UGT considera que no es de recibo hablar
de nuevas reformas, en aras a la sostenibilidad del sistema, antes de que se
aplique y se observen los efectos de la actual reforma de pensiones. Una
reforma precisamente pensada para garantizar esta sostenibilidad y que
profundiza en la contributividad mediante cambios en la fórmula de acceso y
cálculo de las prestaciones. Se establece que la edad ordinaria de jubilación
se produzca entre los 65 y los 67 años, dependiendo de los años cotizados o de
la carrera de cotización (con 38 años y 6 meses cotizados te puedes jubilar a
los 65 años y con 37 años, la jubilación será a los 67 años). Hay que destacar
que España cuenta con una de las edades reales de jubilación más altas de la
Unión Europea (63,87 años).
Esta
reforma además:
Reconoce
periodos cotizados a colectivos hasta ahora penalizados en el mercado de
trabajo (mujeres y jóvenes entre ellos).
Prevé
cambios en las aportaciones para reforzar la capacidad de ingreso del sistema
de pensiones y elimina distorsiones que afectaban a su equidad.
Y
actúa sobre las distintas formas de acceso a la jubilación anticipada
(voluntaria, involuntaria y parcial) combinando la exigencia de requisitos de
acceso más severos y rigurosos, que desincentivarán su utilización, con el
reconocimiento de nuevos derechos inexistentes hasta ese momento.
La jubilación anticipada
o el derecho a la jubilación parcial,
tal y como están conformadas en la reforma que entra en vigor el 1 de enero de
2013, no atentan contra la viabilidad, ni la equidad del sistema. UGT no entiende la
premura del Gobierno y su
decisión de suspender su vigencia durante tres meses, con la posible
intención de endurecer aún más su acceso. El sindicato alerta de que esta
medida puede ocasionar desprotección e inseguridad jurídica en determinadas
situaciones.
La jubilación anticipada
permite dar una solución a colectivos muy desfavorecidos, como los trabajadores
que se jubilan a los 61 años porque han perdido su empleo y que por su edad es
casi imposible que consigan otro. Por otro lado, no hay que olvidar que la
jubilación parcial es una figura generadora de empleo y que España tiene una
tasa de paro juvenil que supera el 50%.
Asimismo,
hay que tener en cuenta los exigentes coeficientes reductores para quienes
quieren jubilarse anticipadamente, que se sitúan entre el 6,5% y 7,5% por año
adelantado y que se aplican a toda la duración completa de la prestación. Otro
elemento que vela por la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
A
diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, en España
el denominado factor de sostenibilidad ya viene funcionando con éxito desde
1995, gracias al consenso con los interlocutores sociales (a través del Diálogo
Social) y los partidos políticos. Cualquier reforma del sistema de pensiones
debe ser consensuada, como la que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2013,
fruto del acuerdo alcanzado en 2011 por el anterior Gobierno socialista y los
interlocutores sociales, por la mayoría de la Comisión del Pacto de Toledo y
que fue aprobado después en las Cortes Generales.
Las
pensiones públicas es el único Pacto de Estado que se mantiene vivo en España y
que ahora está siendo cuestionado. Cambios unilaterales y precipitados pondrán
en riesgo un sistema de reparto que siempre se ha regido por principios como la
equidad, la solidaridad, la cohesión y la justicia social, sin descuidar la
sostenibilidad.
La decisión sobre empleo
doméstico puede quebrar los buenos resultados
Por
otra parte, UGT
no entiende el empeño del Gobierno de modificar lo que funciona, como ocurre
con el régimen de empleados y empleadas domésticos hoy en vigor y que ha
obtenido unos resultados excelentes, con una afiliación que no ha dejado de
crecer por tratarse de un sector que se ha mostrado como refugio en tiempos de
crisis, principalmente para mujeres españolas y extranjeras.
La
modificación va a provocar una sobre cotización a la Seguridad Social ya que va
a cotizar por encima de cualquier sector de actividad y de forma
desproporcionada con respecto al salario que se percibe, y un aumento de la
economía sumergida.
La
decisión del gobierno, por tanto, puede quebrar los buenos resultados obtenidos
con el cambio de regulación el 1 de enero de este año, con un periodo
transitorio hasta junio, que ha supuesto el incremento de los derechos de miles
de trabajadoras puesto que se trata de un sector altamente feminizado,
garantizando la protección social, por primera vez, de aquellas personas que
con la regulación anterior y por el número de horas trabajadas ni siquiera
tenían obligación de ser afiliadas al sistema y de cotizar. Hemos pasado de una
situación de precariedad en el trabajo y en la protección social futura, a una
mínima garantía de derechos que hemos de seguir mejorando.
