Hay que garantizar una política salarial y de rentas que frene la precariedad y la desigualdad

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC ha profundizado su senda descendente  hasta situarse en el -0,8%, una cifra que pone de manifiesto la clara debilidad de una recuperación económica que no llega a los ciudadanos y trabajadores de nuestro país. 

 

UGT demanda un giro de 180 grados en la política económica y social, en el marco de una estrategia integral hacia un nuevo modelo productivo que no deje a nadie en la cuneta. El sindicato considera que urge una modificación general de la política de rentas para revitalizar la demanda interna y la inversión. 

 

Es necesario mejorar el SMI aproximándolo al 60% del salario medio, tal y como se recoge en la Carta Social Europea –un salario mínimo que debería alcanzar los 800 euros en 2017- así como incrementar el poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas y garantizar el cumplimiento del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en el sector privado.

 

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC ha profundizado su senda descendente. La tasa mensual se situó en el -0,4%, un punto y medio por encima de la registrada en enero (-1,9%), mientras que la tasa anual ha descendido cinco décimas, hasta el -0,8%.

 

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta una décima y se sitúa en el 1,0%, más de un punto por encima del IPC general, como consecuencia de la incidencia negativa de los precios del petróleo en la tasa general, que no se incluyen en la tasa subyacente, y que este mes de febrero han bajado mientras que en febrero de 2015 subieron.

 

Por su parte, en el mes de febrero la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) cayó seis décimas y se sitúa en el –1,0%. De este modo, el IPCA de España se sitúa ocho décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, que cae hasta el -0,2%, según el dato provisional. España lleva 29 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona.

Valoración

La evolución de los precios en nuestro país con un indicador claro de la debilidad de la recuperación económica, resultado de la persistente devaluación de las rentas de las familias. Esta devaluación no consigue recuperar la fortaleza del consumo y la demanda interna. Porque el crecimiento del PIB no se traslada a los ciudadanos y trabajadores de nuestro país. 

 

Además, nuestro modelo de crecimiento es tan dependiente de actividades y factores estacionales y tradicionales, que nuestra economía es muy vulnerable ante shocks externos y vaivenes del ciclo económico internacional. 

 

La crisis sigue enquistada en nuestro país, debido a un modelo económico y productivo incompatible con el progreso social y la igualdad, e incluso con la propia estabilidad macroeconómica. Esta realidad se manifiesta sin titubeos en la evolución del empleo en España: la tasa de temporalidad se mantiene en el 25,7% y el empleo a tiempo parcial involuntario se sitúa cerca del 62%. 

 

Además, avanza la precariedad en el desempleo: en el cuarto trimestre de 2015 el 59,5% de las personas desempleadas llevaba más de un año buscando empleo y un 43,6% llevan buscando empleo más de dos años. Y mientras, la tasa de cobertura está en caída libre.

 

En este escenario el consumo se resiente, y este hecho se refleja en la evolución de los precios, resultado de la persistente devaluación de las rentas de las familias. La pérdida de poder adquisitivo de las familias se refleja sin fisuras en la imposibilidad de la economía española de salir adelante con perspectivas reales de recuperación, y en consonancia los precios continúan con una atonía que resulta más preocupante si cabe dadas las perspectivas europeas. 

 

Tanto es así, que ante el fantasma de una  nueva recesión y un crecimiento más que debilitado en la Eurozona (0,3%) que han hecho caer los precios hasta el -0,2% en febrero, frente al 0,3% del mes de enero, ayer mismo el Banco Central Europeo anunció una nueva rebaja de los tipos de interés, hasta el 0,0%, y una nueva inyección de liquidez. Los efectos esperados de estas medidas son varios. Por una parte, se trata de estimular la economía real, y en última instancia alejar el riego de deflación en la Eurozona. 

 

Además, puesto que el precios del dinero que los bancos se prestan entre si cae, los bancos tiene más estímulos para aumentar el crédito disponible y obtener así una mayor rentabilidad. Pero también se espera que, dada la rebaja que suponen estos menores tipos de interés en el Euribor, índice de referencia para el cálculo de las hipotecas, las familias tengan más renta disponible para destinar al consumo. Por último, esta rebaja de los tipos de interés presiona al euro a la baja, abaratando la producción y por tanto se espera que contribuyan también a aumentar las exportaciones de la Eurozona. Ahora bien, el efecto contrario también es esperable, puesto que las importaciones se encarecerán dada la debilidad del euro. Está por ver si todos estos agentes se comportan como prevé el BCE o no.

 

El crecimiento al que asistimos en España y en Europa es increíblemente inestable y delicado, y las políticas impuestas en nuestro país en los últimos años se han caracterizado por un debilitamiento de la estructura económica y una creciente desigualdad social. Además hoy existe la amenaza de una tercera recesión, pero en un escenario con menos industria, menos empleo y de peor calidad, y sin hay margen para aumentar la deuda pública. Porque la reforma laboral, junto a los recortes en el gasto público y medidas  fiscales y laborales erróneas han empobrecido año tras año a los trabajadores y al conjunto de la población.

 

Hoy, en la senda de una recuperación de la economía impulsada casi en exclusiva por factores externos (como la caída libre del precio de los carburantes, hasta el -8,0% en la Eurozona en febrero), será necesario reorientar las políticas económicas -europeas y nacionales- con medidas fiscales expansivas que impulsen la demanda agregada, y se centren en la creación de empleo de calidad y la redistribución de la renta. Y esto pasa por una apuesta decidida en Europa por el crecimiento.

 

Europa tiene la obligación de permitir el crecimiento de sus miembros y no ahogarlos con unos objetivos de déficit público imposibles de garantizar sin una estructura económica fuerte. Para ello es preciso que Europa asuma que nuestro país también debe participar también de una política social expansiva, porque se trata de reconstruir el modelo social europeo: con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva. Porque nuestra economía funciona mejor cuando funciona para todos y no sólo para unos pocos.

 

Para nuestro país, UGT demanda un giro de 180 grados en la política económica y social, en el marco de una estrategia integral hacia un nuevo modelo económico y social para nuestro país, que no deje a nadie en la cuneta. España necesita crear buenos empleos y buscar fórmulas para mejorar la innovación de las empresas y aumentar su productividad, junto con el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental. 

 

Urge una modificación general de la política de rentas, para poder revitalizar la demanda interna, incrementando el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas, y garantizando ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores en el sector privado, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017.

 

La clave para el crecimiento es una política salarial y de rentas que frene la precariedad y la desigualdad, situaciones del todo incompatibles con un escenario de recuperación económica. España necesita políticas destinadas a estimular el consumo y la inversión a través de la mejora del poder de compra del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cumpliendo la Carta Social Europea – hasta alcanzar los 800 euros en 2017 - y de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos. 

 

Por ello, UGT demanda un cambio radical en las políticas económicas, una apuesta firme por el crecimiento acompañado de empleo de calidad y rentas para las familias españolas. Son necesarios buenos empleos, mejoras en la innovación empresarial y aumentos de productividad, junto con el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental. 

Audio valoración Toni Ferrer

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El crecimiento actual consolida la desigualdad, la exclusión y la pobreza en nuestro país

Los datos de IPC correspondientes al mes de enero muestran una senda descendente de los precios que refleja claramente una salida de la crisis todavía muy alejada. La población de nuestro país continúa perdiendo poder adquisitivo, lo que imposibilita a la economía salir adelante con perspectivas reales de recuperación.

Para UGT, resulta fundamental un incremento de las rentas que empuje la demanda interna y el consumo, y para ello es imprescindible crear empleo de calidad, estable y digno. El crecimiento que se pregona desde los ámbitos políticos y empresariales es inestable e incierto, y no solo ha sido cuestionado a nivel internacional, sino que en nuestro país ya existe una evolución a la baja de la Bolsa y un incremento de la prima de riesgo. 

Este crecimiento consolida cada vez más la desigualdad, la exclusión y la pobreza, y existe la amenaza cierta de una tercera recesión, por lo que UGT demanda un cambio radical y urgente en las políticas económicas, que consolide un modelo productivo basado en mayor innovación y en empleo estable y de calidad, con el fin de lograr un crecimiento equilibrado, sostenible, integrador y duradero.  

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC continúa con su senda descendente, y cae un punto y seis décimas por debajo del mes anterior, hasta el -1,9%, confirmando lo que ya se había publicado en el avance, y situando la variación en los últimos doce meses en un -0,3%, tres décimas menos que la registrada en diciembre.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, continúa en el 0,9%, igual que en diciembre, y más de un punto por encima del IPC general.

Por su parte, en este mes de enero la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) disminuye tres décimas respecto a diciembre y se sitúa en el –0,4%. La variación mensual es del -2,5%.

De este modo, el IPCA de España se sitúa ocho décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, que sube al 0,4%, según el dato adelantado, lo que supone dos décimas por encima del mes anterior. España lleva 29 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona y este mes incluso ampliamos este diferencial negativo.

Conclusiones

Los precios continúan con una atonía que resulta más preocupante si cabe dadas las perspectivas económicas internacionales. Una tasa de -1,9% refleja que la salida de la crisis todavía está muy alejada. La pérdida de poder adquisitivo de las familias se ve claramente reflejada en la imposibilidad de la economía española de salir adelante con perspectivas reales de recuperación.

España necesita una política de rentas que permita un empuje a la demanda interna y al consumo y para ello es fundamental el incremento de rentas contemplado en el III AENC, que permitiría una ligera recuperación de parte del poder adquisitivo perdido durante los peores años de la crisis. Pero esto debe venir acompañado de una recuperación del poder adquisitivo de las rentas dependientes de las políticas públicas: el salario de los empleados públicos, el SMI y las prestaciones sociales.

El aumento de la renta de las familias debe además conjugarse con el aumento de las personas con acceso a renta, es decir, fundamentalmente, de las personas con empleo; con empleo cierto, estable, de calidad, con un salario y unas condiciones de trabajo dignas, en definitiva, con todo aquello que ha venido siendo atacado mediante la reforma laboral de 2012, y sus secuelas, y que lejos de permitir un despegue del empleo, ha generado un crecimiento con nula proyección en empleos de calidad y un incremento vertiginoso y preocupante de la dualidad y de la pobreza laboral, mediante empleos parciales con salarios miserables.

Indudablemente, estamos creciendo en términos de PIB, pero el mantenimiento de una senda de crecimiento, cuestionado en el nivel internacional, se ve igualmente puesto en duda en términos nacionales. A la desaceleración de la economía china, la incertidumbre de Grecia y la crisis de los países emergentes, acentuada por la bajada de precios de las materias primas, se une ahora una evolución a la baja de la bolsa española y un incremento de la prima de riesgo, provocados por la situación económica internacional, pero también en buena medida por las amenazas europeas de ajuste inmediato tras la investidura de un nuevo gobierno, e incluso de sanciones por la tardanza en el ajuste derivada de la inexistencia de gobierno.

Algo tendrán que ver el Eurogrupo y la Comisión, que permitieron la aprobación de unos Presupuestos puestos en duda por ellos mismos, lógicamente, dada su falta de rigor. Pero no los echaron para atrás, en una intromisión insólita de las instituciones europeas en la campaña electoral española. Ahora Europa tiene prisa en que se ajuste el Presupuesto, e incluso se permite amenazar con sanciones si no se ajusta de inmediato. Pero no hay que olvidar su responsabilidad en ello, algo que en ningún caso se le hubiera permitido al gobierno griego ni, probablemente, a un gobierno español de otro color.

Europa tiene la obligación de permitir el crecimiento de sus miembros y no puede continuar ahogando las economías en aras de un dígito de déficit público imposible de garantizar sin una estructura económica fuerte, que sea capaz de aguantar los vaivenes derivados de variaciones coyunturales de precios de las materias primas o de alteraciones en la senda de crecimiento de países ajenos al área. El BCE está intentando que los precios manifiesten una menor atonía y lo está haciendo con política expansiva, como no podía ser de otra manera.

El crecimiento al que asistimos en nuestro país es increíblemente inestable y delicado, y las políticas practicadas en España en los últimos años se han caracterizado por un debilitamiento de la estructura económica, una creciente desigualdad social y un agravamiento de los índices de pobreza y exclusión social.

Más pobres, más trabajadores pobres, más exclusión, mayor desigualdad, más dualidad en el mercado laboral, mayor temporalidad, una precariedad que alcanza a todo el espectro laboral y una pérdida de protección que se refleja en todas las estadísticas sociales.

Los cuatro años de gobierno del Partido Popular han provocado una situación increíblemente más delicada de los trabajadores, de las personas, mientras no se han reflejado en absoluto en una mejora de la economía, más allá de la evolución correspondiente al ciclo.

Sorprendentemente, siguen teniendo fama de buenos gestores, cuando la situación económica, en un momento de crecimiento, es más delicada incluso que a finales de 2011, en que estábamos en una segunda recesión: existe la amenaza de una tercera recesión, pero tenemos menos industria, menos empleo y de peor calidad, y no hay margen para aumentar la deuda pública, mientras se ponen en cuestión los logros en materia de déficit. En esta ocasión no hay que esperar a que la Comisión rectifique los datos españoles; directamente el Presidente en funciones ha reconocido que el déficit de 2015 superó en tres décimas el objetivo.

La crisis sigue enquistada en nuestro país, mientras el gobierno en funciones sigue tan complaciente con un modelo incompatible con el progreso social y la igualdad, e incluso con una estabilidad del crecimiento económico. Se crea empleo temporal, parcial y precario, que convive con una extensión insostenible del paro de muy larga duración y del número de hogares con todos sus miembros en paro.

Y en este escenario el consumo se resiente, y este hecho se refleja en la evolución de los precios, por lo que urge en España recuperar las rentas salariales y de este modo revitalizar la demanda interna. Porque para mantener esta nueva fase de expansión, los salarios deben ganar poder de compra.

Pero lo que urge es un cambio radical en las políticas económicas. Y es preciso que Europa asuma que nuestro país también debe participar de una política más expansiva. Salimos de la recesión, pero si continuamos con una política restrictiva como la exigida, y dada la actual situación delicada de nuestra economía, nos encontraremos en un país en quiebra a poco que nos afecte la amenaza recesiva internacional.

Porque ya no hay margen de ajuste. Y una buena demostración es la atonía de los precios.

Es necesario reaccionar cuanto antes y por ello, desde UGT exigimos un nuevo rumbo para la política económica y social, una estrategia integral hacia un nuevo modelo económico y social para nuestro país. España necesita crear buenos empleos y buscar fórmulas para mejorar la innovación de las empresas y aumentar su productividad, junto con el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tiene un papel fundamental.

Se trata de garantizar el mantenimiento de una senda de crecimiento y reconstruir el modelo social europeo, con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva. El próximo gobierno deberá lograr un crecimiento equilibrado, sostenible e integrador, generar más y mejor empleo, de calidad y con derechos, y elevar el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía, corrigiendo la desigualdad y la pobreza que la crisis y las políticas aplicadas han generado.

 

 

Valoración de Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT.

 

El IPC constata las debilidades de nuestra economía

UGT considera que los datos del IPC reflejan las debilidades de la recuperación económica, consecuencia de una política fundamentada en la devaluación de las rentas de las familias y que no prioriza el empleo (el paro es nuestro mayor problema y el ritmo de creación de empleo y la calidad del mismo deja mucho que desear). Una política equivocada que vuelve a impregnar los Presupuestos Generales del Estado para 2016, irreales, decepcionantes e insolidarios. UGT considera urgente modificar la orientación de la política de rentas, incrementando el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas y actualizando convenientemente el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) y el Salario Mínimo Interprofesional y que los Presupuestos apuesten por el crecimiento y el empleo de calidad. Solo con una política salarial y de rentas adecuada será posible hacer frente a la pobreza y la desigualdad.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución anual del IPC se sitúa por segundo mes en positivo, al alcanzar la misma tasa que el mes anterior, 0,1%.  Por su parte, la tasa mensual de la variación de los precios se sitúa en -0,9%, al igual que en el mes de julio de 2014, y doce décimas inferior al 0,3% que registró el mes de junio pasado.

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 0,8%, dos décimas por encima del mes anterior.

En el mes de julio la tasa de variación anual del IPCA se sitúa en el 0,0%, igualando la registrada el mes anterior. De este modo, el IPCA de España se sitúa siete décimas manteniendo un diferencial de dos décimas con la tasa media de la eurozona, cuyo dato avance es el 0,2%, también igual que el mes anterior.

Valoración

Por segundo mes consecutivo, el IPC ha dejado de caer en términos anuales, y ha registrado un aumento de una décima. De nuevo la bajada de precios de los carburantes ha tenido protagonismo en este comportamiento. Y la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se sitúa en el 0,8%. Se puede afirmar que en este momento España no tiene un problema de precios al alza. En todo caso al revés. Como Europa, que a pesar de las políticas del BCE, no consigue que despeguen ni la economía ni los precios de la eurozona a un ritmo suficiente.

Pero tenemos un serio problema de creación de empleo, con más de cinco millones de desempleados, el ritmo de creación de empleo y la calidad de los nuevos empleos dejan mucho que desear. Nuestro país necesita políticas de impulso al crecimiento y crear puestos de trabajo de calidad, con salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas. Estos precios son reflejo de una economía que no consigue arrancar la demanda como consecuencia de una política fundamentada en la devaluación de las rentas de las familias. Y reflejan las debilidades de la recuperación económica.

Por eso, los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que el Gobierno ha planteado a pesar de que sabe que será otro Gobierno quien los deba gestionar, resultan decepcionantes en cuanto a la consideración de las rentas de los trabajadores y de las familias: se plantea un 1% de incremento salarial para el colectivo de empleados públicos, que no sirve en absoluto para recuperar poder adquisitivo; es más, que continuará con la pérdida, puesto que el cuadro macroeconómico contempla un deflactor del PIB del 1,1% para 2016.

Junto a ello, la tasa de reposición continuará en el 50%, es decir, no solo no colabora al incremento del empleo, sino que incide en su destrucción. Solo alcanzará el 100% en servicios esenciales.

Además, las rentas de los pensionistas, que están actuando durante toda la crisis como colchón familiar en muchas ocasiones, tendrán una nueva reducción de poder adquisitivo, que se une a la de 2015, puesto que el Gobierno espera terminar el año con precios en el 0,5%, y al incremento de 0,25% del año pasado, le va a seguir de nuevo el mínimo incremento contemplado, otra vez 0,25%.

En el colmo de la insolidaridad, las prestaciones sociales a las familias van a mantenerse en el mismo nivel, ya que de nuevo el IPREM quedará congelado (incumpliendo además la legislación que obliga a consultar a los interlocutores antes de fijarlo). Y mientras tanto los Presupuestos contemplan una nueva reducción de 5.480 millones de euros en prestaciones por desempleo, que ya querríamos que fuera consecuencia de un menor desempleo, pero que hasta ahora, se debe fundamentalmente a la menor tasa de cobertura y a los menores niveles de prestación media.

Es decir, todas las rentas de trabajadores y familias que dependen de los Presupuestos van a sufrir una rebaja de poder adquisitivo, con unos Presupuestos que, sin embargo, se presentan como un éxito económico en un acto electoralista que dibuja un escenario macroeconómico increíble por irreal, con una rebaja de déficit desde el 4,2% en 2015 hasta el 2,8% en 2016.

Pero para que el objetivo de déficit de 2016 sea alcanzable, se tiene que producir el objetivo de déficit de 2015, y a la luz de la evolución de la ejecución de ingresos de 2015, esa realidad no está garantizada: en 2015 se presupuestó un incremento de ingresos por impuestos directos y cotizaciones sociales de 3,9%. En el ámbito del Estado, el avance de liquidación de los ingresos por impuestos directos se sitúa un 5% por debajo de lo presupuestado. Resulta un poco difícil creer en un incremento para 2016 de un 6,8% en los impuestos directos, que además si se calculan sobre el presupuesto del 2015 suponen un 1,5%. Y peor anda la previsión de ingresos por cotizaciones sociales, teniendo en cuenta los niveles de ejecución de 2015.

La errática política impositiva del Gobierno, que desequilibra cada vez más el sistema tributario, no va a colaborar a conseguirlo.

Por eso, para UGT es urgente modificar ya la orientación de la política de rentas, incrementando el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas y actualizando convenientemente el IPREM. No se pueden presentar unos Presupuestos que limitan el gasto, conjugados con unas previsiones de ingresos que se sabe que no van a cumplirse. Y en el sector privado, garantizar ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores y modificar las políticas que han hecho que el empleo creado sea cada vez más precario y que esté generando cada vez más pobreza laboral.

Es preciso incrementar las rentas directas de los trabajadores y de las familias y recuperar un sistema fiscal justo, progresivo y suficiente. Basar el incremento de poder adquisitivo en la rebaja del impuesto sobre la renta es una tomadura de pelo: quienes no llegan a determinado nivel de renta, que son quienes más lo necesitan y quienes más servicios han perdido, no lo van a notar. Eso solo le vale a los más ricos, que no son quienes empujan el consumo.

En definitiva, los Presupuestos tienen que apostar por el crecimiento y para ello hay que favorecer el consumo y eso requiere empleo y rentas para las personas. Es necesario mejorar el poder adquisitivo de quienes lo han perdido durante la crisis y no continuar con políticas de devaluación de las rentas de las familias que solo colaborarán a acentuar la ya creciente desigualdad y pobreza, en cuyo crecimiento durante la crisis sí hemos destacado. Es de justicia social apostar por una política salarial y de rentas que frene la pobreza y la desigualdad.

 

• Audio valoración Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT

Solo saldremos de la crisis con un crecimiento real de los salarios y empleo estable y con derechos

Los datos de IPC publicados hoy muestran un aumento de los precios de tres décimas respecto al mes de marzo, lo que sitúa la tasa interanual en el -0,6%. Los precios encadenan diez meses en negativo, lo que refleja la debilidad de la recuperación de la economía, que sigue sin llegar a las familias y trabajadores de nuestro país. Para UGT, la salida de la crisis pasa por una reactivación del consumo de las familias, que solo será posible si, además del crecimiento real de los salarios, se produce un verdadero aumento del empleo de calidad y con derechos. Éste es el sentido del principio de acuerdo alcanzado ayer por las organizaciones sindicales y empresariales para el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que busca impulsar el empleo estable y recoge una subida salarial tanto para 2015 como para 2016, con el fin de que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido durante estos años, se impulse el consumo y la inversión y se consiga llegar al crecimiento justo, equilibrado y sostenible que necesitamos para salir de esta crisis. 

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución anual del IPC encadena su noveno mes en negativo, a pesar de que aumenta ligeramente respecto al mes anterior, y se sitúa en el -0,6%. Por su parte, la tasa mensual de la variación de los precios se sitúa en 0,9%, esto es, tres décimas por encima de la tasa mensual del mes de marzo.

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 0,3%,  una décima más que el mes anterior, es decir, nueve décimas por encima del IPC general.

En el mes de marzo la tasa de variación anual del IPCA sigue en negativo por noveno mes consecutivo y se sitúa en el –0,7%, una décima por encima de la registrada el mes anterior. De este modo, el IPCA de España se sitúa siete décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, cuyo dato avance es el 0,0%, también una décima por encima que el mes anterior.

Conclusiones

Según los datos del IPC conocidos hoy, los precios en España encadenan diez meses en negativo, consecuencia clara de la debilidad de la recuperación de la economía española. Esta débil recuperación no llega  a las familias y los trabajadores de nuestro país, por lo que el consumo interno no se recupera porque se conjugan una tasa de paro insostenible con empleo de muy baja calidad, con una pérdida de poder adquisitivo acumulada de salarios y pensiones que no se compensa con esta debilidad de los precios, es decir, porque la renta de las familias y los trabajadores de nuestro país no han salido de la crisis. 

La salida de la crisis pasa por una reactivación del consumo de las familias, que solo será posible si además de un crecimiento real de los salarios de los trabajadores se produce un verdadero aumento del empleo, pero del empleo de calidad, vinculado a ese nuevo modelo productivo. Desde UGT reiteramos que no se trata de acabar con el desempleo vía precarización del empleo, sino a través del empleo sostenible y de calidad, vinculado a la mejora de los salarios y a la ultraactividad de los convenios. Pero hoy por hoy todas las estadísticas reflejan que el empleo que se está creando en España es más precario, de peor calidad, con más temporalidad, mayor parcialidad involuntaria y salarios más bajos. 

Por ello, la mejora salarial debe estar en el centro del contenido de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Y en este sentido en el día de ayer, las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, y empresariales, CEOE y CEPYME, alcanzamos un principio de acuerdo para la firma de un nuevo Acuerdo por el Empleo y Negociación Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017. El acuerdo se inscribe en la senda de mejora de la economía española y persigue dar respuesta desde la negociación colectiva al importante volumen de desempleados.

El acuerdo busca impulsar el empleo y establece criterios en materia de empleo y contratación -con especial referencia a la contratación de jóvenes-, formación y cualificación profesional, procesos de reestructuración, derechos de información y consulta, igualdad de trato y oportunidades, seguridad y salud en el trabajo, estructura salarial y determinación de incrementos salariales, previsión social complementaria, instrumentos de flexibilidad y condiciones de trabajo, clasificación profesional y movilidad funcional, ordenación del tiempo de trabajo, inaplicación de determinadas condiciones de trabajo en los convenios, teletrabajo, incapacidad temporal, absentismo, estructura de la negociación colectiva, ultraactividad y proceso negociador, comisiones paritarias y sistemas autónomos de solución de conflictos.

En materia salarial el preacuerdo alcanzado recoge una subida salarial de hasta el 1% para 2015, hasta el 1,5% para 2016, teniendo en cuenta que el sumatorio de los salarios de ambos años será mayor a la suma de las inflaciones de los mismos, en función proporcional de los salarios inicialmente pactados. El aumento salarial para 2017 se concretará cuando se conozca tanto el PIB de 2016 como el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017. Estos incrementos se encuentran orientados al mantenimiento y/o creación de empleo.

Este acuerdo es positivo para los intereses generales del país, para las empresas y para los trabajadores, porque recogería los intereses de todos, y desde el punto de vista del interés general, la mejora de los salarios permitiría la mejora del consumo y de la inversión, y con ello la estabilidad de precios en nuestro país. 

En este sentido conviene recordar la necesidad de mejora de los salarios de los empleados públicos, así como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A este respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha admitido la queja que presentamos alegando el incumplimiento por parte del Gobierno de España del Convenio núm. 131 sobre la fijación de salarios mínimos, habida cuenta que no cubre las necesidades de los trabajadores y sus familias dada la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y porque no existe un procedimiento exhaustivo y eficaz de consulta con los interlocutores sociales al respecto.

Para UGT es de justicia social que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido durante estos años y deben participar de la nueva etapa de crecimiento con más empleo, de más calidad y con mejores sueldos. Ahora toca crecer más y de forma equilibrada, crear más y mejor empleo y potenciar un cambio de nuestro modelo de crecimiento de futuro. Y para ello, los salarios deben crecer en términos reales. En definitiva, se trata de apostar por una política salarial que frene la devaluación, que solo nos conduce a la desigualdad y la injusticia.

 

 

 

Vídeo Valoración de Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT.