UGT considera que el convenio anunciado
entre el Ministerio de Justicia con el Colegio de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para que esta
institución, a través de los más de 1.000 registradores existentes, preste su
apoyo a la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia, es un
paso más en la privatización de la actividad administrativa.
El
sindicato califica de sorprendente este acuerdo, que se inscribe en el Plan
Intensivo de Tramitación del Ministerio para atajar el atraso, de dos años y
medio, en la tramitación de estos expedientes, y considera que no es adecuado
que un procedimiento administrativo salga de la gestión pública. El Convenio,
que abordará igualmente la digitalización masiva de los expedientes,
descartando el papel para este tipo de solicitudes, parece responder a que la
burbuja inmobiliaria ha dejado sin volumen de negocio a los registradores.
UGT exige, en cualquier caso, que el
proceso administrativo de solicitud de nacionalidad esté abierto a todos los
ciudadanos que puedan participar en el mismo, en idénticas condiciones de
accesibilidad, y que los plazos de resolución de los expedientes sean los
mismos también para todos, es decir, que este anuncio no implique la apertura
de vías de acceso y resolución privilegiadas para quien pueda influir de una u
otra forma en los Registradores.
