El que posiblemente sea
uno de los mayores logros de la democracia española, el derecho universal a la
salud, ha pasado a mejor vida tras la sentencia de muerte firmada ayer por el
Consejo de Ministros del Partido Popular. Los ciudadanos extranjeros que no
tengan regularizada su situación en nuestro país ya no recibirán asistencia
sanitaria pública. La ministra de sanidad, Ana Mato, famosa por sus
indescifrables comparecencias públicas, ha calificado la medida como "un
paso de gigante"
El Consejo de Ministros
de ayer se despachó a gusto contra la ciudadanía, si es que el Partido Popular
considerara ciudadanos a todas las personas. Al fuerte ajuste presupuestario,
que no mereció ni una mención del presidente Rajoy en la rueda de prensa, se
sumó la eliminación de la prestación sanitaria a las personas extranjeras que
se encuentren en situación irregular en nuestro país. El Gobierno dio luz verde
al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo
a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se
excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se
encuentren en España en situación ilegal.
El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad dio a conocer que el Gobierno había aprobado la
propuesta de la ministra Ana Mato, de esta exclusión de la cobertura sanitaria.
Usando el sistema que es ya la “marca de la casa” del gobierno del PP,
consistente en asegurar que una medida garantiza el derecho efectivo que con
ella termina, el Ministerio de Sanidad asegura garantizar "la
universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con
residencia legal" gracias a la aprobación de este Real Decreto. O lo que
es lo mismo, el final de la asistencia sanitaria universal que situabaa nuestro
país, hasta ahora, como una referencia en la consecución de derechos de
ciudadanía relacionados con la salud de las personas.
Mato afirmó que se ha
dado "un paso de gigante" para ofrecer cobertura a la población,
ignorando que ese era un paso que los españoles ya habían dado hace más de dos
décadas, y no precisamente gracias al apoyo de su partido, cuya alergia a los
servicios públicos que no generen beneficio empresarial es de sobra conocida.
Además, consideró que se garantiza de esta manera "un mayor control y
transparencia", ya que se clarifica la prestación de los servicios
sanitarios y sociosanitarios.
El Real Decreto, no
obstante sí contempla la asistencia sanitaria a menores de 18 años en
ciudadanos en situación irregular, por lo que nadie podrá decir que los niños
hijos de extranjeros sin papeles no reciben asistencia médica, aunque sus
padres hayan perdido el “derecho a enfermar”.
