Durante la primera jornada de huelga en Iberia, con un seguimiento cercano al 100% de trabajadores y trabajadoras –y con el cumplimiento de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento–, la información relevante, una vez más y en línea con lo que viene siendo habitual en cualquier movilización, manifestación, o concentración de trabajadores y ciudadanos, ha sido la violenta actuación policial avalada por la Delegación del Gobierno de Madrid y por el Ministerio del Interior.
La marcha inicial de 4.000 trabajadores desde las instalaciones de Iberia en “La Muñoza” –ubicada en la zona industrial anexa al aeropuerto– ha transcurrido sin incidentes y de forma pacífica hasta llegar a la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde se ha mantenido la calma a pesar de que los funcionarios de las UIP (Unidades de Intervención Policial) allí desplazados no han escatimado gestos y actitudes de provocación para añadir tensión a una situación ya de por sí incómoda para todos: clientes, personal del aeropuerto y, sobre todo, trabajadores y trabajadoras de Iberia que ven amenazados sus puestos de trabajo.
Entorno a las 13:00 horas, finalizada la concentración, los empleados de Iberia han sido acorralados entre la zona exterior de “Salidas” de la T-4 y los accesos a las instalaciones de la terminal, con múltiples cordones policiales que impedían la libre movilidad de los trabajadores e, incluso, la voluntaria dispersión de los allí presentes (como suele ocurrir en cualquier acto multitudinario de protesta, al finalizar ésta).
Pero la necia acción de los mandos policiales –siguiendo, probablemente, consigas de la Delegación del Gobierno de Madrid– ha generado disturbios y cargas policiales que se han saldado con múltiples trabajadores contusionados y cinco de ellos detenidos, convirtiendo una jornada de protesta pacífica y sin altercados en un escenario de violentas cargas policiales en espacios públicos cerrados –como ya ocurrió, recientemente, en la estación de Atocha de Madrid– que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos a manos de aquellos que deberían garantizarla: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Resulta muy preocupante que desde que el PP alcanzó el Gobierno, todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y las instituciones que deben garantizarla –Ministerio del Interior, delegaciones del gobierno y Dirección General de la Policía, entre otras– está siendo subvertido de manera consciente con el ánimo de criminalizar a todos aquellos ciudadanos que ocupen el espacio público –aquel que todos compartimos en libertad– con ánimo de protestar, denunciar o manifestarse de forma pacífica.
Este tipo de estrategias de criminalización de la ciudadanía que decide salir a la calle a manifestarse pacíficamente ya las conocimos en el tardofranquismo, bajo lemas fascistoides del tipo “la calle es mía”, que parece que están imponiéndose nuevamente como método para anular cualquier tipo de protesta ciudadana.
