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martes, 1 de diciembre de 2015

Aumentar la bonificación de los contratos indefinidos es ineficaz e inasumible por la Seguridad Social

La propuesta de Mariano Rajoy de subvencionar las cotizaciones de los primeros 500 euros de salario de cada nuevo contrato indefinido es volver a incidir en una política que ya se ha aplicado en la legislatura con nefastos resultados (9 de cada 10 contratos que se hacen son temporales).
Esta propuesta es ineficaz, costosa y supondría una pérdida de recursos inasumible para nuestro Sistema de Seguridad Social y un nuevo trasvase de rentas hacia los empresarios, aumentando la regresiva distribución que ya se ha producido en los últimos 4 años.
Frente a esto, UGT propone eliminar la práctica totalidad de las bonificaciones y subvenciones a la contratación (concentrándolas coyunturalmente en colectivos con especiales dificultades de inserción) y potenciar las políticas activas de empleo (que el Gobierno del Partido Popular ha reducido en 2.500 millones de euros, un 35%, entre 2011 y 2015).
En este sentido, es preciso destinar cada año la mitad de la recaudación obtenida de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida a la mejora de estas políticas activas de empleo para aproximarnos a los estándares europeos deseables.
Son varias las razones por las que UGT rechaza la propuesta del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de subvencionar las cotizaciones de los primeros 500 euros de salario de cada nuevo contrato indefinido. Esta propuesta:
  • Supone insistir en la misma línea de actuación costosa e ineficaz que se ha aplicado en la legislatura, con nefastos resultados.
  • Esta medida ya existe, para contratos indefinidos concertados entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016, tanto para nuevos contratos como para transformaciones de temporales, y la bonificación ahora dura 2 años (extensible para empresas de menos de 10 trabajadores durante un año más). Por tanto, lo que parece que ahora propone el Partido Popular es ampliar su período de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 y extender la duración de la bonificación hasta cuatro años.
  • Existe un amplísimo consenso entre los expertos y académicos sobre la ineficacia de las bonificaciones a la contratación, porque poseen un elevado “peso muerto”, que significa que esas contrataciones se habrían hecho de igual manera sin bonificaciones.
  • Dicho más claramente, la medida supone “tirar el dinero”, y éste es mucho: para 2016 está presupuestado un coste para las arcas del Estado del pago de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social de 2.245 millones de euros, de los cuales 1.650 millones se dedicarán a financiar las medidas de fomento de la contratación laboral. Por tanto, se trata de un coste muy elevado, con un rédito muy escaso: no hay que olvidar que, pese a todo este despilfarro, nueve de cada diez contratos que se hacen en nuestro país es de carácter temporal.
  • Además, supone reducir los ingresos de la Seguridad Social, que tiene un déficit superior a los 10.000 millones de euros. Hay que recordar que entre 2011 y 2014 los ingresos por cotizaciones cayeron en 6.000 millones de euros. Es una pérdida de recursos inasumible.
  • Es muy preocupante que el partido del Gobierno, que sin duda conoce todo esto, no encuentre para su programa electoral otras medidas más efectivas y menos costosas para relanzar el empleo y aumentar su calidad. Salvo que lo que pretenda sea encontrar una nueva coartada para reducir las pensiones y descapitalizar aún más el Fondo de Reserva, del que ya se ha comido 25.000 millones, el 40%.
  • Lo que sí suponen medidas como ésta es un nuevo trasvase de rentas hacia los empresarios, aumentando la regresiva distribución de renta que ya se ha producido en esta legislatura que ahora termina.
  • En suma, una propuesta vieja, costosa e ineficaz; más de lo mismo, que ha sido un desastre.
  • Frente a ello, UGT propone eliminar la práctica totalidad de las bonificaciones y subvenciones a la contratación, concentrándolas coyunturalmente en colectivos muy puntuales con especiales dificultades de inserción, y acometer un plan de potenciación de las políticas activas de empleo, que el Gobierno del Partido Popular ha reducido en un 35% de 2011 a 2015 (2.500 millones de euros). Ello pasa por invertir y modernizar los Servicios Públicos de Empleo, para mejorar la eficiencia de los servicios prestados y aumentar su eficacia en la gestión de la colocación. Es imprescindible más formación y más y mejor orientación laboral.
  • UGT propone destinar cada año la mitad de la recaudación obtenida de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida a la mejora de las políticas activas de empleo. Con ello, se conseguiría más que duplicar los recursos destinados a políticas activas y aproximarnos a los estándares europeos deseables.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Solo saldremos de la crisis con un crecimiento real de los salarios y empleo estable y con derechos

Los datos de IPC publicados hoy muestran un aumento de los precios de tres décimas respecto al mes de marzo, lo que sitúa la tasa interanual en el -0,6%. Los precios encadenan diez meses en negativo, lo que refleja la debilidad de la recuperación de la economía, que sigue sin llegar a las familias y trabajadores de nuestro país. Para UGT, la salida de la crisis pasa por una reactivación del consumo de las familias, que solo será posible si, además del crecimiento real de los salarios, se produce un verdadero aumento del empleo de calidad y con derechos. Éste es el sentido del principio de acuerdo alcanzado ayer por las organizaciones sindicales y empresariales para el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que busca impulsar el empleo estable y recoge una subida salarial tanto para 2015 como para 2016, con el fin de que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido durante estos años, se impulse el consumo y la inversión y se consiga llegar al crecimiento justo, equilibrado y sostenible que necesitamos para salir de esta crisis. 
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución anual del IPC encadena su noveno mes en negativo, a pesar de que aumenta ligeramente respecto al mes anterior, y se sitúa en el -0,6%. Por su parte, la tasa mensual de la variación de los precios se sitúa en 0,9%, esto es, tres décimas por encima de la tasa mensual del mes de marzo.
Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 0,3%,  una décima más que el mes anterior, es decir, nueve décimas por encima del IPC general.
En el mes de marzo la tasa de variación anual del IPCA sigue en negativo por noveno mes consecutivo y se sitúa en el –0,7%, una décima por encima de la registrada el mes anterior. De este modo, el IPCA de España se sitúa siete décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, cuyo dato avance es el 0,0%, también una décima por encima que el mes anterior.
Conclusiones
Según los datos del IPC conocidos hoy, los precios en España encadenan diez meses en negativo, consecuencia clara de la debilidad de la recuperación de la economía española. Esta débil recuperación no llega  a las familias y los trabajadores de nuestro país, por lo que el consumo interno no se recupera porque se conjugan una tasa de paro insostenible con empleo de muy baja calidad, con una pérdida de poder adquisitivo acumulada de salarios y pensiones que no se compensa con esta debilidad de los precios, es decir, porque la renta de las familias y los trabajadores de nuestro país no han salido de la crisis. 
La salida de la crisis pasa por una reactivación del consumo de las familias, que solo será posible si además de un crecimiento real de los salarios de los trabajadores se produce un verdadero aumento del empleo, pero del empleo de calidad, vinculado a ese nuevo modelo productivo. Desde UGT reiteramos que no se trata de acabar con el desempleo vía precarización del empleo, sino a través del empleo sostenible y de calidad, vinculado a la mejora de los salarios y a la ultraactividad de los convenios. Pero hoy por hoy todas las estadísticas reflejan que el empleo que se está creando en España es más precario, de peor calidad, con más temporalidad, mayor parcialidad involuntaria y salarios más bajos. 
Por ello, la mejora salarial debe estar en el centro del contenido de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Y en este sentido en el día de ayer, las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, y empresariales, CEOE y CEPYME, alcanzamos un principio de acuerdo para la firma de un nuevo Acuerdo por el Empleo y Negociación Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017. El acuerdo se inscribe en la senda de mejora de la economía española y persigue dar respuesta desde la negociación colectiva al importante volumen de desempleados.
El acuerdo busca impulsar el empleo y establece criterios en materia de empleo y contratación -con especial referencia a la contratación de jóvenes-, formación y cualificación profesional, procesos de reestructuración, derechos de información y consulta, igualdad de trato y oportunidades, seguridad y salud en el trabajo, estructura salarial y determinación de incrementos salariales, previsión social complementaria, instrumentos de flexibilidad y condiciones de trabajo, clasificación profesional y movilidad funcional, ordenación del tiempo de trabajo, inaplicación de determinadas condiciones de trabajo en los convenios, teletrabajo, incapacidad temporal, absentismo, estructura de la negociación colectiva, ultraactividad y proceso negociador, comisiones paritarias y sistemas autónomos de solución de conflictos.
En materia salarial el preacuerdo alcanzado recoge una subida salarial de hasta el 1% para 2015, hasta el 1,5% para 2016, teniendo en cuenta que el sumatorio de los salarios de ambos años será mayor a la suma de las inflaciones de los mismos, en función proporcional de los salarios inicialmente pactados. El aumento salarial para 2017 se concretará cuando se conozca tanto el PIB de 2016 como el cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017. Estos incrementos se encuentran orientados al mantenimiento y/o creación de empleo.
Este acuerdo es positivo para los intereses generales del país, para las empresas y para los trabajadores, porque recogería los intereses de todos, y desde el punto de vista del interés general, la mejora de los salarios permitiría la mejora del consumo y de la inversión, y con ello la estabilidad de precios en nuestro país. 
En este sentido conviene recordar la necesidad de mejora de los salarios de los empleados públicos, así como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A este respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha admitido la queja que presentamos alegando el incumplimiento por parte del Gobierno de España del Convenio núm. 131 sobre la fijación de salarios mínimos, habida cuenta que no cubre las necesidades de los trabajadores y sus familias dada la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y porque no existe un procedimiento exhaustivo y eficaz de consulta con los interlocutores sociales al respecto.
Para UGT es de justicia social que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido durante estos años y deben participar de la nueva etapa de crecimiento con más empleo, de más calidad y con mejores sueldos. Ahora toca crecer más y de forma equilibrada, crear más y mejor empleo y potenciar un cambio de nuestro modelo de crecimiento de futuro. Y para ello, los salarios deben crecer en términos reales. En definitiva, se trata de apostar por una política salarial que frene la devaluación, que solo nos conduce a la desigualdad y la injusticia.
 
 
 
 

Preacuerdo del ANC 2015-2017: los salarios ganarán poder adquisitivo frente al IPC

Las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, y empresariales, CEOE y CEPYME, hemos alcanzado ayer un principio de acuerdo para la firma de un nuevo Acuerdo por el Empleo y Negociación Colectiva para los años 2015, 2016 y 2017. 
El acuerdo se inscribe en la senda de mejora de la economía española y persigue dar respuesta desde la negociación colectiva al importante volumen de desempleados.
El acuerdo busca impulsar el empleo y establece criterios en materia de empleo y contratación -con especial referencia a la contratación de jóvenes-, formación y cualificación profesional, procesos de reestructuración, derechos de información y consulta, igualdad de trato y oportunidades, seguridad y salud en el trabajo, estructura salarial y determinación de incrementos salariales, previsión social complementaria, instrumentos de flexibilidad y condiciones de trabajo, clasificación profesional y movilidad funcional, ordenación del tiempo de trabajo, inaplicación de determinadas condiciones de trabajo en los convenios, teletrabajo, incapacidad temporal, absentismo, estructura de la negociación colectiva, ultractividad y proceso negociador, comisiones paritarias y sistemas autónomos de solución de conflictos.
En materia salarial el preacuerdo alcanzado recoge una subida salarial de hasta el 1% para 2015, hasta el 1,5% para 2016, teniendo en cuenta que el sumatorio de los salarios de ambos años será mayor a la suma de las inflaciones de los mismos, en función proporcional de los salarios inicialmente pactados. 
El aumento salarial para 2017 se concretará cuando se conozca tanto el PIB de 2016 como el Cuadro macroeconómico del Gobierno para 2017. Estos incrementos se encuentran orientados al mantenimiento y/o creación de empleo. 
En las próximas fechas el preacuerdo será sometido a la ratificación por los diferentes órganos decisorios de cada organización firmante, que en caso de hacerse efectiva, habilitaría la firma definitiva del Acuerdo.

miércoles, 6 de mayo de 2015

El número de beneficiarios del programa extraordinario de activación para el empleo es claramente insuficiente

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha considerado “claramente insuficiente” el dato de 46.279 personas que se han beneficiado de la ayuda de 426 euros del programa extraordinario de activación para el empleo.
 
“Las propias estimaciones del Ministerio de Empleo hablaban de unos 400.000 beneficiarios en total de este programa, que terminará en abril de 2016. Lo lógico, con esa estimación, es que estuviésemos ahora cerca de las 100.000 personas, ya que los meses iniciales son más prolíficos”. 
 
Pero no ha sido así, y esta insuficiencia del programa “se añade a la fuerte caída del gasto en prestaciones por desempleo, que se ha reducido un 18% desde marzo de 2014, a que hay más de dos millones de ciudadanos sin ningún tipo de ingreso y a que la tasa de cobertura ha bajado 6 puntos en un año”.
 
Por todo ello, la Unión General de Trabajadores “ha impulsado la Iniciativa Legislativa Popular para una prestación de ingresos mínimos. Estas medidas se demuestran claramente insuficientes. 
 
Las políticas restrictivas que se tomaron desde el Gobierno en julio de 2012 de reducir el acceso a las personas desempleadas endureciendo las pruebas de rentas, entre otras medidas, son las que hacen que personas en situación de necesidad no tengan acceso a estas prestaciones”. 
 
De esta forma, resulta imprescindible “revisar el actual sistema de protección por desempleo y generar una prestación de ingresos mínimos para todas las personas en situaciones de necesidad por la falta de empleo”. 
 

miércoles, 29 de abril de 2015

La destrucción de empleo durante la crisis no tiene nada que ver con la evolución de los salarios

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha manifestado hoy, en la entrega de los Premios Primero de Mayo de UGT- Extremadura​, que la tesis que mantiene el informe del Banco de España afirmando que la destrucción de empleo en España entre 2008 y 2012 tiene una relación directa con un crecimiento desmesurado de los salarios en este país durante esos años, “es una intentona de condicionar la negociación con la patronal usando argumentos falsos y fuera de lugar”.
“Es verdad que ha habido convenios firmados con carácter plurianual que se firmaron en época de bonanza y preveían unos crecimientos económicos importantes, pero pretender explicar la brutal destrucción de empleo en nuestro país porque en algunos convenios haya habido crecimiento en los salarios lo que pretende es seguir incidiendo en la idea de que los salarios deben de seguir unas líneas de reducción general” ha añadido.
Méndez ha subrayado que “nuestra pretensión en las negociaciones con la patronal es buscar un acuerdo que defina compromisos concretos para el empleo de calidad, para la mejora del poder adquisitivo de los salarios y para evitar la pérdida de vigencia de los convenios colectivos, uno de los problemas que ha acarreado la reforma laboral”. 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, Cándido Méndez ha destacado que, “en 2013, uno de los años más tremendos en relación con la destrucción de empleo, se ha roto una tendencia que se remonta a 2002 de una reducción del índice de incidencia de los accidentes laborales”.
“La recesión económica más los recortes en los presupuestos públicos, más los recortes de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, más el incremento del paro y el incremento de la inseguridad laboral ha provocado un empeoramiento tanto de la salud laboral como de la salud pública en nuestro país, algo que hay que remediar de forma drástica” ha explicado.
En este sentido ha resaltado la presentación, en el día de ayer, de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, “un compromiso político, de los empresarios y de los sindicatos, que necesita del concurso y la implicación de las Comunidades Autónomas y que tiene como objetivo fundamental reducir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales”. 
 

martes, 28 de abril de 2015

UGT presenta sus observaciones al Plan Anual de Política de Empleo

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha remitido esta mañana a la Secretaria de Estado de Empleo un documento con las observaciones de ambos sindicatos al Plan Anual de Política de Empleo 2015.​ UGT  critica las carencias de dicho Plan, ya que parte de una foto distorsionada del mercado laboral español, en un diagnóstico que ensalza la reforma laboral del Gobierno y esconde los verdaderos problemas del empleo.
UGT  reitera que el PAPE 2015 sigue la misma línea de años anteriores, sin ningún tipo de crítica sobre la realidad del mercado de trabajo, exaltando los mejores datos cuantitativos, sin reflejar la situación cualitativa del mercado de trabajo, donde prima la precariedad laboral, la dificultad para encontrar un empleo, la falta de financiación de políticas activas y, por tanto, la falta de oportunidades para aquellas personas desempleadas.
En este sentido, UGT consideran que se debe partir de un análisis real del mercado laboral español, donde se reflejen: la elevada tasa de paro, especialmente en mayores de 45 años y jóvenes; el efecto desánimo; la calidad del empleo creado, basado en la temporalidad y en el auge del tiempo parcial involuntario, a veces ligado a un aumento de las horas extraordinarias, muchas de ellas no remuneradas; la extensión del paro de larga duración, que junto a la reducción de la tasa de cobertura, supone un peligro para la extensión de las desigualdades y de la pobreza en el país.
Asimismo, el sindicato advierte que siguen sin contemplarse los problemas específicos en términos de empleo de los diferentes colectivos en el mercado de trabajo: mujeres, jóvenes, parados de larga duración, de más edad, etc. Y que ni se menciona a las personas con discapacidad y las extranjeras.
En cuanto a la nueva cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo --en cuya elaboración y contenido no ha participado el sindicato-, UGT critica que se trata de un mero índice de servicios, y que no se dice nada de cómo y quién los llevará a cabo. Asimismo, sigue sin aclararse el papel que puedan tener las nuevas agencias de colocación privadas en la prestación de los servicios de la Cartera. UGT insiste en que es imprescindible la participación de los agentes sociales, tanto en el diseño como en la Comisión de seguimiento de la cartera de servicios.
Respecto a la financiación, UGT  subraya que refleja importantes discrepancias con los Presupuestos Generales del Estados (PGE) en medidas de políticas activas y con las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal.