LEYES
JUSTAS PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR EN 12 PAÍSES”
Hoy
se celebra una movilización mundial promovida por la Confederación Sindical
Internacional (CSI) en el marco de la campaña “12 para 12: 2012, leyes justas
para las trabajadoras y trabajadores del hogar en 12 países”, cuyo objetivo es
conseguir que, al menos, 12 países ratifiquen el Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadores y los
trabajadores domésticos. UGT se suma a la movilización, reiterando la
necesidad de que el Gobierno español ratifique el Convenio y se una a los
países que ya lo han hecho. Una ratificación que no supondría ningún problema,
puesto que desde el 1 de enero de 2012, con la entrada en vigor de la nueva
regulación en materia laboral y de Seguridad Social, la legislación española es
acorde con los contenidos del Convenio.
Pero
UGT
quiere, además, aprovechar la celebración de esta jornada mundial para destacar
algunos aspectos de este primer año de vigencia de la nueva regulación en
materia laboral y de seguridad social para las empleadas y empleados del hogar.
Un primer paso necesario para seguir mejorando sus condiciones de protección
social y laboral hasta equipararlas con las del resto de trabajadores.
Cualquier vuelta atrás será una involución intolerable.
En
Noviembre de 2012, se contabilizan 409.678 personas afiliadas al sistema
especial de hogar; teniendo en cuenta que en diciembre de 2011 había 296.293
afiliados al régimen especial de empleados de hogar, el incremento durante este
año ha sido superior al 27% (113.385 afiliados mas). Por tanto, el paso del
régimen especial al régimen general que tuvo lugar en el periodo transitorio
hasta el 30 de junio, ha sido satisfactorio. Una afiliación que, por otra
parte, y a diferencia de lo que ocurre en el régimen general, no ha dejado de
crecer en los últimos años, confirmándose que éste es un sector refugio en
tiempos de crisis, principalmente para mujeres españolas y extranjeras. Otra
razón para abordar aquellas cuestiones que faltan por resolver para que este
trabajo realmente sea igual que cualquier otro, con los mismos derechos y
obligaciones.
El
cambio en la regulación ha supuesto el incremento de los derechos de miles de
trabajadoras, puesto que se trata de un sector altamente feminizado,
garantizando la protección social, por primera vez, de aquellas personas que
con la regulación anterior y por el número de horas trabajadas ni siquiera
tenían obligación de ser afiliadas al sistema y de cotizar. De esta forma,
hemos pasado de una situación de precariedad en el trabajo y en la protección social
futura, a una mínima garantía de derechos que hemos de seguir mejorando.
Pero
UGT
quiere también recordar y exigir al Gobierno el cumplimiento de compromisos
contenidos en la regulación, además de mostrar la preocupación de nuestra
organización por la precipitada y sesgada valoración que el Gobierno ha hecho
del paso del régimen especial de la seguridad social al régimen general:
El
1 de febrero de 2012 debía haberse constituido por el Gobierno un grupo de
expertos tripartito compuesto por las Organizaciones Sindicales, Organizaciones
Empresariales y Ministerio de Empleo y Seguridad Social para elaborar un
informe antes de 31 de diciembre sobre la viabilidad de establecer un sistema
de protección por desempleo para esta actividad y de eliminar la figura de la
extinción del contrato por desistimiento del empleador. Este grupo, pese a las
reiteradas peticiones de las organizaciones sindicales, no se ha constituido.
Por ello, UGT
hace un llamamiento para que el Gobierno cumpla lo establecido en la normativa
para abordar las cuestiones pendientes de la protección por desempleo y
desaparición del desistimiento, materias que el sindicato considera necesarias
para seguir avanzando en la equiparación de derechos, especialmente por lo que
respecta a la protección por desempleo de las personas trabajadoras del hogar
familiar.
Antes
de 31 de diciembre el Gobierno debe realizar, previa consulta con las
organizaciones sindicales y empresariales, una evaluación del impacto en el
empleo, las condiciones de trabajo, la protección social y el impacto de género
que ha supuesto la nueva regulación. Una evaluación que sigue pendiente, puesto
que la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad Social ante la
Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de
ningún modo puede considerarse cumplimiento de esta obligación establecida por
el RD 1620/2011. La evaluación realizada por el Secretario de Estado el 1 de
octubre se centró en un balance de la integración del régimen especial de empleados
de hogar en el régimen general, balance precipitado, sesgado y alejado de la
realidad, a juicio de UGT, y cuyas conclusiones parecían tener como
único objetivo justificar una posible involución al sistema anterior. En este
sentido, queremos recordar que la integración del Régimen Especial en el
Régimen General se hizo en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de
Toledo aprobado por el Congreso de Diputados en el año 1995.
UGT ha
solicitado reiteradamente
al Gobierno, que se ha de revisar la normativa
de extranjería, construida sobre la base de la regulación anterior del servicio
del hogar familiar, para adecuar determinados procedimientos a la nueva
regulación (autorizaciones iniciales de trabajo y residencia, renovación de las
autorizaciones de trabajo, reagrupación familiar, arraigo social…). Nos
preocupa la situación, especialmente de las mujeres extranjeras no comunitarias
empleadas de hogar, que por los desajustes entre la regulación de extranjería y
la del empleo domestico pueden ver dificultada la renovación de sus
autorizaciones y, en el peor de los casos, perderlas quedando en situación
administrativa irregular. A esto hemos de añadir que el Real Decreto Ley
16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones, tiene una
incidencia especial en las personas que trabajan en el servicio del hogar
familiar que pueden perder su acceso a las prestación de asistencia sanitaria
por el hecho de quedarse sin empleo.
