Las
medidas que el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha en los
próximos meses, algunas aprobadas hoy en Consejo de Ministros,
encaminadas a reducir los costes de intermediación financiera y a apoyar
la liquidez a las empresas, y para los que pretende movilizar recursos
por valor de 45.000 millones de euros, abundan en la línea errática de
la política económica que desarrolla el Gobierno.
Pese a que
el sistema bancario ha recibido ayudas millonarias, bien en forma de
recapitalización directa -para lo que ha habido que pedir la ayuda de la
Unión Europea, con las duras condiciones que de ello se deriva-, bien en
forma de ayudas indirectas, por medio de avales o líneas de liquidez, la
economía real, es decir las familias y las empresas, no se han visto
compensadas. Más bien al contrario, el crédito se ha secado y las
condiciones de financiación de aquellos pocos a los que se conceden son
injustificadamente mucho más duras.
Quizá en
otro contexto, las medidas que se propone desarrollar ahora serían
positivas y ayudarían a mejorar la liquidez del sistema, pero en la
actual coyuntura, suponen un parche mal colocado en una herida que
sangra a borbotones.
La principal
medida es la ampliación de las líneas de mediación del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) en 22.000 millones de euros. Estas líneas,
dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y PYMES, se basan en
un acuerdo de colaboración entre el ICO y las entidades financieras,
para que estas últimas las comercialicen a través de sus redes
comerciales. Pese a que en un primer momento puede parece un mecanismo
correcto para hacer que llegue el crédito, todo el argumento se desmonta
si tenemos en cuenta que son las entidades financieras las que asumen el
riesgo total de la operación- además de tener que efectuar su
correspondiente análisis de riesgo y de establecer las garantías
oportunas.
Parece
evidente, por lo tanto, que pese a que la entidad es, en un primer
momento, un mero intermediario y que no tiene que disponer de sus
propios recursos, siendo un buen negocio en una época expansiva de la
economía, en la actual coyuntura, con las tasas de morosidad en las que
nos movemos, las entidades financieras no van a estar dispuestas a
asumir el riego de estas operaciones, por lo que parece evidente que si
antes no concedían la oportuna financiación, esta situación no va a
modificarse.
En los
mismos términos nos movemos si tenemos en cuenta la pretendida
movilización de 10.000 millones por parte de las entidades bancarias
saneadas. Es ilusorio que se pretendan que, ante el aumento de los
requerimientos de capital por parte de Bruselas y del peligro que supone
el aumento su la morosidad, con las repercusiones que ello tiene en los
balances y la cuenta de resultados de la entidad, se pretenda que, sin
ninguna compensación ni condición, la entidades saneadas reabran el
grifo de la financiación.
Situación
que no se daría, en ningún caso, si nuestro país contara con una banca
pública potente, que actuara como verdadero impulsor del crédito y
sirviera para implementar una política económica basada en el
crecimiento y el empleo.
En cuanto a
las otras medidas anunciadas, de cuantías de menor volumen, parecen, en
cualquier caso, insuficientes y con un grado, a priori, de efectividad
muy bajos. Algunas de ellas son simplemente prórrogas de otras
anteriores, pero de menor cuantía, y otras son difíciles de llevar a la
práctica cuando hablamos de financiación de PYMES, como es el caso de la
emisión de renta fija por parte de estas o de la creación de un “Mercado
Alternativo Bursátil”, que deja muchos interrogantes sin resolver.
Sería bueno
recordar en este punto al Gobierno que la base de la financiación, del
sistema financiero en general, reside en la confianza y en las
expectativas. En la confianza en que los proyectos de inversión van a
funcionar y de que las partes van a cumplir con sus respectivas
obligaciones; así como en que las expectativas de que el negocio va a
gozar de una adecuada rentabilidad, que le haga viable a largo plazo.
Las medidas
anunciadas no van encaminadas a mejorar ninguno de estos dos factores. Y
no solo eso, la política económica y social que lleva implementando el
Gobierno desde que accedió al poder van en la dirección contraria. El
recorte de derechos laborales y sociales, el reparto totalmente
desequilibrado de los costes de la crisis, las ayudas millonarias y
beneficios fiscales a unos y, por el contrario, el total abandono de la
gran mayoría de la población, no hace más que aumentar el grado de
incertidumbre y el incremento de la desconfianza en la economía y en la
sociedad. Suponen, por lo tanto, un obstáculo insalvable para que ni la
economía real ni la economía financiera mejoren ni a corto, ni largo
plazo.
