El
grupo IDC Salud ha llegado a acuerdos en los últimos meses para adquirir la
sociedad de prevención de la Fraternidad y MC Mutual, por un montante de 52 millones, por su parte
la Mutua Universal pactó venderle la suya por otros 25 millones. Si compra como
parece que así será la Sociedad de Prevención de Fremap estaríamos hablando de
un 30% del mercado, y sin crear problemas con la Comisión Nacional de la
Competencia. El Ministerio de Empleo aún debe aprobar las ventas, las cifras no
son oficiales sino de fuentes de las negociaciones, según el diario El País.
Para
la FSP-UGT de Madrid esta es una nueva puerta de entrada a las empresas que
hacen negocio de la sanidad, fundamentalmente empresas de capital riesgo,
desplazando las patronales tradicionales de la sanidad privada, asegurándoles
el negocio por la vía legislativa e induciendo a los trabajadores a acudir a
una empresa privada en lugar de ser atendidos por su médico del SNS. Así, les
garantizan el negocio que de otra manera no tendrían. El objetivo es sacar al
Estado de los servicios públicos para dar entrada al sector privado, para
generar negocio.
Bajo
este prisma se pretende desplazar la atención sanitaria a estas empresas
haciendo que miles de trabajadores se enfrenten a problemas de altas cuando aún
están enfermos, de persecución para dar de alta cuanto antes a pesar del estado
de salud o, incluso, que algunas mujeres embarazadas hayan tenido problemas
porque las mutuas se han negado a dar la baja durante los tres primeros meses
de embarazo.
Privatizar
la atención sanitaria y el control de las bajas de los trabajadores y las
trabajadoras es un verdadero despropósito en cuanto a la protección de la
salud. Más teniendo en cuenta que ponemos en mano de empresas capital riesgo un
valor, la salud laboral, del que opinan que “ahora
es muy poco rentable porque es un
sector muy pequeño y atomizado” o incluso la propia Patronal de los SPA que
expresan que “este es un sector con
escaso margen y poco valor añadido”. En conclusión se
retraen responsabilidades renunciando a una labor que ha de ser pública y
objetiva, y plasma la idea del Gobierno del Partido Popular de cómo ve la
sanidad y la salud laboral, como un espacio de negocio por desestimar y no como
una responsabilidad de gestión hacia los trabajadores y el SNS.
Desde
la Federación de Servicios Públicos de UGT. Madrid denunciamos los argumentos
que anteponen los intereses económicos a los de los trabajadores,
comprometiendo su protección social, privatizando la salud laboral y la
recuperación de la salud, beneficiando a los grupos empresariales en detrimento
del trabajador.
