UGT envía por carta a la ministra de
Empleo y Seguridad Social sus observaciones sobre la reforma de las pensiones
del Ejecutivo
UGT ha enviado una carta a la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, donde expone su rechazo al RD-Ley de
reforma de las pensiones aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros
por ser una de las reformas más duras, más regresivas y más perjudiciales de la
historia para los intereses de los trabajadores. Así lo manifiesta un informe de
objeciones elaborado por el sindicato, que señala que el Gobierno ha vulnerado
el diálogo social y político, al imponer esta norma de forma unilateral, y ha
incumplido, además, la recomendación del Pacto de Toledo en cuanto al sistema
de jubilación flexible, ya que los cambios introducidos en este Real Decreto
Ley están orientados, indiscutiblemente, tanto a reducir de manera
significativa la pensión por anticipar la edad de jubilación como a limitar el
acceso a la jubilación anticipada.
UGT rechaza el Real Decreto Ley 5/2013,
de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores
de mayor edad y promover el envejecimiento activo, aprobado el pasado viernes
en Consejo de Ministros, por considerarlo una de las reformas de la pensión de
jubilación más duras, más regresivas y más perjudiciales de la historia para
los intereses de los trabajadores.
Así
lo refleja el informe de objeciones elaborado por el sindicato sobre este
RD-Ley, que señala que el Gobierno ha introducido diferentes reformas que
afectan de forma directa a la configuración de nuestro sistema de pensiones y
de protección social, que perjudica a nuestro sistema de Seguridad Social y que
ocasiona un gravísimo daño al diálogo político y social, dado que ha sido
impuesto de forma unilateral por el Gobierno, sin la aprobación ni tan siquiera
de la Comisión del Pacto de Toledo, lo que vuelve a demostrar la desconfianza
del Ejecutivo en el consenso político y social.
De
hecho, por primera vez desde la aprobación del Pacto de Toledo en el año 1995,
un Gobierno niega a las organizaciones sindicales la posibilidad de participar
y consensuar una reforma del Sistema de Pensiones de tal relevancia como la
llevada a cabo por el referido Real Decreto Ley.
En
sus diferentes capítulos, esta ley modifica las reglas referentes a las
modalidades de jubilación anticipada y parcial, la regulación del Estatuto de
los Trabajadores en relación al contrato a tiempo parcial y el contrato de
relevo para adecuarlo a los cambios introducidos en el régimen de la jubilación
parcial y las exigencias reguladas en relación a las aportaciones económicas
por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con
beneficios.
Asimismo,
mediante una serie de disposiciones adicionales y finales se establecen una
serie de modificaciones en materias tan variadas como las referentes a la
prestación o subsidio por desempleo, a la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos, a las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas
financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o, entre
otras, la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación.
El
sindicato recuerda que el primer informe del Pacto de Toledo afirmaba en su
Recomendación 10ª que “la edad de jubilación debe ser flexible”, lo que
significaba introducir un sistema de jubilación que se adecuara a la vida
activa del trabajador y le permitiera cierta independencia en su elección.
Pero
los cambios llevados a cabo por esta ley sobre la regulación ordenada en la Ley
27/2011, indiscutiblemente están orientados tanto a reducir de manera
significativa la pensión que pudiera resultar por anticipar la edad de
jubilación, como a limitar el acceso a la jubilación anticipada.
Por
ello, UGT
considera excesivas todas estas alteraciones, que convierten la elección de
estas modalidades en una opción del trabajador puramente teórica, reemplazando
la flexibilidad que hasta ahora ostentaba nuestro sistema de jubilación por la
rigidez más incomprensible.
La
reforma sobre la pensión de jubilación que se deriva de este Real Decreto, no
sólo hace desaparecer la posibilidad de jubilación anticipada para la mayor
parte de los trabajadores, sino que además tiene la capacidad de aumentar el
riesgo de exclusión social de aquellos trabajadores mayores que se vean
obligados, por circunstancias ajenas a su voluntad, a acceder de forma
anticipada a la jubilación con una reducción importante de la cuantía de su
pensión.
Con
esta ley, el Gobierno se ha olvidado de estos trabajadores e, incluso,
desatiende la advertencia que la propia Comisión Europea realiza en su Libro
Blanco sobre las pensiones, que advierte sobre el riesgo de pobreza en la vejez
si se recortan las pensiones a los trabajadores de más edad que no pueden
permanecer en el mercado de trabajo. Documento al que, paradójicamente, se
remite el Ejecutivo en varias ocasiones en el preámbulo de este Real Decreto.
