pronunciar sobre los grupos que queman el carbón que entrarían en el PNT (Plan Nacional de Transición). Por ello la representación de UGT insta a Industria a mediar desde este momento para que las compañías eléctricas compren y quemen el carbón autóctono necesario para que sobrevivan las empresas mineras durante este año. De nada serviría acordar un mecanismo, si las centrales eléctricas utilizan carbón importado y las minas se ven obligadas a cerrar durante este 2015.

El mecanismo en su exposición de motivos recoge las redacciones de planes anteriores, y reconoce el papel del carbón dentro de la seguridad de suministro y de la reserva estratégica, además de reconocer la necesidad del mantenimiento de las minas a partir de 2019. También hemos solicitado que consten  las razones sociales y territoriales del sector. 

El texto está incorporando las propuestas que se han hecho desde el sindicato y desde las demás partes. Sin embargo quedan varios puntos importantes por definir, como son la cuantía de las subvenciones, el periodo de los contratos. Desde FITAG UGT se ha solicitado que sean a largo plazo y en todo caso mayores de cuatro años, y que también quede lo suficientemente clara la obligación de las centrales de compra y consumo de carbón autóctono en las cantidades necesarias para la supervivencia del sector. 

Por otro lado las ayudas para 2014 orientadas a las empresas han salido adelante, y de no haber ningún recurso se pagarán rápidamente. Respecto a la convocatoria de las ayudas de 2015 serán publicadas mañana mismo en el BOE.

En la reunión se han tratado otros temas pendientes, como la situación de las bajas indemnizadas, que están ya en proceso a la espera de la firma del secretario de estado. Así mismo el sindicato ha solicitado el pago de los vales del carbón que están pendientes de planes anteriores. Este punto ha quedado a la espera de ser valorado por la secretaría de estado.

En cuanto a la Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado de ELCOGAS, FITAG UGT ha pedido una solución rápida ante la amenaza de cierre definitivo y la situación crítica que atraviesa. La solución pasaría por la creación de un reglamento ad hoc específico para esta empresa, ya que el mecanismo planteado no puede ser aplicado para la central portollanense.

FITAG UGT ha reclamado en la reunión de la comisión la exención de la tasa del céntimo verde para el carbón nacional, porque no es lógico que el carbón internacional sea transportado de un continente a otro perjudicando al medio ambiente, y no tengan tasa, mientras que se hace pagar al carbón nacional, cuando el transporte que utiliza tiene un impacto infinitamente menor sobre el medio ambiente.

Con todos estos puntos planteados, lo que preocupa en este momento a FITAG UGT es solucionar el problema de la compra y la quema del carbón durante el año 2015 y paralelamente dejar resuelto de una vez por todas, el mecanismo que garantice la compra del carbón autóctono. 

Es necesario que el Ministerio inste a las eléctricas a comprar carbón autóctono durante 2015, para que las empresas mineras puedan suspender los expedientes en marcha y los procesos preconcursales, subsistiendo hasta la puesta en marcha el mecanismo, siendo esta la única opción posible.

La semana que viene, el Secretario de estado de energía, se ha comprometido, una vez recogidas todas las impresiones, tanto de las empresas eléctricas como de la comisión de seguimiento, a redactar un nuevo documento. 

Este será enviado la próxima semana y sobre él, las partes podremos hacer las aportaciones que puedan definitivamente llevar a que el mismo sea enviado a los diferentes estamentos, y aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno y a Bruselas.​

El Gobierno debe devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles

La Secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha considerado que la medida anunciada por el Gobierno del Partido Popular de devolver la atención sanitaria primaria a inmigrantes irregulares es “un parche, un mero anuncio que no garantiza el derecho a la salud para este colectivo” y ha demandado que se les devuelva la tarjeta sanitaria para que la Sanidad sea, de verdad, “universal”. “Hay que recuperar la Ley de Salud Pública de 2011, que establecía que la tarjeta sanitaria se concedía por el mero hecho de ser persona”.

Carmen López ha señalado que “para que esta medida entre en vigor se requiere un cambio normativo que no se ha producido y del que nadie nos ha informado”. Además, “el Gobierno debe dar respuesta, con urgencia, a los españoles mayores de 26 años que nunca han cotizado, a los que la misma norma les deja sin tarjeta sanitaria y les excluye también del Sistema Nacional de Salud”.

La Unión General de Trabajadores vuelve a reclamar, de esta forma, que se restituya la tarjeta sanitaria para estos colectivos, como lleva haciendo desde que se aprobase este recorte en el año 2012, con el fin de restaurar el modelo sanitario público y universal sin quebrar el principio de solidaridad ni profundizar en el repago de los servicios que con anterioridad se cubrían con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, como sucedía hasta la actualidad.

Con este anuncio, el Gobierno reconoce el error de imponer una medida dudosamente constitucional, que afectaba al derecho a la protección de la salud de las personas y a la salud pública del conjunto de la población y que colocaba a los inmigrantes sin papeles en la disyuntiva de retornar a sus países de origen o que su salud se deteriorase hasta el punto, en algunos casos, de poner en riesgo su vida.

UGT reclama que la futura ley cuente con el mayor consenso posible.

El anteproyecto de ley ordenadora del sistema de inspección de Trabajo y Seguridad, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros obedece a la necesidad de adoptar un modelo que se adecúe a los cambios y permita hacer compatible las competencias autonómicas con los principios básicos que deben sustentar nuestro sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues la actual ley data de 1997. UGT  considera que la futura ley debe contar con el mayor consenso posible, para lo cual demandan al Gobierno que en el marco del diálogo social, se mejoren algunos aspectos de la norma, en su tramitación para la elaboración de proyecto de ley.

 

El sindicato destaca la trascendencia que tiene el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad para asegurar el cumplimiento del orden social y para exigir las responsabilidades que correspondan en caso de vulneración. 

Después de un largo proceso de elaboración, el Anteproyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha pasado hoy al Consejo de Ministros, para su aprobación. 

 

La actual Ley reguladora del Sistema de la Inspección de Trabajo, aprobada en noviembre del año 1997, exigía modificaciones estructurales, fundamentalmente para hacer frente al traspaso de funciones y servicios de la función pública Inspectora a distintas Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos de Autonomía contemplan esas competencias, algunas de las cuales las han hecho efectivas. 

 

Era preciso adoptar un modelo que se adecúe a los cambios y permita hacer compatible las competencias autonómicas con los principios básicos que deben sustentar nuestro sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 

Dada la transcendencia de la función Inspectora para garantizar la vigilancia y cumplimiento de las normas del Orden Social y de la concepción única e integral del Sistema, resultan positivas las modificaciones contempladas en el anteproyecto para asegurar la debida coordinación, el funcionamiento cohesionado mediante la coordinación, cooperación y participación de las diferentes Administraciones Públicas. 

 

Durante la tramitación del anteproyecto se han mejorado los distintos borradores elaborados, perfilando mejor aspectos relacionados con las funciones de los cuerpos que la integran, con las estructuras centrales  y periféricas, con la participación institucional, etc,  

No obstante esas mejoras, y la valoración positiva que las mismas nos merecen, quedan aún aspectos importantes que deben ser corregidos, desde el respeto y mantenimiento del diálogo social, en la tramitación para la elaboración de proyecto de ley y parlamentaria. 

 

Queda fuera de duda la transcendencia que tiene el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad para asegurar el cumplimiento del orden social y para exigir las responsabilidades que correspondan en caso de vulneración. 

 

De ahí la necesidad de que la futura ley que lo regule cuente con el mayor consenso posible.

La mesa del expediente del Grupo Árbol-DÍa fija el contenido de la propuesta final

En la reunión de la Mesa  Negociadora del expediente de despido colectivo del Grupo El Árbol, que como os hemos venido informando afecta a los almacenes denominados de Flujo, y que son los de Zafra, Valladolid, Salamanca y Meres, y cuyo proceso de negociación se iniciaba el pasado 19 de febrero, se ha llegado a una propuesta final en la que han quedado recogidas una parte sustancial de los planteamientos que las organizaciones sindicales hemos venido exigiendo durante el proceso de negociación. 

Como recordareis el expediente afectaba inicialmente a 125 personas que ha quedado reducido a 114, al excluirse los jubilados parciales con contratos de relevo, los temporales que finalizan contrato, los que cumplan 61 años en 2015 que accederían a la jubilación parcial. 

Se garantiza la recolocación de 20 recolocaciones en el almacén de Grandas a los de Meres (17 preparadores y 3 maquinistas). En el almacén de Villanubla a los de Valladolid se les garantiza 25 puestos (22 de preparación y 3 de maquinistas) y en el almacén de Mérida a los de Zafra se les garantiza 14 puestos (12 de preparación y 2 maquinistas). Así mismo se abre la posibilidad de recolocaciones para personal de almacén y de estructura en el almacén de Azuqueca con un total de 119 puestos de los que 108 serian para personal de almacén y 11 para estructura. 

Este planteamiento supone que existe la garantía de empleo en almacenes cercanos a los que se cierran de 61 puestos de trabajo y una oferta complementaria en Azuqueca que cubriría el total de puestos afectados por el expediente, si bien, la certeza de empleo por la cercanía se sitúa en el 60%. 

Se fija una indemnización para los contratos que se extingan de 33 días de salario por año de trabajo con el tope de 18 mensualidades. 

Las condiciones de recolocación se fijan de la siguiente manera: Para los recolocados en Granda se mantienen las mismas condiciones que venían disfrutando en el puesto de trabajo desempeñado, puesto que solo hay cambio de centro de trabajo sin cambio ni de convenio ni de empresa. 

Para los recolocados en el almacén de Villanubla y Mérida, se les reconoce de manera individual un Nivel Retributivo Anual Garantizado ( NRG) que es el resultante de sumar los siguientes conceptos brutos que actualmente vienen percibiendo: los conceptos fijos del convenio colectivo ( salario base, antigüedad en el 100% de su valor actual, y plus transporte) y los conceptos fijos fuera de convenio, salvo el plus convenio y plus distancia en el caso de Zafra ya que obedecen a desplazamiento anterior que ahora desaparece. 

Una vez alcanzado el acuerdo se procederá al cálculo de una estimación de cual podría ser la Retribución Real Percibida, por cada trabajador, para lo que tendrán en cuenta el salario base de Día, el 50% de la antigüedad percibida en el Árbol y una  cantidad inferior a la prima media anual de referencia (40%) en el almacén correspondiente. De tal manera que si lo que cobrara el trabajador al final de año con estos conceptos fuera inferior al Nivel Retributivo Garantizado, la empresa abonaría la diferencia en un único pago en la nomina de febrero en concepto de "complemento de NRG". Así mismo, para los trabajadores recolocados en Mérida que incrementen sustancialmente los kilómetros desde su domicilio al nuevo centro de trabajo respecto al antiguo centro de trabajo, percibirán un plus de distancia en compensación al desplazamiento de 125 € brutos mensuales por 11 meses. Igualmente la empresa se compromete a que los trabajadores de Zafra puedan acceder al mismo turno para facilitar el desplazamiento. 

En cuanto a las condiciones para los puestos ofertados en Azuqueca, para mozos, maquinistas y administrativos, la empresa mantendrá la misma retribución bruta que venía percibiendo, si bien deberá adaptarse a la estructura del convenio de aplicación y una vez adaptada si la retribución de rigen es superior se les reconocerá dicha diferencia como complemento personal que será compensable y absorbible. Para el punto de capataces, al ser de nueva creación, se fija una retribución bruta anual de 22.000 € que es superior a la fijada en el convenio de referencia. Además para los que accedan a estas recolocaciones la empresa cubrirá los gastos de mudanza y de desplazamiento al nuevo domicilio, permiso retribuido adicional de dos días a los reconocidos en el convenio de referencia, abono de 1.400€ brutos en concepto de ayuda de alojamiento y en el caso de que se traslade el trabajador con su pareja, esta tendrá, si tiene interés, de entrar en el proceso de selección. 

Adicionalmente y para todos los recolocados se garantiza un plan de formación y adaptación al puesto, de tal manera que si en el plazo de seis meses el trabajador no se adapta al nuevo puesto y como consecuencia de ello la empresa extingue su contrato de trabajo y tal decisión es procedente, le será de aplicación la indemnización pactada en este acuerdo. 

Por otro lado la empresa Día reconoce los acuerdos alcanzados en materia de jubilación parcial, siempre que la legislación actual así lo permita. 

Se crea una bolsa de empleo que estará integrada por los que pierden el puesto de trabajo y la empresa queda comprometida a comunicar todas las vacantes que se produzcan en los almacenes y serán preferentes los que están afectados por el presente expediente, así mismo los puestos de la bolsa de empleo del expediente de tiendas que no se cubran por personal de tiendas podrán ser cubiertos por los afectados de almacenes. 

Finalmente se constituye una Comisión de seguimiento que será la encargada de velar por el correcto funcionamiento de los compromisos del acuerdo y que estará integrada por dos miembros de cada organización sindical. 

Como conclusión podemos deciros que si bien no hemos logrado nuestro objetivo inicial de garantizar el cien por cien de recolocaciones en centros cercanos a los que se cierran, si hemos logrado que más del 60% tengan garantía cierta de recolocación en esos centros, hemos disminuido el número de afectados iniciales por la vía de las jubilaciones parciales, y hemos garantizado para los recolocados su nivel retributivo actual como garantía de mínimo, abriendo la posibilidad de verse incrementada por la vía de la retribución variable, en suma este es el contenido de la propuesta final del conjunto de la mesa negociadora que sometemos a la valoración de los trabajadores y trabajadoras afectados en la confianza de contar con su respaldo para la firma definitiva el próximo día 23 de marzo.

UGT da respuesta a preguntas de sus afiliados este sábado en su 2ª Asamblea Confederal Consultiva

El sindicato ha realizado una consulta entre los afiliados para decidir el contenido de la Asamblea y dar respuesta, durante el desarrollo del acto, a sus inquietudes, preocupaciones y dudas en el día a día. 

1.500 afiliados procedentes de las Comunidades Autónomas participarán el próximo sábado, día 14 de marzo, en la segunda Asamblea Confederal Consultiva del sindicato. 

El acto, que tendrá lugar en el Pabellón Multiusos del Complejo Duques de Pastrana, obedece a la puesta en marcha de los objetivos definidos en el Programa de Acción confeccionado para el 41º Congreso Confederal en aras de mejorar la participación y promover el debate y una mayor implicación de los organismos de base del sindicato, estructuras sindicales y secciones sindicales. 

La iniciativa, que englobará a las diferentes estructuras y representantes de la organización, pretende que los afiliados participen de primera mano en los planteamientos de las distintas políticas confederales, de los análisis que cada situación requiera y se informen y sean informados de la marcha de la organización. 

El sindicato realizó una consulta entre sus afiliados para que fueran ellos quienes decidieran el orden del día de la Asamblea. Se les solicitó que formularan de forma libre preguntas dirigidas a sus federaciones o sectores y a la Comisión Ejecutiva Confederal, o bien que señalaran de una relación de temas, las cuestiones que les parecían más relevantes.

Las preguntas se han agrupado por temas sectoriales y generales –política sindical, negociación colectiva, regeneración y perfil reivindicativo del sindicato, reestructuración del sindicato, cuestiones de organización y democracia interna, éticas y de transparencia- serán planteadas por delegados sindicales de secciones sindicales de empresas de todo el territorio a lo largo de la Asamblea y serán contestadas por los dirigentes que intervengan en el acto.

Con este instrumento de acción, la Unión General de Trabajadores pretende mejorar la eficacia en la defensa de los derechos de los trabajadores, fortalecer la base democrática de la organización y establecer nuevas fórmulas para mejorar la atención a los afiliados.  

Los resultados de esta consulta, realizada entre los días 9 y 18 de febrero, forman parte del marco sindical de cambios que el sindicato va a desarrollar de cara al  próximo congreso confederal ordinario que el sindicato convocará en el comité de mayo. 

La mesa negociadora de Lidl se estanca en los temas esenciales

En la sesión de negociación que la mayoría de la representación sindical de UGT y CCOO, celebró el pasado día 9 de marzo y que llevamos a cabo con la dirección de la empresa Lidl, ha quedado patente las dificultades para solventar de manera adecuada los temas que los negociadores hemos identificado como esenciales del futuro convenio colectivo. 

En este sentido existen diferencias esenciales en cuanto a la determinación de la jornada anual, que como sabéis desde la representación sindical hemos planteado 1790 horas y por parte de la empresa han llegado hasta las 1818 horas, y que desde nuestro punto de vista supondría un incremento sobre la media actual existente en el conjunto de la empresa y por tanto no asumible desde nuestra posición. Así mismo quedarían pendientes los criterios definitivos para la distribución de la jornada anual, existiendo diferencias en cuanto a los días de presencia. Nosotros estamos planteando que sea en 224 días y la empresa, si bien se ha movido de su posición inicial, sigue planteando 228 días, que supondría el solapamiento de cuatro días festivos en los de descanso semanal. Tampoco ha quedado concretada la jornada máxima diaria, ni cuantos días de jornada máxima deberá realizar cada persona a la semana, al mes o bien al año. 

En materia salarial y sobre el último planteamiento de la empresa, que supondría un salario por hora para el grupo tercero, aún no satisfactorio a nuestros planteamientos, puesto que solo alcanzaría a beneficiar a menos del 50% de la actual plantilla, en el primer año de vigencia, y las perspectivas de mejora las sitúa en el último año de vigencia del convenio en el 2017. Quedando aún pendiente los incrementos para los años 2016 a 2018, que la empresa los sigue condicionando a los resultados de rentabilidad pero sin fijar ninguna garantía salarial que sea garante del mantenimiento del poder adquisitivo. 

 

En relación con el trabajo en domingos y festivos de apertura comercial, cuestión que fue  debatida de manera intensa en la sesión del día 9, las diferencias siguen siendo sustanciales; puesto que como recordaréis la empresa planteó desde el inicio su intención de generalizar la obligación del trabajo en estos días de apertura, eliminando la voluntariedad y la compensación adicional que en la actualidad se está llevando a cabo de manera generalizada. 

 

En esta materia se han realizado diferentes propuestas que no han concluido en acercamiento de posiciones, así desde la representación sindical hemos realizado una primera propuesta consistente en salvaguardar la voluntariedad siempre que permita la plantilla necesaria para que se puedan abrir los centros de trabajo y en caso de no alcanzar el número necesario sería obligatorio para el resto de la plantilla de manera rotativa, y manteniendo la compensación adicional que cuantificamos con un recargo sobre el valor de la hora ordinaria que finalmente se pactará en el convenio. Ante esta propuesta la empresa concretó un valor de la hora en domingos y festivos de apertura comercial que se situaba excesivamente alejado de lo que hoy se está pagando, y que cuantificaron en un 30% sobre la hora ordinaria, que en una hipótesis de salario/hora podría situarse en un precio de 3,5€ hora; cuando desde la representación sindical estamos hablando de un precio de 10€ hora adicional al salario ordinario y la devolución del día de descanso. 

 

Así mismo en el debate hemos abordado otras hipótesis sobre el trabajo en domingos y festivos, y que estaría sustentado sobre la decisión voluntaria de la actual plantilla, partiendo de la consolidación personal del valor de lo percibido en el año pasado, que supondría la fijación de un número de aperturas que estarían pagadas por el valor de la consolidación y a partir de ese número un valor para los domingos adicionales que se trabajaran, y que tendría efectos sobre la actual plantilla y las nuevas incorporaciones; todo ello con la previa decisión personal de cada trabajador a aceptar entrar a formar parte de este sistema, quedando exentos de esta obligación los que no aceptasen la misma. 

 

Estos fueron los planteamientos que quedaron sobre la mesa, siendo patente las dificultades para encontrar un punto de encuentro entre las partes y en consecuencia las posibilidades de continuar sondeando sobre el resto de temas, en tanto no seamos capaces de alcanzar solución sobre el trabajo en domingos y festivos.

 

Así mismo sigue pendiente de concretar los efectos sobre las situaciones de incapacidad temporal, que por el momento la empresa no se ha pronunciado y que desde nuestro punto de vista es un tema importante. 

 

Comentaros que existen otros temas que están muy cercanos entre las partes, tales como  clasificación profesional, que estaría conformada por tres áreas funcionales y tres grupos profesionales, con la definición de los puestos de trabajo que lo integrarían y la determinación de los efectos económicos en aquellos puestos donde se realicen tareas complementarias, como pudiera ser el caso de los toreros en los almacenes. 

 

En definitiva podemos deciros que el futuro convenio colectivo de empresa se encuentra en una encrucijada de difícil solución, puesto que las posiciones de las partes están muy alejadas en las cuestiones esenciales, y por tanto quizás sea necesario un proceso de reflexión de las partes que pudieran ayudar a dar un impulso a la negociación, pero que en estos momentos vemos muy difícil.

Los sindicatos europeos reclaman acciones nacionales y europeas contra el fraude fiscal

Los sindicalistas europeos han abogado hoy de manera conjunta por una mayor justicia fiscal y han reclamado nuevas acciones nacionales y europeas para poner fin al fraude y a la evasión fiscal, a los paraísos fiscales y a la planificación fiscal agresiva.

 

“Cuando los gobiernos reducen los gastos y que los ciudadanos de a pie están bajo presión por el aumento de los precios y del estancamiento de los salarios, las personas que ostentan más riqueza y las empresas multinacionales no pagan en proporción lo que deberían”, ha declarado Bernadette Ségol, Secretaria General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). “Los sindicatos exigen justicia fiscal. Cada euro fuera de impuestos es un euro menos para los servicios y las prestaciones básicas. Ya es hora de dar mayores pruebas de equidad”.

 

Entre las medidas que el Comité Ejecutivo de la CES apoya hoy, se encuentran:

• La división de las cuatro grandes sociedades de consultoría financiera (las “Big Four”);
• Una reforma estructural urgente a favor de inversiones en las administraciones fiscales nacionales y para su capacitación en investigación;
• La exclusión de los mercados públicos de los usuarios de los paraísos fiscales;
• La obligación para las empresas multinacionales de publicar sus cuentas completas en cada país donde operan.

“El fraude y la evasión fiscal prosperan gracias a la falta de información sobre los flujos de capital y sobre la propiedad de los activos en el plano internacional”, ha añadido Bernadette Ségol. “Los gobiernos nacionales se preocupan más de la competencia fiscal que de la cooperación y también más de administrar que de investigar”.

 

Sólo en la Unión Europea se calcula que se pierde una recaudación pública de 1 billón de euros al año debido a la evasión y al fraude fiscal.

 

Luca Visentini, propuesto a la Secretaría General de la Confederación Europea de Sindicatos.

UGT apagará la iluminación de sus edificios en apoyo a “La Hora del Planeta 2015”

UGT se une a la campaña de WWF​ “La Hora del Planeta 2015” que, bajo el lema “cambiar el cambio climático” se propone apagar la iluminación de las ciudades el próximo 28 de marzo entre las 20:30 y las 21:30 horas. 

Con tal motivo, el sindicato apagará la iluminación de los edificios de la sede Confederal, la Escuela Julián Besteiro y el situado en Avenida de América, en Madrid.

Este año la iniciativa cobra especial relevancia, porque el compromiso colectivo de millones de personas con sus acciones individuales, organizaciones y entidades apostando por la eficiencia en el uso de la energía y la promoción de las energías renovables para reducir las emisiones, tiene que ser un potente estímulo para que se alcance un nuevo Acuerdo multilateral a favor del Clima. 

Un acuerdo vital y que se debe de alcanzar en la Conferencia de Cambio Climático que tendrá lugar en París en el mes de diciembre.​

El AENC debe garantizar el crecimiento real de los salarios

En el pasado mes de enero se han registrado 343 convenios que afectan a 1.034.549 trabajadores de 84.852 empresas con una subida salarial media de 0,63% y una jornada media de 1.754,37 horas al año. 

Los convenios nuevos son 35 y alcanzan a 108.269 trabajadores con tienen una subida salarial de 0,47% mientras los convenios revisados son 308, para 926.280 trabajadores con una subida media de 0,65%.

De los convenios firmados, 244 son convenios de empresa que afectan a 74.717 trabajadores y recogen una subida salarial media de 0,56%; y 119 de ámbito superior a la empresa, que dan cobertura a 959.832 trabajadores con una subida media de 0,64%.

Además, se han firmado 162 inaplicaciones de convenio que afectan a 3.797 trabajadores.

A estas alturas y, en relación con la negociación de 2014 respecto del último año consolidado (2012), falta por negociarse el convenio para el 48,02% de los trabajadores y el 30,51% de las empresas.

La cláusula de revisión salarial se recoge sólo en el 12,54% de los convenios y afecta únicamente al 15,79% de los trabajadores con convenio para 2015. El continuo descenso de esta cláusula y su cobertura actual resulta manifiestamente insuficiente por lo que UGT señala que es preciso incorporar estas cláusulas en el mayor número posible de convenios colectivos para preservar la negociación salarial firmada de los incrementos de precios por encima de la previsión. 

La negociación colectiva tiene que apostar por el crecimiento de los salarios reales para consolidar la reactivación y reducir las situaciones de pobreza laboral que se han generado durante la crisis. Los trabajadores deben participar de la nueva etapa de crecimiento con más empleo, de más calidad y con mejores sueldos.

No es posible firmar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva si no se recogen criterios salariales coherentes con la situación: si la economía mejora y la productividad aumenta, el crecimiento real de los salarios debe estar garantizado.

 

Informe "Situación de la negociación colectiva" (hasta enero de 2015).

Los acuerdos del SIMA en 2014 beneficiaron a 700.000 trabajadores y 80.000 empresas

El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA)​, tramitó  en 2014 un total de 387 expedientes, que afectaron a un total de 3.333.155 trabajadores/as y 218.136 empresas, según se desprende de la Memoria 2014 ​presentada hoy por la presidenta de la Fundación, Elena Gutiérrez Quintana.

 

El SIMA, fundación creada y gestionada por las Organizaciones Empresariales y Sindicales firmantes del ASEC en el año 1996, es la institución a la que el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (sistema extrajudicial) -ASAC- ha encomendado la gestión de los procedimientos de mediación y arbitraje regulados en dicho Acuerdo.

 

La principal característica de la actividad de la Fundación en el año 2014 ha sido la consolidación de una tendencia de crecimiento de los procedimientos tramitados. La Fundación tramita ya una media anual de 356 expedientes en los últimos cinco años (2010-2014) frente a los 245 que tramitaba en el periodo (2005-2009). Estas cifras, que suponen un incremento del 45% si comparamos los dos periodos, nos muestran una cada vez mayor confianza de empresarios y trabajadores en la solución pactada frente a la solución judicial.

Los procedimientos tramitados por la Fundación en 2014 suponen una reducción del 28% respecto del año anterior, en el que se tramitaron 537 procedimientos.

 

En cuanto al resultado final de los procedimientos de mediación, en 2014 se alcanzó un acuerdo en el 28% de los mismos, si bien hay que tener en cuenta que un 10% se corresponde con mediaciones que no llegaron a celebrarse, o porque se archivaron los expedientes, o porque una de las partes no asistió al acto de mediación. De hecho, si se restan los procedimientos en los que la mediación no se llegó a celebrar y los que están en tramitación, el porcentaje de acuerdos de mediación efectiva se elevaría al 31%.

 

Los acuerdos alcanzados en el SIMA afectaron a un total de 689.777 trabajadores/as y a 76.742 empresas

En concreto, los acuerdos alcanzados en los procedimientos de mediación previa a la convocatoria de huelga ascendieron a un total de 16 y afectaron a un total de 38.926 trabajadores/as.

 

El tipo de conflicto que dio lugar al mayor uso por las partes en 2014 en los servicios del SIMA fue el de interpretación y aplicación con el 72%, seguido a gran distancia por el de mediación previa a la convocatoria de huelga con el 20% del total de los tramitados. En este último caso se ha producido una reducción del 3% respecto a los datos de 2013.

 

En el año 2014, la materia salarial y la de los procedimientos relacionados con reestructuración de empresas fueron los que mayor número de procedimientos aglutinaron con 155 expedientes, que suponen el 40% del total de los tramitados. Pese que la materia salarial continúa siendo la que mayor porcentaje de expedientes acapara en 2014, con un 21%, esta materia se reduce en 22 puntos porcentuales respecto al año 2013.

 

Igualmente destacar el incremento de los procedimientos relacionados con tiempo de trabajo que se incrementan hasta el 13% sobre el total de los tramitados, así como de otras materias como las relacionadas con derechos sindicales con el 11% y  las relacionas con impugnación de convenios colectivos con el 6% sobre el total de los tramitados.

 

En cuanto a los sectores que más utilizaron los servicios de la Fundación, por número de procedimientos destacan el de Contact center con el 14% del total de los procedimientos tramitados, el de Servicios financieros con el 10% y el Sector del metal con el 7%.

Desde el año 1996 en que se suscribió el primer Acuerdo se han sucedido cuatro más, el último de fecha 7 de febrero de 2012, en vigor hasta 2016.

 

Los instrumentos que la fundación pone a disposición de las partes son la mediación, en la que un mediador propone a las partes en conflicto soluciones que ellas pueden libremente aceptar o rechazar, y el arbitraje, en el que un árbitro adopta una decisión que resuelve el conflicto y que es vinculante.

UGT y CCOO solicitan al Gobierno una ley que solucione el sobreendeudamiento de las familias y les dé una segunda oportunidad

UGT solicita al Gobierno que elabore una Ley de Segunda oportunidad para permitir a los trabajadores mantener su vivienda o acceder a otra en régimen de alquiler social, así como a rehacer su vida sin tener que arrastrar una deuda de por vida. El Tribunal de la Unión Europea, puso en entredicho nuestro sistema de ejecución hipotecaria, y la total desprotección de los trabajadores ante las entidades financieras y la falta de una segunda oportunidad, una cuestión que también ha reclamado el propio Defensor del Pueblo y los Jueces Decanos de España. El sindicato defiende establecer mecanismos adecuados de quita o condonación de la deuda, para deudores de buena fe, fijando procedimientos de mediación alternativos en caso de sobreendeudamiento por cláusulas abusivas, y a costes asequibles (incluso modificando a tal fin la Ley de Justicia gratuita). Asimismo, consideran justo que las entidades financieras, que han sido rescatadas con el esfuerzo de todos los ciudadanos, colaboren ahora en el rescate de los trabajadores, sobreendeudados, en muchas ocasiones, por la mala praxis bancaria.

La crisis económica y financiera sufrida desde el año 2007, a quién más ha afectado es a los trabajadores y trabajadoras de este país.

La recuperación de la demanda a través del consumo es muy difícil, fundamentalmente por la pérdida de renta causada por el aumento del desempleo, el empeoramiento de la condiciones salariales y el sobrecoste que ha supuesto para las familias la hipervaloración de los inmuebles, que llevó a la comercialización desmesurada de hipotecas, y otros productos bancarios en una época, en que parecía que la burbuja inmobiliaria nunca iba a estallar.

Según los datos del Banco de España: “la deuda de las familias alcanzó el 83% en 2007, un valor que supera al del promedio de la UE, y en términos del PIB, dicho endeudamiento ha seguido aumentando alcanzando su valor máximo en 2010.

Además, la trayectoria seguida por los salarios en España está provocando un aumento de las desigualdades y la pobreza. La extensión del desempleo y la pérdida salarial han tenido consecuencias sobre la capacidad adquisitiva de las familias españolas. Se ha producido un descenso de los salarios reales en el conjunto del periodo 2010 a 2013, acumulando una pérdida salarial real de 7,2 puntos. Asimismo se ha producido un aumento de la población en riesgo de pobreza. El indicador de población en riesgo de pobreza o exclusión social contenido en la Estrategia Europa 2020, indica que España se encuentra en una situación preocupante: el 27,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, casi 3 puntos por encima que en 2009 (24,7% de la población).

A esto hay que unirle la situación creada por el retraso de casi tres años en el abono de las prestaciones, a los trabajadores, en caso de insolvencia de las empresas, de sus indemnizaciones y salarios, por parte del FOGASA, retraso que ha supuesto, no disponer en total de casi mil millones de euros, por parte de las familias, en el conjunto de España.

La situación hipotecaria

En España, desde enero de 2008, hasta septiembre de 2014, últimos datos de que se dispone, según el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), se produjeron 559.968 ejecuciones hipotecarias, lo que ocasionó 366.090 propuestas de desahucio en los Juzgados (lanzamientos recibidos), produciéndose el desahucio en 232.077 ocasiones (lanzamientos con cumplimiento positivo).

Ante esta situación el Gobierno implementó una serie de medidas legislativas: el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, así como el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores. Sin embargo, esta medidas, tanto por el corto alcance de sus beneficiarios, así como por la falta de voluntad de las entidades financieras, a las que sí ha salvado el Gobierno, no han conseguido ni paralizar las ejecuciones hipotecarias, ya que en los nueve primeros meses de 2014, según la estadística del CGPJ, se incrementaron un 6% respecto al mismo periodo de 2013, ni tampoco ha logrado reducir el número de desahucios, ya que, según la misma estadística judicial, los lanzamientos practicados como consecuencia de un procedimiento de ejecución en ese mismo periodo, se incrementaron un 15,2% respecto al año anterior.

Los bancos españoles recibieron 41.300 millones de euros del rescate bancario de la Comisión Europea, mientras tanto, el presupuesto que destina el Gobierno de España para mejorar el acceso a la vivienda ha disminuido durante la última legislatura un 33%, 394.4 millones de euros menos, lo que ha reducido sustancialmente las ayudas a las que podrían acogerse los trabajadores sin recursos para poder acceder a una vivienda en cualquiera de sus modalidades. Además, la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona, vino a promover la importante sentencia del Tribunal de la Unión Europea (STUE) de 14 de marzo de 2013, 14 de junio de 2012 y 17 de julio de 2014, ha puesto en entredicho a nuestro sistema de ejecución hipotecaria, poniendo de manifiesto la total desprotección de los trabajadores ante las entidades financieras y la falta de una segunda oportunidad.

Hipotecas multidivisa, la manipulación del libor, el euríbor y otros productos financieros

Las hipotecas multidivisa se comercializaron indiscriminadamente, en los años 2007 y 2008, entre trabajadores y trabajadoras sin conocimientos financieros, con un salario medio, y sin posibilidades de afrontar un cambio como el que ha supuesto la quiebra de Lehman Brothers, que determinó la caída del valor del Euro, y que ha llevado a una guerra de divisas sin precedentes que culminó con la eliminación del tipo de cambio fijo por parte del Banco Nacional de Suiza (BNS), lo que ha llevado al incremento de la deuda hipotecaria de miles de trabajadores y trabajadoras, todos los hipotecados en una moneda diferente al euro, que en determinados momentos ha supuesto casi más del 60 % del valor inicial en el que se endeudaron para la compra de su casa, con el consiguiente drama familiar que ha supuesto una hipoteca que ya no se comercializa .

La Sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014, resolviendo una cuestión prejudicial planteada desde Hungría, en relación con una hipoteca multidivisa, para conocer la interpretación de los artículos 4, apartado 2 y 6 apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, determinó que las cláusulas multidivisa son abusivas al causar en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante, de las prestaciones.

El Defensor del Pueblo y los Jueces Decanos

Tanto el Defensor del Pueblo como los Jueces Decanos de España en su reunión del pasado 1-3 de diciembre de 2014, han propuesto que se contemple legalmente una segunda oportunidad para las personas físicas, ciudadanos no empresarios, así como que se module la aplicación del art. 1911 Cc para los supuestos de sobreendeudamiento. Entre otras manifestaciones han insistido en que:

“Otros ordenamientos jurídicos han abordado el problema, estableciendo la figura de la exoneración de deudas pendientes, con diferentes modalidades, generalmente para los casos de endeudamiento excesivo de personas físicas honestas, que ven perdonadas sus deudas sin el consentimiento de los acreedores”.

“Esta figura no encuentra su reflejo en el ordenamiento jurídico español, que sigue el principio de responsabilidad patrimonial universal para las personas físicas (artículo 1911 del Código Civil), y la ley Concursal española recoge como finalidad del concurso, la satisfacción de los acreedores; además, propicia en todo momento que el deudor anticipe el concurso para evitar que la situación se agrave en perjuicio de los acreedores”.

“La cuestión fundamental es que las personas físicas no tienen la posibilidad de proteger su patrimonio. Quienes no están en el umbral de exclusión, únicamente encuentran respuesta en el ordenamiento jurídico si su insolvencia es mínima”.

Se hace necesario por tanto, elaborar nuevos mecanismos legales y sociales, en el ámbito o fuera de la Ley Concursal, que permitan a los trabajadores afectados por esta crisis volver a tener una segunda oportunidad. 

Por ello, desde las Confederaciones sindicales de CCOO y UGT, solicitamos al Gobierno de España que proponga y elabore una Ley que permita a los trabajadores mantener su vivienda o acceder a otra en régimen de alquiler social, así como a rehacer su vida laboral y personal sin tener que arrastrar una deuda por vida. 

Para ello se hace necesario elaborar una Ley de Segunda oportunidad con mecanismos adecuados de quita o condonación de la deuda para deudores de buena fe, con el establecimiento de procedimientos de mediación previos o alternativos o en caso de sobreendeudamiento por cláusulas abusivas, determinados en la norma, para su correcta articulación y cumplimiento. Y a costes asequibles, incluso modificando a tal fin la Ley de Justicia Gratuita.

Consideramos justo que las entidades financieras a las que se han rescatado con el esfuerzo de todos los ciudadanos, y a cuya costa han acumulado un importante parque de viviendas, muchas de ellas adquiridas por el SAREB, colaboren ahora en el rescate de los trabajadores y trabajadoras de este país, sobreendeudados en muchas ocasiones, por su mala praxis bancaria.

 

Para ver la declaración, Pulsa

Aumentan los empleos precarios y los accidentes laborales

El número de accidentes laborales, de enero a noviembre de 2014, se incrementó un 2,84% (30.176 más) respecto al mismo periodo del año anterior, y se rompe la tendencia a la baja que se venía registrando desde 2012. El aumento del empleo precario y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, propiciado por la reforma laboral, son un factor de riesgo que incrementa la siniestralidad laboral. El sindicato demanda un mayor compromiso empresarial y de las Administraciones en el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, reclama la puesta en marcha de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 y una mayor vigilancia y control en el cumplimiento de la ley por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, critica el empeño de las mutuas por reducir las estadísticas, infranotificando los accidentes de trabajo a costa de la salud de los trabajadores.

El total de Accidentes de Trabajo producidos de enero a noviembre de 2014 ha ascendido a 1.091.347 esto significa que se ha producido un incremento del 2’84%, 30.176 accidentes más que en 2013. De ellos, 445.305 han causado baja, 20.959 trabajadores más (4’9%) que en el mismo periodo de 2013 y 646.042 han sido accidentes sin baja, 9.127 más que en el 2013 (1,4%). Los datos revelan que sigue produciéndose un mayor número de accidentes de trabajo sin baja, algo que se viene repitiendo desde que comenzó la crisis y que manifiesta que, en muchos casos, los trabajadores están asistiendo enfermos a sus empresas, en parte porque las Mutuas infranotifican los Accidentes de Trabajo, de cara a reducir estadísticas.

La estadística revela también que han aumentado los Accidentes de Trabajo con baja en Jornada de trabajo, en un 5% respecto del 2013, 18.474 trabajadores más., si bien el grado de mortalidad es similar (410, uno más que en el mismo periodo del año anterior).

Los accidentes de trabajo crecen en todos los sectores, donde más se registran es en el sector servicios, pero donde más se incrementan, con un 9,1% es en la agricultura. En cuanto al número de accidentes mortales pasa lo mismo, donde más se producen es en el sector servicios (fallecieron 196 personas), pero donde más se incrementa la mortalidad es en el sector agrícola y en la construcción (72 y 63 trabajadores, respectivamente).

En cuanto a los índices de incidencia, es decir la población asalariada respecto de los Accidentes de Trabajo producidos, sube también en todos los sectores. De nuevo, es el sector agrícola donde se registra mayor índice de incidencia respecto a los accidentes mortales (hay una subida de 37’7 puntos respecto de noviembre de 2013).

Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la que tiene el mayor número de accidentes de trabajo con baja (67.935) y Andalucía donde se produce mayor número de accidentes graves (692) y donde se registra mayor número de trabajadores fallecidos (70).

Más del 63% de los trabajadores fallecidos en accidentes de trabajo tiene más de 45 años y donde se producen más accidentes de trabajo con baja es entre los 35 y 39 años. Por otro lado, la siniestralidad se centra muy mayoritariamente en los hombres, encabezan todas las estadísticas en cuanto a accidentes leves, graves y mortales (fallecieron 389 trabajadores y 21 trabajadoras).

UGT considera que la precariedad que se está produciendo a lo largo de la crisis y que se ha incrementado en el último año es una de las causas de que se esté produciendo este mayor aumento de los accidentes de trabajo. La temporalidad, la subcontratación y el empeoramiento de las condiciones de trabajo están repercutiendo en un descenso de la salud laboral.

Para poner cerco a la siniestralidad, el sindicato exige que se extreme la vigilancia y el control en el cumplimiento de la ley por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un mayor compromiso de las empresas y las Administraciones para que integren la Prevención de Riesgos Laborales, y el desarrollo de la  Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

La brecha salarial se dispara en España y nos aleja de Europa

Las trabajadoras españolas cobraron de media en el año 2012, 6.144,72 euros anuales menos que los hombres, disparándose la brecha salarial hasta el 23,93%, la más alta de los últimos cinco años, una cifra que nos aleja de la media de la UE y nos sitúa en los niveles de 2002.

 

Esto traducido en días supone que las mujeres tendrían que trabajar 79 días más al año que los hombres, y para alcanzar retribuciones equivalentes a las que reciben los hombres en 35 años, las mujeres deberían trabajar 46 años y medio.

 

La brecha salarial, contabilizada en euros, alcanzó la cantidad de 27.783 millones que dejaron de percibir las mujeres, 25.770 millones de euros que dejaron de percibir las trabajadoras con jornada a tiempo completo y 2.005 millones  que dejaron de ingresar las trabajadoras tiempo parcial. Éstas son solo algunas de las conclusiones aportadas por UGT en el Informe: “Trabajar igual, Cobrar Igual”, con motivo del Día por la Igualdad Salarial que se celebra el 22 de febrero.

 

UGT achaca a las políticas de austeridad el aumento de las desigualdades sociales, el empobrecimiento de la clase trabajadora y el incremento de la brecha salarial. 

 

• El 28,1% de las mujer
  es estaban, en el año 2012, en situación de riesgo de pobreza o exclusión social.
• El 75,21% de la jornada laboral a tiempo parcial es desempeñada por mujeres. Una de cada cuatro trabajadoras tienen jornada laboral a tiempo parcial, trabajadoras que no han percibido nunca salarios que superen los 11.000 euros anuales brutos.
• Varios sectores de actividad superan el 30% de diferencia entre mujeres y hombres.
• En el sector de la Educación se ha triplicado la brecha salarial en los últimos 5 años.
• El peor retribuido de todos los sectores, el de la Hostelería, empleo en nuestro país a 700.000 mujeres.
• Sólo 5 Comunidades Autónomas tienen una brecha salarial inferior a la media nacional, del 23,93%.