La
crisis económica financiera en la que estamos inmersos ha devenido en crisis
social si entendemos por esta aquella situación que se caracteriza por el
empobrecimiento y la desprotección de la mayoría de la población y que tiene
como consecuencia la fractura de la cohesión social y la exclusión.
En
efecto, las políticas promovidas desde las instituciones europeas y seguidas,
unas veces de forma resignada y otras con verdadera devoción, por los últimos
gobiernos nos están llevando al desastre social. El determinismo con el que se
ha planteado la política de austeridad, sin dar una oportunidad a las políticas
de crecimiento, nos está hundiendo más en la crisis hasta el punto de que
Alemania está viendo cómo su actividad económica se ralentiza y países como Francia
e Italia, además de España, entran nuevamente en recesión. Grecia, Irlanda y
Portugal no están hoy mejor que hace dos años, a pesar del inmenso sufrimiento
al que se ha sometido a sus ciudadanos.
El
deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las
redes de protección; el empobrecimiento de la mayoría de la población; la nula
equidad de las medidas que se vienen adoptando; el ver cómo los ricos y
poderosos salen de rositas así como la forma en que las medidas se deciden
están alimentando un profundo sentimiento de injusticia e indignación entre la
ciudadanía que se traduce en animadversión hacia quienes desde la atalaya del
poder deciden aplicarlas. Sentimientos que se extienden al conjunto de las
instituciones con un serio riesgo de desafección democrática creciente, como de
alguna manera ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS.
Las
medidas aplicadas para enfrentar la crisis económica están generando una crisis
social y la forma en que se están haciendo las cosas desde las instancias de
poder está llevando a una crisis política de la que ahora solo conocemos su
proyección estadística pero que puede tener expresiones más dramáticas e
indeseables, como la Historia se ha encargado de enseñarnos.
Parte
de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas
se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes
políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan
al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en cómo las instituciones y
formaciones políticas se relacionan con los ciudadanos.
La
prepotencia, la falta de diálogo o la manera de transmitir la información son
cuestiones que no pasan desapercibidas a la ciudadanía, que tiene la madurez
suficiente para reaccionar cuando considera que desde el poder se la desprecia
o pretende tratar como estúpida, que es lo que ha sucedido recientemente con la
manera en que el Gobierno presentó el “rescate” bancario. O cómo cuando se
entera por la prensa internacional de la preparación de un nuevo “rescate” que,
como el anterior, tampoco estará condicionado pero que terminará pagando y
padeciendo el conjunto de la población.
El
PP ganó legítimamente las elecciones generales con un programa en el que no
constaba ninguna de las principales medidas que se están aplicando. Tampoco
aparecieron en el debate de investidura e, incluso después, cuando se les ha
preguntado por qué aplican las medidas que sufrimos en la actualidad las han
negado sistemáticamente.
El
Gobierno no puede escudarse en el argumento de que los ciudadanos les votaron
para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección.
Porque los ciudadanos queremos que se supere la crisis, sí, pero también
queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué nos supondrá en nuestras
condiciones y expectativas de vida y si los esfuerzos a realizar se practicarán
de forma equilibrada.
El
20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido,
sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en
educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción
de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los
recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por
desempleo....
Así
las cosas, se entenderá que amplios sectores de la sociedad consideremos que
estamos ante un flagrante incumplimiento del “contrato” electoral establecido
entre el PP y la sociedad española, que solo puede resolverse democráticamente
si el programa de gobierno que desconocíamos y que ahora padecemos se somete a
consideración de la misma.
No
estamos planteando nada estrafalario, pese a algunas opiniones, simplemente
estamos recurriendo a la Constitución española que en su artículo 92.1
establece literalmente: “Las decisiones políticas de especial trascendencia
podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.
Tenemos
precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar
con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de
España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de
especial trascendencia que además no había figurado en su programa electoral.
Volvemos
a estar ante “decisiones políticas de especial trascendencia” pues pueden
cambiar drásticamente el cuadro de derechos en España. Si a esto le añadimos
que estas medidas las sufrimos todos pero nadie ha podido opinar sobre ellas,
se entenderá que pidamos que el Gobierno convoque un referéndum para que la
ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a
seguir para superar la crisis.
Cándido
Méndez, Secretario General de la UGT
