Los
Secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz,
manifestaron ayer al Subsecretario de Justicia, Juan Bravo, durante una reunión
mantenida en el Ministerio de Justicia a iniciativa de los sindicatos, que
ambas iniciativas suponen un recorte en el acceso al servicio público de la
justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, al limitar gravemente y en
muchos casos dejar fuera de las posibilidades reales de acceso a la justicia a
amplios colectivos sociales.
En
la tarde de ayer una delegación de UGT y CCOO, encabezada por Toni Ferrer y Ramón
Górriz, se entrevistó en el Ministerio de Justicia con el Subsecretario Juan
Bravo Riera y otros miembros del Ministerio. En la reunión, que había sido
solicitada por UGT
Y CCOO el pasado 8 de noviembre, los sindicatos expusieron a los responsables
de Justicia su completo rechazo de la nueva Ley de Tasas Judiciales, así como
del contenido del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Justicia Gratuita
actualmente en proceso de consultas.
Para
UGT Y CCOO,
ambas iniciativas suponen un recorte en el acceso al servicio público de la
justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, pues limita gravemente y
en muchos casos deja fuera de las posibilidades reales de acceso a la justicia
a amplios colectivos sociales en controversias que son esenciales para su
estabilidad básica, pues están vinculadas a las rentas que garantizan su
subsistencia y la de sus familias. Además forman parte de la ofensiva que el
Gobierno del Partido Popular está dirigiendo contra los bienes y servicios
básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía,
ofensiva en la que está teniendo especial protagonismo el Ministerio de
Justicia mediante medidas restrictivas sobre el derecho a la tutela judicial
efectiva con la excusa de la reducción del déficit público, por lo que ha dado
lugar a la oposición de innumerables colectivos sociales y relacionados con la
propia administración de justicia.
En
la reunión se manifestó al Subsecretario de Justicia la especial oposición de UGT y
CCOO al establecimiento de tasas judiciales a los trabajadores y a los
sindicatos, cuando actúan en representación y defensa de los intereses de
aquéllos, a la implantación de cualquier tasa para recurrir en suplicación y
casación en el orden social, así como las que se imponen a los empleados
públicos y a los propios sindicatos cuando reclaman ante los tribunales de lo
contencioso-administrativo en defensa de los derechos de aquéllos. Manifestaron
también el frontal desacuerdo con el intento de suprimir el derecho a la
justicia gratuita de trabajadores, sindicatos y beneficiarios del sistema
público de Seguridad Social, cuando reclaman ante los juzgados y tribunales de
lo social, derecho que existe desde hace más de 100 años, que responde a la
necesidad de reequilibrar, aunque sea en parte, la posición de preeminencia del
empresario en la relación de trabajo, y que ni el franquismo se atrevió a
eliminar.
De
seguir adelante, se impondrán graves obstáculos para que los trabajadores
puedan recurrir en una instancia superior los pronunciamientos judiciales que
no les hubieran sido favorables en la primera instancia, como un paso más de la
estrategia gubernamental dirigida a incrementar el poder de dirección
empresarial que potencia la reforma laboral, buscando ahora limitar el derecho
de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y
la lesión de sus derechos, disuadiéndoles de ello, por el riesgo no sólo de
tener que pagar tasas sino también de abonar las minutas de los abogados del
empresario que les hubiera despedido o recortado sus derechos laborales.
Por
último, el Subsecretario de Justicia se comprometió a enviar a UGT y CCOO
en los días inmediatos, el texto actual del anteproyecto de reforma de la Ley
de Justicia Gratuita, y a volver a recibirles para escuchar sus posiciones y
propuestas sobre ese nuevo texto e intentar, en su caso, acercar posiciones en
esta materia.
