UGT denuncia que la
supresión del programa de empleo PREPARA, que finaliza este miércoles, 15 de
agosto, dejaría sin cobertura a cerca de 200.000 desempleados, y en el futuro
afectaría a cerca de 600.000 desempleados al año, que no podrán acogerse a este
programa cuando agoten el subsidio por desempleo. UGT
considera que los argumentos dados por el Gobierno no se sostienen, ya que no
hay inserción laboral porque no hay empleo, y han solicitado esta prórroga ya
en varias ocasiones en la Comisión Ejecutiva Central del Consejo General del
Servicio Público de Empleo Estatal con el fin de que no se sigan desmantelando
los derechos de los trabajadores y no se debilite aún más el Estado de
bienestar.
UGT manifiesta su total rechazo a la
supresión del programa de empleo PREPARA que, unida a los recortes que se han
producido en las prestaciones por desempleo, supondría el aumento del número de
desempleados que se quedan absolutamente desprotegidos y sin ningún tipo de
cobertura económica.
La
supresión, de llevarse a cabo, no haría sino confirmar los argumentos de UGT, ya
que el Gobierno insiste en la aplicación de recortes a la población
desempleada, que es la más desprotegida y la que con más virulencia está
sufriendo los efectos de la crisis económica.
El
representante sindical de UGT, en la Comisión Ejecutiva Central del Consejo
General del Servicio Público de Empleo Estatal, han solicitado en varias
ocasiones la necesidad de prorrogar este programa, avisando de las
consecuencias de su no renovación, sobre el colectivo de personas en situación
de desempleo.
UGT
considera que los argumentos que esgrime el Gobierno para suprimir este
programa, como el de su baja tasa de intermediación, no se sostiene ya que la
condición necesaria para encontrar un empleo es que exista, y esto no se
producirá hasta que empiece a haber actividad económica y por lo tanto creación
de empleo, y que ésta no se producirá por la vía del recorte sino por el de la
inversión.
Por
otra parte, la no renovación de los 1.500 promotores de empleo, cuya función
principal era la intermediación y por tanto la captación de ofertas de empleo,
ha contribuido a que estos niveles de inserción sigan cayendo.
Hay
que resaltar que el compromiso de actividad que firman los desempleados, obliga
al Servicio Público de Empleo a facilitar a los mismos las acciones pactadas en
dicho compromiso. Esta obligación, sin embargo, ha sido claramente incumplida
por parte de los Servicios Públicos por dos factores fundamentales: los
recortes en las políticas activas de empleo en un momento en el que
continuamente aumenta el número de desempleados y, por otra parte, la
insuficiencia de las plantillas de los Servicios Públicos, para atender el
número de desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo, y que como se ha
dicho anteriormente se ha agravado con la no renovación de los 1.500 promotores
de empleo.
En
este sentido, para UGT se está asistiendo a un desmantelamiento
continúo de los Servicios Públicos, cuyas consecuencias son inmediatas: pérdida
de derechos y debilitamiento del Estado de bienestar.
