UGT considera que el anteproyecto de ley de agilización del alquiler no va a
incentivar el alquiler, supone un recorte de garantías y derechos de los
inquilinos y beneficia a las entidades financieras frente al resto de los
ciudadanos. El sindicato afirma que uno de los colectivos más perjudicados va a
ser de nuevo el de los jóvenes (conforman el 75% de la demanda de alquiler) y
recuerda que el Gobierno recortó la Renta Básica de Emancipación. El sindicato
denuncia que de nuevo el Gobierno aprueba una medida sin diálogo social y sin
consulta previa con los interlocutores sociales.
La medida aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24
de agosto no va incentivar la demanda de vivienda en alquiler, al contrario, el
número de arrendatarios seguirá siendo similar o quizás menor debido al recorte
de garantías y derechos que tienen los inquilinos. Además hay que recordar que
el Gobierno ha imposibilitado que haya nuevos perceptores de la Renta Básica de
Emancipación. Los jóvenes conforman el 75% de la demanda en alquiler en España.
La oferta de vivienda en alquiler tampoco se verá
incrementada, porque esta medida legislativa, aunque desequilibra la relación
contractual entre inquilinos y arrendadores a favor de estos últimos, va más
dirigida hacia la potenciación de las Sociedades de Alquiler, es decir, hacia la
profesionalización de un mercado hasta ahora más de particulares. Finalmente,
por tanto a quien se favorece nuevamente son a las entidades financieras frente
al resto de ciudadanos, lo que convierte un bien de primera necesidad como es la
vivienda en un bien de inversión, olvidándose del carácter social de la
misma.
La demora en la tramitación de los desahucios no se debe a
que los plazos que establezca la ley sean demasiado largos, al contrario, se
debe a la falta de recursos de los juzgados. Algo que está directamente
relacionado con la política de recortes de los recursos de las administraciones
públicas (sanidad, educación, justicia, etc.)
UGT, por tanto, considera que esta medida del Gobierno
recorta derechos y garantías jurídicas para compensar la falta de recursos de la
Administración de Justicia, con el agravante de que la medida no cumplirá con el
objetivo de la ley, agilizar los plazos del desahucio que seguirán dependiendo
de los recursos del juzgado que tenga que tramitar el mismo.
Asimismo, critica lo que ya es tónica general de este
Gobierno: aprobar una media sin diálogo social, sin negociación y sin consulta
previa a los interlocutores sociales.
