El
Consejo de Ministros aprobará este viernes la prórroga del plan Prepara
dirigido a los desempleados sin ingresos con algunas modificaciones, que además
elevará hasta 450 euros mensuales, frente a los 399 euros actuales, la ayuda
para desempleados que hayan agotado sus prestaciones y que tengan a su cargo a
dos miembros de la unidad familiar, además de a su cónyuge o pareja de hecho.
Asimismo,
Ejecutivo dará 'luz verde' al Proyecto de Ley de Medidas para Flexibilizar el
Alquiler, presentado por el Ministerio de Fomento el pasado 11 de mayo y que
persigue "mejorar la seguridad jurídica" de arrendadores y arrendatarios,
según han confirmado a Europa Press fuentes de La Moncloa.
Con
esta normativa, que modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la de
Enjuiciamiento Civil se permitirá, entre otras cosas, agilizar los desahucios
en caso de impago sin más exigencias para el arrendador que un requerimiento
notarial o judicial previo y sin necesidad de sentencia. Acto seguido se podrá
ordenar la restitución del inmueble al propietario.
Además,
según informó la titular del ramo, Ana Pastor, el pasado 11 de mayo, la nueva
regulación también creará un procedimiento judicial acelerado para que, en un
plazo de diez días, se proceda al pago de la renta debida, y se simplificarán
los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios, lo que duplicará la
capacidad de los juzgados.
En
la misma línea, también se facilita al arrendador la recuperación de su
propiedad para usarla como vivienda habitual tras un año de contrato, con la
mera notificación dos meses antes al inquilino.
La
nueva normativa reducirá asimismo a la mitad las prórrogas de los contratos de
arrendamiento, que pasarán de cinco a tres en los casos forzosos y de tres a un
año en las prórrogas tácitas. De esta forma, sólo se amparará a los
arrendatarios cuatro años, en vez de ocho.
Por
otro lado hoy se conocerán los detalles del Plan Prepara, que aumenta a 450
euros la ayuda a parados con familiares a su cargo. Para el resto de
desempleados, la ayuda se mantiene en 400 euros al mes, durante un máximo de
seis meses, aunque el Gobierno podría dejar fuera de esta subvención a quienes
tienen un cierto colchón familiar.
Hace
unos días, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos
Floriano, denunciaba que esta ayuda estaba llegando a jóvenes que vivían en
casa de sus padres sin valorarse el nivel económico de la familia.
La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó el miércoles
que "está viendo" esta cuestión (este jueves se ha reunido la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos), porque la intención del Ejecutivo
es que los 400 ó 450 euros -según los casos- llegue realmente a quienes más lo
necesitan.
Sáenz
de Santamaría ha dicho además que se están analizando los supuestos en que la
ayuda de 400 euros mensuales a parados sin ingresos puede ser cubierta por otro
tipo de ayuda, evitando así que pueda haber solapamientos.
LA REFORMA FINANCIERA,
LA PRÓXIMA SEMANA.
El
Gobierno no aprobará hoy finalmente la nueva reforma financiera, la tercera
desde que el Partido Popular está en el poder, sino que esperará al Consejo de
Ministros del 31 de agosto, según señalaron fuentes gubernamentales a Europa
Press.
Con
este cambio, el Ejecutivo pretende adaptar el Memorando de Entendimiento
pactado con la UE y cerrar la reestructuración financiera, un proceso que
inició el Partido Socialista en su última etapa del Gobierno y que no acaba de
despejar las dudas de los mercados sobre el sistema financiero español.
En este caso, el cambio permitirá al Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidar entidades no viables, así
como requerir el cese y sustitución de gestores de bancos para evitar su
deterioro.
La
reforma incluye además una solución para los tenedores de participaciones
preferentes o subordinadas de las entidades que han recibido ayudas públicas o
han sido intervenidas, aunque los inversores tendrán que asumir una quita, ya
que el canje se hará teniendo en cuenta el valor de mercado de estos productos.
De
la misma forma, el cambio intentará evitar escándalos de este tipo en el futuro
fijando un valor mínimo de 100.000 euros para las emisiones de sociedades no
cotizadas de este tipo de productos, lo que deja fuera a casi todos los
inversores particulares.
Asimismo, establece que la oferta debe contar
con un tramo exclusivamente dirigido a clientes profesionales de al menos el
50% del total y eleva los requisitos de información por parte de las entidades
para que los inversores sepan lo que compran.
La
nueva reforma introduce también algunos cambios que afectan a reformas
anteriores, como la limitación del sueldo máximo de los banqueros de entidades
que hayan recibido ayudas a 500.000 euros.
Finalmente, la reforma tiene que permitir la
puesta en marcha del 'banco malo' para transferir los activos tóxicos
vinculados al 'ladrillo' de las entidades que han recibido ayudas.
