UGT diseña un Protocolo de Intervención y Prevención de las drogodependencias y adicciones en el ámbito laboral

“UGT considera que las drogodependencias y adicciones en el ámbito laboral son un problema que requiere de la actuación de todos los agentes y que parte de una idea clara, y es que estamos ante una enfermedad y como tal debe ser tratada”.

La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Marisa Rufino, ha realizado estas declaraciones en una jornada sobre la prevención de las drogodependencias y adicciones dirigida a delegados de RTVE, un taller organizado por el sindicato para informar, sensibilizar y prevenir sobre esta problemática y que se impartirá a delegados de diversos ámbitos.

Según la última encuesta EDADES del año 2013, elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas, las sustancias consumidas por un mayor porcentaje de personas entre 15-64 años son el alcohol (78,3%), el tabaco (40,7%) y los hipnosedantes (12,2%). Con estos datos se observa que desde el 2011 se ha incrementado el consumo de sustancias legales, y por el contrario disminuye ligeramente el consumo de sustancias ilegales como cannabis (9,2%) y cocaína (2,2%).

Marisa Rufino ha señalado que “las drogodependencias y adicciones deben ser tratadas como una cuestión de salud dentro del ámbito laboral analizando la influencia que puedan tener las condiciones de trabajo en la seguridad y salud de los trabajadores”.

“Estas condiciones y el medio ambiente de trabajo pueden llevar al inicio, al mantenimiento o la recaída en las adicciones, lo cual hace más vulnerable al trabajador y puede aumentar la posibilidad de que se produzcan accidentes, conflictos, absentismo y otros problemas asociados a la disminución de la productividad”.

La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT ha resaltado que el sindicato comparte la idea de la OMS y la OIT de que “es necesario actuar frente al problema, implantando en las empresas programas de prevención que deben respetar la dignidad del trabajador, garantizar la total confidencialidad y además, proteger la seguridad en el empleo y los ingresos del trabajador durante el período de tratamiento, igual que ocurre con el resto de los problemas de salud”.

“Por todo ello” ha destacado “desde UGT vamos a realizar, con financiación del Plan Nacional sobre Drogas, acciones de información y sensibilización, seminarios, talleres, elaboración y distribución de material informativo, con el fin de prevenir y facilitar las herramientas necesarias a los delegados, trabajadores, servicios de prevención e incluso empresas, para abordar esta problemática a través de la implantación del Protocolo de Intervención y Prevención de las drogodependencias y adicciones diseñado por el sindicato, bien a través de la negociación colectiva o de acuerdos de empresa en el seno del comité de seguridad y salud”.

Rufino ha manifestado que, los puntos de partida de este protocolo son: el tratamiento de las drogodependencias y adicciones como una enfermedad, que el consenso junto con la participación de los representantes de los trabajadores son imprescindibles para su desarrollo, que se integre dentro de la política preventiva de la empresa, que aborde desde la prevención hasta la reinserción laboral, formar e informar a todos los trabajadores, ser accesible y de aplicación a todos los estamentos laborales y el carácter voluntario para los trabajadores, respetando en todo momento la confidencialidad de los mismos.  

Aumentan los empleos precarios y los accidentes laborales

El número de accidentes laborales, de enero a noviembre de 2014, se incrementó un 2,84% (30.176 más) respecto al mismo periodo del año anterior, y se rompe la tendencia a la baja que se venía registrando desde 2012. El aumento del empleo precario y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, propiciado por la reforma laboral, son un factor de riesgo que incrementa la siniestralidad laboral. El sindicato demanda un mayor compromiso empresarial y de las Administraciones en el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, reclama la puesta en marcha de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 y una mayor vigilancia y control en el cumplimiento de la ley por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, critica el empeño de las mutuas por reducir las estadísticas, infranotificando los accidentes de trabajo a costa de la salud de los trabajadores.

El total de Accidentes de Trabajo producidos de enero a noviembre de 2014 ha ascendido a 1.091.347 esto significa que se ha producido un incremento del 2’84%, 30.176 accidentes más que en 2013. De ellos, 445.305 han causado baja, 20.959 trabajadores más (4’9%) que en el mismo periodo de 2013 y 646.042 han sido accidentes sin baja, 9.127 más que en el 2013 (1,4%). Los datos revelan que sigue produciéndose un mayor número de accidentes de trabajo sin baja, algo que se viene repitiendo desde que comenzó la crisis y que manifiesta que, en muchos casos, los trabajadores están asistiendo enfermos a sus empresas, en parte porque las Mutuas infranotifican los Accidentes de Trabajo, de cara a reducir estadísticas.

La estadística revela también que han aumentado los Accidentes de Trabajo con baja en Jornada de trabajo, en un 5% respecto del 2013, 18.474 trabajadores más., si bien el grado de mortalidad es similar (410, uno más que en el mismo periodo del año anterior).

Los accidentes de trabajo crecen en todos los sectores, donde más se registran es en el sector servicios, pero donde más se incrementan, con un 9,1% es en la agricultura. En cuanto al número de accidentes mortales pasa lo mismo, donde más se producen es en el sector servicios (fallecieron 196 personas), pero donde más se incrementa la mortalidad es en el sector agrícola y en la construcción (72 y 63 trabajadores, respectivamente).

En cuanto a los índices de incidencia, es decir la población asalariada respecto de los Accidentes de Trabajo producidos, sube también en todos los sectores. De nuevo, es el sector agrícola donde se registra mayor índice de incidencia respecto a los accidentes mortales (hay una subida de 37’7 puntos respecto de noviembre de 2013).

Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la que tiene el mayor número de accidentes de trabajo con baja (67.935) y Andalucía donde se produce mayor número de accidentes graves (692) y donde se registra mayor número de trabajadores fallecidos (70).

Más del 63% de los trabajadores fallecidos en accidentes de trabajo tiene más de 45 años y donde se producen más accidentes de trabajo con baja es entre los 35 y 39 años. Por otro lado, la siniestralidad se centra muy mayoritariamente en los hombres, encabezan todas las estadísticas en cuanto a accidentes leves, graves y mortales (fallecieron 389 trabajadores y 21 trabajadoras).

UGT considera que la precariedad que se está produciendo a lo largo de la crisis y que se ha incrementado en el último año es una de las causas de que se esté produciendo este mayor aumento de los accidentes de trabajo. La temporalidad, la subcontratación y el empeoramiento de las condiciones de trabajo están repercutiendo en un descenso de la salud laboral.

Para poner cerco a la siniestralidad, el sindicato exige que se extreme la vigilancia y el control en el cumplimiento de la ley por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, un mayor compromiso de las empresas y las Administraciones para que integren la Prevención de Riesgos Laborales, y el desarrollo de la  Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

Es más barato invertir en la prevención del estrés laboral que asumir sus costes

Es más barato invertir en prevención de riesgos psicosociales que asumir sus costes. Los tiempos de crisis no pueden ser excusa para dejar la prevención a un lado. Al contrario, desde UGT exigimos que se garantice la prevención eficaz de todos los riesgos, y en particular, de los riesgos psicosociales, que deben abordarse como lo que son, riesgos laborales a prevenir y no como riesgos externos al ámbito de trabajo, como sentencia la Audiencia Nacional y como estableció ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para toda Europa.

 

Así lo ha reflejado la Secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, durante su intervención en una jornada sobre estrés laboral organizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde ha recordado que la Comisión Europea ha promovido recientemente un proyecto en el que se estimó que el coste de la depresión relacionada con el trabajo en Europa asciende a 617 billones de euros anuales. En el resto de países de la Unión Europea también hay estudios de la misma temática, como en Dinamarca, donde el coste del estrés laboral se calculó entre 2.3 y 14.7 billones de coronas al año, en Francia el coste se estimó entre 1.17 y 1.97 billones de euros al año o en Alemania fue de 29.2 billones de euros.

 

El problema de los riesgos psicosociales es creciente y ampliamente conocido, afecta a todos los países, profesiones y trabajadores. Por ello, UGT considera necesario un desarrollo de políticas que promuevan la prevención de estos riesgos, llamados emergentes, pero que en realidad siempre han estado en el mundo laboral. La mayor precariedad del trabajo o la inseguridad laboral (hoy convertida en regla por la reforma laboral) son algunos de los factores que favorecen la aparición de trastornos mentales entre la población trabajadora.

 

Marisa Rufino ha señalado que, según la encuesta Flash Eurobarometer 398, solicitada por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, hemos conocido que el 53% de los trabajadores considera la exposición al estrés como el principal riesgo de seguridad y salud al que tienen que hacer frente en su lugar de trabajo. Además, el 27% de los trabajadores de la UE dicen haber experimentado estrés causado o agravado por el trabajo (en el caso de España esta cifra se eleva hasta el 31%).

La reforma de la Ley de Mutuas menoscaba el derecho a la salud

La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Marisa Rufino, ha rechazado nuevamente el Proyecto de Ley del Gobierno por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

 

Durante su intervención en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, ha recalcado este rechazo “pues la mayoría de las modificaciones legales que contiene no se justifican”.

 

“Ya hemos sufrido suficientes recortes de derechos sociales y laborales en los últimos años como para avalar uno más. No se nos puede atemorizar con una nueva norma que menoscaba incluso el derecho a la salud. Una norma que prioriza la gestión económica por encima de la dignidad de las personas”.

 

Marisa Rufino ha resaltado que este proyecto de ley se ha presentado sin contar con las organizaciones sindicales. “Lamentamos que, a pesar de la trascendencia de esta norma, no haya habido consulta ni negociación, sobre todo cuando ya se habían alcanzado consensos básicos en esta materia en el Consejo Económico y Social (CES) y más aún cuando los interlocutores sociales hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad para alcanzar diferentes acuerdos, también en esta materia”.

 

En este sentido, el Gobierno pretende “de nuevo, imponer una ley que ha generado el rechazo de todas las partes, como ya sucedió con la ley del aborto. Pero están aún a tiempo de retirarlo”.

Además, “no se plantea la participación de los trabajadores y sus representantes en la elección de la Mutua o en la elección de facultativo, con lo que los beneficiarios de los servicios no tenemos nada que decir al respecto. Incluso, menoscaba la participación sindical en los órganos de control y seguimiento, así como en las comisiones de prestaciones especiales, como si molestásemos”.

En relación con el proyecto presentado, Marisa Rufino ha considerado que “sitúa la gestión privada en una posición dominante sobre la pública, algo paradójico teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones en que la Seguridad Social se ha visto obligada a sancionar a las Mutuas por la “incorrecta gestión” de los recursos públicos”.

 

“Lejos de pretender mejorar, clarificar, evitar y no repetir los errores cometidos, viene a premiar esta cuestionable gestión, con un aumento de sus competencias presentes y dejando en el horizonte un aumento de sus competencias en el futuro”. Por ello, la Unión General de Trabajadores viene solicitando informes continuos y completos de la situación económica de cada Mutua.

Para la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, “el Gobierno se ha olvidado del carácter social de la Seguridad Social, atacando al sistema público sanitario y permitiendo la privatización de la asistencia sanitaria de los trabajadores”.

 

Además, el Ejecutivo “pretende modificar la regulación de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes, algo que evidentemente rechazamos, ya que la protección social del trabajador en situación de Incapacidad Temporal no puede estar en manos del empresario, ya que el conflicto de intereses es incompatible con esta gestión de servicios”.

En este sentido, “no parece lógico que las decisiones sobre la reinserción y recuperación de la salud de los trabajadores, por causas ajenas al trabajo, se ponga en manos de “asociaciones privadas de empresarios”.

 

Marisa Rufino ha destacada también otras dos medidas recogidas en este proyecto de Ley que tienen un impacto negativo sobre los trabajadores: posibilitar el control de las mutuas desde el primer día de baja, “algo que tiene como único objetivo reducir la prestación económica que desde el cuarto hasta el decimoquinto día le corresponde abonar al empresario”; y la segunda reforzar las propuestas de alta de las mutuas, “acortando los plazos de contestación y eliminando el plazo de diez días que tenía el facultativo para emitir un informe, algo que va a conseguir lo contrario, que las no contestaciones en plazo se incrementen”.

 

Por todo ello, desde UGT se ha rechazado este proyecto, que “supone un nuevo recorte para los derechos de los trabajadores que no corrige la falta de transparencia en la gestión de las mutuas, que menoscaba la participación sindical en el control y seguimiento de las mismas y que supone una privatización parcial del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público de Salud”.